El Gobierno de Mendoza proyecta destinar hasta $6.420.732.000 al desarrollo de una plataforma informática y a la digitalización de aproximadamente 30 millones de fojas que se encuentran en las distintas dependencias del Ministerio de Gobierno. El proceso licitatorio recibió una serie de observaciones de Fiscalía del Estado antes de que sea publicado.
La contratación tiene por finalidad digitalizar la documentación existente en soporte papel en las distintas dependencias de la cartera e incorporarla a una plataforma de gestión que permita su búsqueda, clasificación y administración. Es decir, la contratación no es solo para la digitalización de los documentos.
Básicamente, contempla dos tareas centrales: por un lado convertir documentación que actualmente está en soporte papel a formato digital y por otro incorporarla a un sistema que permita rastrearla. Para eso, el proyecto de contratación está dividido en tres renglones: el desarrollo y la puesta en funcionamiento de la plataforma de gestión; la digitalización de 11.786.000 fojas sin necesidad de desarmar los documentos; y el procesamiento de otras 18.214.000 fojas que requieren desarme y posterior reacondicionamiento. El archivo papel no se elimina.

Los pliegos aclaran que las cantidades previstas de digitalización son estimativas. Por lo tanto, se abonarán las fojas que efectivamente hayan sido procesadas y aprobadas.
Las tareas tendrían un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que la distribución del presupuesto total se haría por tramos. Serían unos $300 millones en 2026, $4.247 millones para 2027 y $1.873 para 2028.
Las observaciones a la licitación
El presupuesto destinado a este proyecto se explica a partir de un proceso de digitalización que viene realizando la administración pública desde hace meses, con la aprobación de la Ley Provincial N° 9625 de Sistema de Administración Pública Digital. También en el marco de la Ley Provincial N° 9003 de Procedimiento Administrativo. En junio reglamentó el Sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE).
El Ministerio de Gobierno quiere continuar trabajando en la digitalización de los expedientes, pero para eso debe llamar a licitación. El trámite fue remitido a la Dirección de Asuntos Administrativos de Fiscalía de Estado para que sea analizado. El organismo avaló el proceso y la licitación pero únicamente después de cumplir una serie de observaciones y adecuaciones que les hizo.
Uno de los principales puntos fue la falta de constancia de la intervención formal del Comité de Información Pública (COM.I.P.) y del órgano rector competente en materia de recursos informáticos. Fiscalía advirtió que mencionar en los pliegos los estándares de ciberseguridad de la Dirección de Informática y Comunicaciones no alcanzaba para acreditar esa participación institucional. Más teniendo en cuenta la importancia de la infraestructura digital que se pretende crear con la licitación.
El organismo pidió que la intervención técnica correspondiente se incorporara al expediente antes de aprobar definitivamente los pliegos y convocar a la licitación.
Por otro lado, pidió revisar la jerarquía normativa, precisar cuáles serían los requisitos cuyo incumplimiento impediría ofertar, ajustar los criterios y la grilla de evaluación, y contemplar adecuadamente el procedimiento de impugnación y las disposiciones sobre programas de integridad.
Finalmente, otro de los puntos señalados fue la integración de la Comisión de Preadjudicación, encargada de evaluar las ofertas. Fiscalía indicó que debía verificarse que al menos uno de sus integrantes tuviera la especialidad técnica exigida para analizar una contratación que incluye desarrollo de software y digitalización documental. Si no se cumplía ese requisito, correspondía incorporar a una persona con conocimientos específicos suficientes.
