El Tribunal Administrativo del Departamento General de Irrigación resolvió destituir e inhabilitar por cinco años a Alejandro Currenti, exinspector de cauce de Vertiente Corralitos, tras dar por probada una serie de irregularidades en el manejo de fondos de los regantes. La sanción también alcanza a otras cuatro autoridades de la inspección, señaladas por haber avalado su accionar. La decisión se conoció a través de las resoluciones 294, 295 y 296 del HTA.
Según la investigación administrativa, las maniobras detectadas provocaron un perjuicio económico que podría superar los $30 millones, entre fondos que deberán ser restituidos y multas aplicadas por distintas irregularidades. La resolución fue aprobada por unanimidad.
La decisión alcanzó también a Antonio Miguel Sánchez, Oscar Amer, Jaime Francisco Vives y José Alberto Sánchez, integrantes de la estructura directiva de la Inspección. El Tribunal resolvió además remitir las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que sean incorporadas a la investigación penal en curso.
El Honorable Tribunal Administrativo (HTA) dictaminó la destitución e inhabilitación por cinco años de toda la cúpula de la Inspección Canal Vertientes Corralitos Unificada (Río Mendoza). El principal apuntado, el exinspector de cauce Manuel Alejandro Currenti, enfrenta cargos financieros y multas que superan los 29 millones de pesos por una lista de irregularidades.
El insólito uso de la firma digital de un fallecido
El cargo más impactante probado por la Dirección de Fiscalización del HTA fue la utilización del token y la firma digital del exdelegado Pedro Vicente Pelayes, quien falleció el 24 de octubre de 2022. A pesar de su deceso, las autoridades de la Inspección continuaron realizando transferencias y operaciones bancarias a su nombre hasta el 1 de agosto de 2024, fecha en que la entidad fue intervenida preventivamente. El propio Currenti confesó durante el sumario haber entregado la firma digital del difunto a la contadora de la institución.
La investigación sacó a la luz un entramado de beneficios económicos dirigidos al círculo íntimo de Currenti. Entre ellos, se destaca la reparación y acondicionamiento de un tractor propiedad de la esposa del exinspector, Romina Paola Cagol.
La Inspección firmó un contrato de préstamo altamente perjudicial que obligaba a la entidad a devolver la máquina con cubiertas totalmente nuevas ante un desgaste mínimo del 20%. Tras gastar $713.785,16 en el mantenimiento del vehículo, los registros oficiales revelaron que solo fue utilizado durante una hora y media por la Inspección.
Asimismo, se detectó el desvío de $713.785,16 del erario público para financiar refacciones y mejoras edilicias en un inmueble propiedad de Currenti y su esposa. Esta inversión se justificó bajo un supuesto contrato de comodato que jamás fue sometido a la aprobación de la Asamblea de Usuarios de la Inspección.
Desmanejo contable y evasión previsional
Las auditorías correspondientes a los ejercicios 2022 y 2023 revelaron un desorden administrativo sistemático:
- Contrataciones directas irregulares: se evadieron los procesos de licitación pública obligatorios para adjudicar directamente obras de revestimiento de canales por montos superiores a los $1,6 millones de pesos, así como compras de neumáticos y servicios a proveedores sin concursos de precios.
- Faltantes y evasión fiscal: mientras la Inspección acumulaba deudas tributarias e impositivas con la AFIP por retrasos en el pago nominal de obligaciones y omitía pagar más de $1,1 millones de pesos en aportes de la seguridad social del personal, el propio Currenti cobraba viáticos de forma irregular y libre de cargas.
- Duplicidad de gastos: se contrataron servicios externos de limpieza de canales por sumas millonarias para realizar tareas que ya estaban cubiertas y eran ejecutadas por el personal de planta de la Inspección.
Destitución, inhabilitación y cargos penales
Frente a la gravedad de los hechos, el HTA aplicó una sanción ejemplarizadora. Se decretó la destitución inmediata e inhabilitación por 5 años para ejercer cargos en la Administración de Aguas a todo el cuadro de autoridades: Manuel Alejandro Currenti, Antonio Miguel Sánchez, Oscar Amer, Jaime Francisco Vives y José Alberto Sánchez.
En el plano económico, Currenti fue condenado a pagar:
- Un cargo financiero de $27.250.854,27 por los fondos malversados y los intereses generados en el ejercicio 2024.
- Un cargo de restitución de $327.877,18 por las anomalías del ejercicio 2023.
- Dos multas de $1.190.000,00 cada una por la reiteración de procedimientos administrativos irregulares en los periodos 2022 y 2023.
Debido a la posible comisión de delitos de acción pública, el Tribunal de Irrigación ordenó remitir de urgencia copia certificada de todas las actuaciones al Ministerio Público Fiscal para que la justicia penal investigue las responsabilidades de los implicados
Una causa de impacto político
El caso tuvo impacto político dentro del oficialismo mendocino debido a los vínculos de Currenti con dirigentes radicales y, particularmente, con la Municipalidad de Guaymallén, con la que había firmado convenios para la ejecución de obras. Entre quienes habían respaldado públicamente su gestión aparece el exintendente de Guaymallén, Marcelino Iglesias.
Las inspecciones de cauce son organizaciones integradas por regantes, cuyos representantes son elegidos por los propios usuarios y administran fondos aportados por ellos. Su funcionamiento está vinculado al Departamento General de Irrigación, que tiene a su cargo el control de esas entidades.