El Gobierno de Mendoza oficializó este jueves la reglamentación de la Ley Provincial N° 9617, que regulará el uso medicinal del cannabis y el desarrollo industrial del cáñamo. Si bien la medida fue celebrada por el sector empresarial, debido a que incentivará la inversión, el desarrollo científico, hubo desde la ONG Veterinarios Cannábicos aseguraron que existe un “gris” que aún no está resuelto.
El decreto estableció los lineamientos para habilitar el autocultivo con prescripción médica, impulsar la producción local y permitir la participación de organizaciones civiles y empresas privadas en la cadena de valor. Por lo que se apuntará a generar un uso controlado y seguro del cannabis.
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Las diversas voces
De acuerdo con la sociedad civil, la reglamentación fue recibida como un avance, aunque con algunos reparos. Florencia Valles, asesora legal de la Agrupación Cannabicultora Mendoza, afirmó que la “desinformación” continúa siendo el rival a vencer por parte de algunos funcionarios.
“Es un paso positivo. Después de años de pedidos, finalmente se incluyó al Registro de usuarios y ONGs. Pero todavía vemos una actitud desinformativa en algunos funcionarios. Una verdadera cadena de valor no puede funcionar si el permiso no llega al paciente”, aclaró en diálogo con El Sol.
En cuanto al sector privado, Valentín Stradella, organizador de la expo MendoCann y empresario del rubro, consideró que, a partir de ahora, se podrán hacer más estudios para lograr avances en la genética de cada ejemplar.
“Es un paso súper importante. Por fin vamos a tener un desarrollo real de la industria. Esto abre la puerta a que Mendoza explore una nueva matriz productiva, invierta en genética y se sume al negocio del cáñamo y el cannabis con seguridad jurídica”, sentenció.
Lejos de criticar la reglamentación, Stradella reconoció que, de esta forma, Mendoza se posiciona como una provincia pionera y que incluso ayudará a generar empleo.
“Del lado empresarial, los privados podrán invertir, investigar y analizar una matriz productiva nueva que puede tener la provincia de Mendoza. Todo esto entrando en el negocio del cáñamo y del cannabis, cáñamo industrial y cannabis medicinal”, concluyó.
El uso veterinario, una inclusión sin claridad
La ley mencionó el uso veterinario del cannabis medicinal como área a desarrollar, pero sin un marco específico. Desde la ONG Veterinarios Cannábicos Argentinos, el especialista Guillermo Genta cuestionó la falta de precisión legal y lo importante que sería para el sector.
“Nunca se pone en la mesa a los pacientes veterinarios. Seguimos en una zona gris. No tenemos marco legal, y eso impide aplicar cannabis en animales, aunque su uso esté comprobado para casos oncológicos, dolor crónico o epilepsia”, indicó.
Genta pidió incorporar una “pata veterinaria” concreta en la implementación, remarcó y enumeró los casos dondelos aceites con CBD y THC pueden utilizarse en todas las especies, siempre bajo supervisión profesional:
- Acompañamiento oncológico.
- Dolor crónico.
- Epilepsia refractaria.
- Miorrelajación y regulación del apetito.
- Disfunción cognitiva en animales geriátricos.
La nueva disposición
Se creará un Registro Provincial del Cannabis y Cáñamo Industrial, que será el organismo responsable de otorgar licencias, fiscalizar actividades y coordinar con los municipios y la Nación.
Regulación integral: permisos, trazabilidad y control
La reglamentación contempló diversas modalidades de permisos:
- Autocultivo para uso medicinal, exclusivo para pacientes con receta médica.
- Licencias para asociaciones civiles y ONG vinculadas al activismo cannábico.
- Habilitaciones para empresas, investigadores y productores industriales.
Además se regularán los procesos de producción, transporte, almacenamiento y comercialización, con especial énfasis en la trazabilidad de las plantas, bioseguridad y confidencialidad de los datos de los usuarios registrados.
Por último, se creará el Banco de Germoplasma de Cannabis y que funcionará en conjunto con ISCAMEN. Este se encargará de conservar y controlar el material genético cultivado en Mendoza. Esto sumado a un régimen sancionatorio que prevé multas, decomisos y clausuras para quienes incumplan la normativa.