Los Bomberos Voluntarios de Guaymallén se encuentran atravesando una intervención administrativa dispuesta por el gobierno provincial mediante el Decreto Nº 1999. La misma responde a denuncias por desvío de fondos. Desde el cuartel operativo advirtieron sobre la posibilidad de una renuncia masiva en caso de no revisarse las denuncias en su contra.
La resolución, publicada en el Boletín Oficial, respondió a 146 denuncias contra la Comisión Directiva de la Asociación Civil, que incluyeron supuestas irregularidades en el padrón de socios, falta de cobro de cuotas desde 2014, hostigamiento interno y presuntas inconsistencias contables. La interventora designada fue Mónica Beatriz Elías, quien asumió la coadministración con derecho a veto durante seis meses.
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El jefe del cuartel operativo, Lucas Pérez, defendió el accionar de la comisión, diferenció las acusaciones y se colocó a disposición para que se hagan las investigaciones correspondientes al cuerpo de bomberos. “Se mezclan en una misma bolsa errores administrativos con denuncias de malversación. Los balances están hechos por un contador y presentados, aunque con demoras en 2023 y 2024. Para cada acusación hay una respuesta”, aseguró en diálogo con El Sol.
Pérez también se refirió a las dificultades operativas que atraviesa el cuartel: “Tenemos entre 30 y 35 salidas semanales, el triple que otros departamentos, y no contamos con el personal suficiente. Muchas veces llegan antes bomberos de otros municipios porque nosotros estamos sobrecargados”.
Conflictos internos
Desde la actual conducción sostuvieron que parte de las denuncias provienen de ex integrantes sancionados por “incumplir el reglamento” y de sectores con “intereses políticos y económicos”.
Pérez reveló que tres bomberos fueron apartados por difamar a la jefatura y que otros enfrentan sumarios por ausencias reiteradas: “Se nos acusa pero, además, la interventora prohibió dar declaraciones a los medios. Eso atentó contra el derecho a réplica”.
Entre las denuncias más graves figuran presuntos desmanejos en la carga de combustible y en el cobro irregular de bonos solidarios, prácticas que la comisión defiende como “errores administrativos con registros documentados”.
A su vez, la intervención derivó en la desafiliación del cuartel de la Federación Nacional de Bomberos, lo que dejó a los voluntarios sin seguro, ART, pasajes gratuitos del transporte público y otros beneficios.
Renuncia masiva
La tensión interna generó que entre 15 y 18 bomberos se alejaran del cuartel, lo que redujo la capacidad operativa significativamente en las últimas semanas.
Pérez explicó que la difusión masiva del caso en los medios trajo problemas a los bomberos de Guaymallén, a quienes esta situación les generó complicaciones en sus trabajos formales. A esto se le suma la incertidumbre sobre el futuro inmediato del cuartel. Según confiaron a El Sol, está latente la amenaza de una renuncia masiva: “Hoy muchos no quieren venir. Si se concreta la renuncia masiva, Guaymallén podría quedarse sin bomberos y depender de otros departamentos que tampoco dan abasto”.
Por último, el jefe del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guaymallén aclaró que existe en la actualidad un “bloqueo de recursos” por la intervención: “Reconocemos errores administrativos, pero nunca ocultamos nada. Lo que pedimos es que las decisiones se tomen con quienes sostenemos el trabajo diario en la calle”.
El decreto incluye también un apercibimiento a la actual conducción: si no se cumplen las medidas en el plazo previsto, el Ejecutivo provincial podrá disponer una intervención plena, desplazando por completo a los dirigentes.