Walter Bento fue declarado culpable.

La Cámara Federal de Casación Penal ordenó este martes revisar el pedido de prisión domiciliaria del ex juez federal Walter Bento, quien permanece detenido en la cárcel federal de Cacheuta desde hace más de un año por graves hechos de corrupción vinculados con presuntos pedidos de coimas para otorgar beneficios procesales y como jefe de una asociación ilícita, entre otros delitos.

Los camaristas Gustavo Hornos, Juan Carlos Gemignani y Carlos Alberto Mahiques, determinaron que las magistradas del Tribunal Oral Federal de Mendoza Nº2, Gretel Diamante, María Carolina Pereyra y Eliana Rattá, quienes están al frente del juicio contra el destituido magistrado, realicen un nuevo análisis sobre la solicitud y dicten una nueva resolución, considerando elementos vinculados a la situación de su hijo Facundo, quien requiere cuidados especiales por su condición de discapacidad.

En su fallo, los jueces de Casación pusieron el foco en las “sucesivas presentaciones” realizadas por Nahuel Bento –otro de los hijos de Bento, quien también es juzgado- y los informes médicos actualizados que documentan la situación actual que atraviesa Facundo.

Estos elementos, según explicó el tribunal superior, no pudieron ser valorados por las juezas al momento de su decisión original, cuando rechazaron el arresto domiciliario completo y solo autorizaron una salida extraordinaria para que el ex magistrado participara en el cuidado de su hijo.

La resolución ordena a las magistradas a realizar una nueva evaluación integral que incorpore la evidencia médica actualizada y el impacto del acompañamiento terapéutico iniciado. Además, deberán determinar si corresponde implementar medidas alternativas que garanticen la salud y el bienestar de Facundo Bento.

El ex juez procesado como jefe de una banda

El caso del ex juez Bento sacudió los cimientos de la Justicia federal de Mendoza cuando, tras un extenso proceso de juicio político, fue destituido por las graves acusaciones que comenzaron a ser investigadas en el 2020, después del asesinato de un informante policial y presunto nexo del magistrado con abogados, Diego Aliaga.

El ex titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza fue procesado por presuntamente encabezar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos a cambio de beneficios judiciales, principalmente en causas de contrabando. Las acusaciones en su contra incluyen delitos de cohecho, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.