Este miércoles, después de casi dos años y medio, llega a su fin el debate por la segunda megacausa por los abusos cometidos en el instituto para niños sordos Antonio Próvolo de Luján de Cuyo.
A las 8.30, en la sala 15 del Polo Judicial y ante la presencia de las víctimas, el Tribunal Penal integrado por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido, arrancó con la última palabra de las imputadas, entre ellas dos monjas, la representante legal de la entidad, una ex directiva y una cocinera. Luego pasará a deliberar para dictar sentencia.
Los abogados querellantes habían pedido que todas las partes pudieran estar en la sala, como ocurrió en el dictado del primer fallo, ya que se les había notificado que no podrían participar de modo directo. Sin embargo, y de acuerdo con la capacidad del lugar, pudieron hacerlo.
A la par, el Colectivo por la Restitución de Derechos a Sobrevivientes convocó a la comunidad y a organizaciones para acompañar a las víctimas durante el desenlace.
El veredicto es transmitido por el canal oficial de Youtube, SijumTV.
Pedido de justicia
El juicio inició el 3 de mayo de 2021 con nueve mujeres imputadas, pero sobre cinco de ellas la fiscalía y la querella mantuvieron la acusación. Están señaladas de ocultar y no denunciar las vejaciones que ocurrían en establecimiento religioso, liderado por los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi, que el 25 de noviembre del 2019 fueron condenados a las penas de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, por los delitos de abuso sexual y corrupción de menores.
El abogado querellante Sergio Salinas afirmó a El Sol que “llegó el momento de ponerle punto final a esto”.
“Espera que al Tribunal no le tiemble el pulso después de las amenazas que ha hecho la defensa, denunciando a todos; y que condene lo que tenga que condenar. Con las pruebas que hay es suficiente”, dijo el representante de Xumek, la Asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos.
Por su parte, Ariel Lizarraga, padre de una de las denunciantes, consideró que “ha sido una lucha muy dura”.
“Pusimos luz a tanta oscuridad que se ocultaba detrás de los mantos eclesiásticos de una organización católica. A escasas horas de la sentencia y aunque aún no sabemos el resultado, logramos dar a conocer al mundo algo horrible que estaba sucediendo y ocultándose por las cómplices y encubridoras. Todas ellas, son cómplices por acción u omisión y esperamos que la Justicia actúe de manera transparente y contundente”, confió Lizarraga.
Una a una, las acusadas
Una de las más complicadas es la monja Kumiko Kosaka (48), a quien la parte acusatoria pidió 25 años de cárcel y 10 años de inhabilitación especial máxima para ejercer cargos educativos y de albergue donde haya menores y donde se requiera el control de la autoridad pública.
Está acusada de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por un hecho, partícipe necesaria de abuso sexual gravemente ultrajante agravado continuado, participe necesaria en tres hechos de abuso sexual con acceso carnal agravados y autora de cinco hechos de corrupción de menores.
En cuanto al resto de las mujeres, las calificaciones giran en torno a la figura participación necesaria en términos de comisión por omisión, es decir, que se considera que al no denunciar los abusos, los facilitaron.
Graciela Pascual (67), licenciada en trabajo social y representante legal del Instituto, está imputada de participación necesaria en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante en los delitos atribuidos a Horacio Corbacho, Nicola Corradi, Armando Gómez, Jorge Bordón y un ex jardinero.
La mujer arriesga 18 años de prisión, mientras que la monja y enfermera Asunción Martínez (55), 10 años.
Esta última, al igual que la cocinera Noemí Paz (65), están imputadas por participación necesaria en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso ideal con abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser cometido contra un menor de dieciocho años de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente del mismo, en modalidad de delito continuado.
Sin embargo, para la cocinera y para la ex directora, Gladys Edith Pinacca Andrade (68), acusada de ser partícipe secundaria en términos de comisión por omisión emergente de la violación al deber de garante, la pena solicitada es de tres años.
Por su parte, las ex directivas Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo no se formularon cargos durante el proceso, por lo cual quedó extinguida la acción penal, y quedaron al borde de la absolución.
El descargo de Xumek antes de la sentencia
Este miércoles por la mañana, los abogados querellantes compartieron un comunicado en el que destacaron lo largo que ha sido el juicio (395 audiencias en dos años, 5 meses y 15 días) y lo “complejo y difícil para las víctimas”. Además, criticaron las dilaciones que beneficiaron a la principal acusada, Kumiko Kosaka, “quien recuperó su libertad por el vencimiento de los plazos máximos por los cuales una persona puede estar en prisión sin condena”.
Apuntaron así a la Iglesia Católica que, a través de los abogados, “atacaron constantemente a los jóvenes del Próvolo, denunciando a las personas que ayudaban a sobrellevar el dolor por los abusos sufridos”. Y enumeraron a intérpretes oficiales, peritos del Cuerpo Médico Forense, psicólogos, trabajadoras sociales, padres y a la mayoría de los abogados de Xumek.
“Ellos saben que esas denuncias no tienen ninguna seriedad, pero su objetivo no es obtener una respuesta judicial, sino intimidar a las víctimas y hostigarlas por haberse animado a declarar y sacar a la luz los constantes abusos sexuales y las torturas que sufrían dentro del establecimiento religioso y educativo de Luján de Cuyo”, destacaron.