El Partido Justicialista se mostró en contra de la decisión de los fiscales de archivar la denuncia para investigar la posible comisión de delitos en el convenio de colaboración entre el Gobierno provincial y la Fundación Acción Social, que encabeza el ex senador y pastor evangélico Héctor Bonarrico.

A fines de mayo se oficializó un decreto a través del cual el Ejecutivo otorgaba al menos 18 millones de pesos a dicha organización. El escándalo estalló luego de que el propio Bonarrico reconociera en declaraciones públicas que esos fondos eran una suerte de compensación por su decisión de bajar su candidatura para renovar su banca.

En ese momento, el PJ pidió que se investigaran los delitos de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito de funcionarios, malversación de caudales públicos y cohecho y tráfico de influencias. Pero la denuncia fue archivada por “inexistencia de delito”.

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“Entendemos que ha sido bastante apresurado el archivo, faltan medidas de prueba. No puede ser que una causa se cierre porque la principal persona acusada se presenta y dice que en realidad lo malentendieron, y que eso sea suficiente para que los fiscales digan que no hay delito. Es poco seria la investigación”, sostuvo el abogado del PJ, Carlos Blanco, en declaraciones a LVDiez.

Es por eso que la oposición busca tener la opinión de los jueces de garantías. Sin embargo, antes de apelar, los opositores deberán esperar a que se sortee un magistrado que será quién determinará si efectivamente la causa se archiva o no.

“Estamos convencidos de llevar esta resolución hasta las últimas consecuencias para quedarnos tranquilos”, añadió el abogado.

Hay que recordar que cuando se desató el escándalo, el gobernador Rodolfo Suarez decidió dar marcha atrás y el dinero no se otorgó a la fundación. Es por esa razón que los fiscales entendieron que, técnicamente, resulta difícil probar el ilícito porque los fondos no fueron entregados.