Hay expedientes que crecen de a poco, casi sin hacer ruido, hasta que una nueva evidencia obliga a mirar hacia atrás y entender que los hechos estaban conectados. El caso de la Inspección de Cauce Vertientes Corralitos es uno de ellos.
La historia que terminó con la destitución de Alejandro Currenti no comenzó con el escándalo que tomó estado público en 2024 ni con la intervención de la entidad. Los antecedentes se remontan al menos a 2018, cuando la sede de la Inspección fue trasladada a un inmueble perteneciente a Currenti y su esposa mediante un comodato que no fue sometido a la aprobación de la Asamblea de Usuarios.
Después llegaron las rendiciones que no cerraban, los déficits que se acumulaban, las denuncias por el uso de recursos municipales y, finalmente, la intervención del Departamento General de Irrigación. Pero la investigación todavía guardaba uno de sus capítulos más sensibles: los movimientos bancarios realizados con la identidad digital de un exdelegado que había fallecido en octubre de 2022.
El expediente administrativo reconstruyó cómo funcionó la Inspección bajo la conducción de Currenti y terminó con tres resoluciones del Honorable Tribunal Administrativo (HTA) que dispusieron su destitución, su inhabilitación por cinco años y cargos y multas por $28.768.731,45. Con la actualización y otros pasivos, el perjuicio económico supera los $30 millones.
El caso, además, no terminó allí: las actuaciones fueron remitidas al fuero penal, donde deberá determinarse si las conductas investigadas configuran delitos y quiénes son responsables.
La sede en una propiedad vinculada a Currenti
Para entender el caso hay que volver ocho años atrás. En 2018, Currenti decidió mudar la sede administrativa de la Inspección —el lugar físico donde se atiende a los regantes, se guarda la documentación contable y se coordinan las obras del cauce— a un inmueble situado en el Callejón Bilbao, en pleno distrito de Los Corralitos. El detalle no sería más que un trámite administrativo si no fuera porque esa propiedad pertenecía a él mismo y a su esposa, Romina Paola Cagol.
El traslado se formalizó mediante un contrato de comodato pactado a veinte años. Lo que la investigación terminó acreditando es que ese acuerdo jamás pasó por donde debía pasar: la Asamblea de Usuarios, el órgano que reúne a los regantes y que tiene la última palabra sobre este tipo de decisiones.
Con los años, ese mismo inmueble particular recibió refacciones y ampliaciones pagadas con fondos de la Inspección, bajo la excusa de adecuar el espacio para su nueva función administrativa.
El tractor que trabajó una hora y media
Si la casa fue un antecedente, el tractor terminó siendo la anécdota que resume todo lo demás. La Inspección destinó más de 700 mil pesos para reparar y poner en condiciones una maquinaria agrícola que no era del organismo, sino de Cagol, la esposa de Currenti.
El vehículo había sido incorporado mediante un contrato de préstamo de uso cuyas cláusulas, revisadas después por los peritos de Irrigación, resultaban directamente lesivas para el erario: si las cubiertas del tractor mostraban un desgaste de apenas el 20%, la Inspección estaba obligada a reponerlas por neumáticos completamente nuevos.
El peritaje técnico ordenado durante la instrucción del sumario estableció algo que terminó de darle al episodio su dimensión simbólica: esa máquina, mantenida y reparada con fondos de los regantes, había trabajado apenas una hora y media en tareas efectivamente vinculadas al cauce.
El primer número sin explicación
El siguiente hito aparece en las cuentas de 2021. La rendición de ese ejercicio dejó un remanente de casi $1,4 millones correspondiente a fondos asignados directamente por el Departamento General de Irrigación para obras hídricas. El dinero no había sido invertido ni justificado, según la investigación administrativa.
Ese dato fue incorporado posteriormente al expediente y terminó formando parte de las actuaciones que derivaron en las sanciones contra Currenti.
No sería el último desfasaje. Durante los años siguientes comenzaron a aparecer diferencias financieras superiores. Los registros analizados por los investigadores detectaron descalces de $22 millones en 2022 y $12 millones en 2023, mientras se acumulaban deudas fiscales y previsionales.
La investigación también determinó que la Inspección mantenía deudas impositivas con la AFIP por más de $8 millones y que no había depositado más de $1,1 millones correspondientes a aportes previsionales de sus empleados.
El hombre que firmaba después de muerto
El episodio que probablemente mejor resume la gravedad del caso ocurrió a partir de octubre de 2022. Pedro Vicente Pelayes había sido delegado de la Inspección y, como tal, tenía acceso a las cuentas bancarias del organismo a través de un token de firma digital: la llave electrónica que habilita transferencias, pagos y movimientos de fondos.
Pelayes murió el 24 de octubre de 2022. Su baja formal como autoridad recién se oficializó dos meses después, en diciembre de ese año, mediante la Resolución 948 del DGI, que puso en funciones a la nueva conducción sin incluirlo, como correspondía, entre sus integrantes.
