El jueves pasado el juez federal Walter Bento presentó un escrito de unas cien páginas. Fue para defenderse de una de las tantas acusaciones que existen en su contra como sospechoso de liderar una asociación ilícita encargada de cobrar coimas a imputados para mejor su situación procesal.

Casi todos los casos están vinculados con el delito de contrabando. De hecho, los nombres involucrados y que habrían pagado grandes sumas de dólares para, en algunos casos acceder a un régimen de prisión domiciliaria, son quienes por años han manejado el tráfico ilegal de mercadería hacia Argentina a través del paso Cristo Redentor.

El expediente tiene actualmente cerca de 2.800 fojas y se encuentra en el estado de madurez procesal suficiente como para que el juez Eduardo Puigdéngolas lo eleve a juicio. Aún restan algunas medidas probatorias para dar ese paso. Primero, hay definir los procesamientos tras las últimas imputaciones. Después, que lleguen las respuestas a los exhortos enviados al exterior, que tienen como objetivo determinar si Bento tiene propiedades no declaradas y seguir la ruta del dinero gastado en varios de sus viajes a Estados Unidos.

Fuera de eso, los investigadores creen que hay pruebas de sobra como para sentarlo en el banquillo de los acusados de un tribunal oral y que termine de rendir cuentas.

Todos esos movimientos podrían definirse en el primer semestre de este año. De ahí en más, esperar a que se fije turno para el juicio, que podría ser a fines del 2022 o ya el año que viene. Sobre él pesan imputaciones y procesamientos confirmados por asociación ilícita en calidad de líder, cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito, lavado de activo y falsedad ideológica. Mientras todo eso sucede, Bento continúa como titular del Juzgado Federal 1 y teniendo competencia electoral en la provincia.

De acuerdo con la hipótesis del fiscal Dante Vega –y a la que aboga Puigdéngolas-, la asociación ilícita está compuesta por Bento (jefe), por un grupo abogados que oficiaban de intermediarios (Jaime Alba, Luciano Ortego y Francisco Álvarez), un narco (Walter Bardinella Donoso) y un efectivo policial (el comisario Gabriel Moschetti). En esa estructura, el ex despachante de aduana Diego Aliaga, secuestrado y asesinado en 2020, oficiaba de lobista y valijero.

En total, sumando a quienes presuntamente pagaron coimas, son 27 los imputados.

El avance de la causa judicial tiene su contrapunto en la causa política. El Consejo de la Magistratura de la Nación está prácticamente paralizado; no sólo en lo relacionado con el juez mendocino, sino en general. Desde que la Corte Suprema de Justicia falló en diciembre que la actual composición del organismo es inconstitucional, la discusión gira sobre los proyectos que están dando vueltas para que sean tratados en el Congreso para debatir quiénes y cuántas personas formarán parte del nuevo Consejo. La resolución del máximo tribunal ordena pasar de 13 a 20 integrantes y sumar como presidente al titular de la Corte.

Ese aletargamiento juega a favor de Bento y en contra de la institucionalidad. La posibilidad de que el magistrado llegue a juicio aún estando en funciones es clara. De ahí en más, es una incógnita qué puede pasar en caso de ser encontrado culpable, ya que por leve que sea una condena exigiría prisión efectiva. Esa encrucijada fue provocada por el Consejo actual, donde Bento encontró aliados que decidieron ir postergando la opción de una suspensión en su cargo.

Los diferentes pedidos del diputado de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli (instructor de la causa en el Consejo) para relevar a Bento de sus funciones no tuvieron eco en el sector que representa al oficialismo. Primero, por las dilaciones de la senadora del Frente de Todos María Inés Pilatti Vergara para convocar a la Comisión de Disciplina y Acusación. Luego, por las diferentes posturas esgrimidas por el kirchnerismo que beneficiaron a Bento.

En el reparto de roles, Gerónimo Ustarroz (representante del Poder Ejecutivo) tuvo un papel moderado, pero siempre complaciente con los pedidos del acusado, como aceptar la toma de declaración a más de 20 testigos. Por su parte, el juez Alberto Lugones (representante de los magistrados y cercano al kircnerismo) decidió jugar fuerte a favor de Bento, con quien mantiene una estrecha relación. A ellos se sumó Ricardo Recondo (también representante de los magistrados), que esbozó cierta conducta corporativa.

Según la agenda del Consejo, este martes se reinician las testimoniales. Todo en cámara lenta. Un tiempo que, políticamente, favorece a la defensa del juez investigado.