El problema es que sus credenciales bancarias nunca se dieron de baja. Y durante los meses siguientes, esas llaves electrónicas siguieron habilitando movimientos de dinero como si su titular estuviera, en los papeles al menos, vivo.
La situación se prolongó hasta agosto de 2024, cuando la intervención de la Inspección permitió cortar esa operatoria. En total, fueron más de 21 meses en los que la identidad digital de Pelayes permaneció vinculada a operaciones de la entidad.
En su descargo dentro del sumario administrativo, Currenti terminó reconociendo lo que las auditorías informáticas ya venían señalando: había entregado el token y las claves operativas del delegado fallecido a la contadora de la Inspección para mantener operativas las cuentas de la Inspección.
Para el expediente, sin embargo, el mecanismo permitió eludir controles bancarios y del propio Departamento General de Irrigación. Por ese motivo, hoy es investigado en sede penal como una posible falsificación documental y usurpación de identidad.
El capítulo municipal
El caso también desbordó los límites de la Inspección. Currenti tenía vínculos políticos y territoriales en la Municipalidad de Guaymallén, que canalizó recursos hacia la Inspección de Corralitos.
Bajo un convenio conocido como “Programa de Mejoramiento de la Red Hídrica – Zona Rural”, Guaymallén le entregaba a la Inspección un promedio de 1.500 litros semanales de gasoil a granel —hasta 6.000 litros por mes—, además de camiones de hormigón elaborado y barras de hierro destinados, en teoría, a obras sobre la red secundaria de canales.
La auditoría posterior no encontró una sola planilla de acopio, de consumo de maquinaria o de asignación de combustible que permitiera reconstruir el destino real de esos insumos.
Denuncias opositoras pusieron bajo discusión no sólo la actuación de Currenti sino también los mecanismos de control municipales utilizados para supervisar los recursos que llegaban desde la comuna.
En paralelo, y pese a contar con personal de planta específicamente asignado a esas tareas, la Inspección contrataba de manera recurrente a empresas privadas para la limpieza y el desbanque de canales, y adjudicaba obras de revestimiento hídrico por más de 1,6 millones de pesos mediante contratación directa, sorteando los concursos de precios que la normativa provincial exige para ese tipo de erogaciones.
La primera suspensión contra Currenti
Con las denuncias ya instaladas públicamente, el HTA tomó una primera decisión concreta. El 19 de junio de 2024 dispuso la suspensión preventiva de Currenti durante 60 días y lo intimó a devolver el saldo correspondiente al ejercicio 2021 que no había sido rendido.
La medida fue el primer paso formal de una escalada que, poco más de un mes después, terminaría con la intervención de la Inspección.
A fines de julio llegó una decisión mucho más contundente. Mediante la Resolución 337, el HTA dispuso la suspensión preventiva de toda la cúpula directiva y ordenó la intervención de la Inspección de Cauce. El objetivo era resguardar la documentación y la información informática y evitar que la situación pudiera afectar la investigación.
El fallo que cambia el escenario
Dos años después de la intervención, el expediente administrativo llegó a su punto más importante. Este jueves se conocieron las Resoluciones 294/26, 295/26 y 296/26 del Honorable Tribunal Administrativo de Irrigación, que aprobaron por unanimidad la destitución de Currenti, inhabilitación durante cinco años y sanciones económicas.
El cargo principal, correspondiente al ejercicio 2024, asciende a $27.250.854,27. A esa cifra se agregan $327.877,18 correspondientes a 2023 y dos multas de $1.190.000 cada una por infracciones vinculadas con los ejercicios 2022 y 2023.
El total nominal de cargos y multas alcanza $28.768.731,45. Al considerar las actualizaciones y las deudas fiscales acumuladas, el perjuicio económico supera los $30 millones.
La sanción no quedó limitada a Currenti. También fueron destituidos e inhabilitados integrantes de la junta directiva (Antonio Miguel Sánchez, Oscar Amer, Jaime Francisco Vives y José Alberto Sánchez) que habían tenido responsabilidad en el aval de los balances cuestionados.
El capítulo que falta: la Justicia Penal
La resolución de Irrigación no significa el final del caso. Por el contrario, abre ahora una etapa distinta. El HTA ordenó enviar copias certificadas del expediente al Ministerio Público Fiscal y las actuaciones quedaron incorporadas a la causa penal que tramita ante el fiscal de Delitos Económicos Juan Ticheli.
En el fuero penal se investigan posibles delitos de fraude a la administración pública, falsificación y uso de documento falso, malversación de caudales públicos y exacciones ilegales.
Es decir, mientras Irrigación ya resolvió la responsabilidad administrativa de Currenti y de parte de su antigua conducción, todavía falta que la Justicia determine si las conductas investigadas constituyen delitos y, en ese caso, quiénes deberán responder por ellos.