A más de 25 años de la privatización de los bancos provinciales, la Justicia falló este martes a favor del Estado mendocino en una demanda millonaria encarada en 2007 por parte de Magna Inversora y Grupo República por daños y perjuicios.

El grupo inversor liderado por Raúl Moneta (fallecido en junio de 2019) reclamó en esa oportunidad el pago de 22 millones de pesos más intereses. Actualizado, ese monto superaría hoy los 150 millones de pesos.

Ese es el dinero que la Provincia no tendrá que pagar gracias al fallo de la jueza María Paz Gallardo, a cargo del tribunal de Gestión Asociada N1, que rechazó la demanda en su totalidad.

La Fiscalía de Estado se encargó de la defensa del patrimonio oficial. Aún se desconoce si la sentencia será apelada o no ante un tribunal superior.

El reclamo

Para Magna Inversora y el Grupo República, Mendoza “no celebró, interpretó ni cumplió de buena fe el contrato” a través del cual se privatizaron los bancos oficiales. Por eso pidieron que se condene a la Provincia por los “daños y perjuicios derivados de los defectos de previsiones por la ilegal calificación de la cartera de créditos del Banco de Previsión Social S.A. y del Banco de Mendoza S.A., registrados en los Estados Patrimoniales de dichas instituciones al día 30 de noviembre de 1995”.

El monto fue calculado en $22.755.000 más intereses, aunque de acuerdo con el fallo judicial los demandantes no dieron “ninguna precisión de cómo se llegaba a ese monto (ni) qué rubros lo integraban”.

Según la demanda, el Estado realizó “acciones u omisiones de mala fe” que llevaron a las “compradoras a incurrir en un error en cuanto al verdadero estado patrimonial de los bancos que adquirían, ocasionándole los daños y perjuicios”.

Sin embargo la Justicia rechazó de plano las acusaciones argumentando que “ni siquiera puede válidamente decirse que hay indicios de ello”. Además la magistrada determinó el tiempo otorgado para el proceso de análisis previo fue suficiente, entre otras cuestiones.

“Todo se hizo dentro del marco de un proceso licitatorio, con las formalidades y publicidad que este tipo de procesos requiere. Es decir, no puede de ninguna manera sostenerse que hubo un ardid, engaño, astucia o maquinación cometidos por el Estado Provincial o de sus agentes o funcionarios en contra de los adjudicatarios de la licitación”, destaca el fallo.

Si bien Gallardo admite que existió un defecto en las previsiones de la cartera de créditos registrados en los Estados Patrimoniales al día 30 de noviembre de 1995 “cuyo monto no han logrado establecer clara y concretamente los peritos”, esa situación “no implica de modo alguno que haya existido un accionar doloso por parte de la Provincia que haya llevado a las actoras a un error en cuanto al patrimonio de los Bancos que compraban”.

Una privatización escandalosa

El gobernador justicialista Rodolfo Gabrielli (1991-1995) lanzó el proceso de privatización del Banco de Mendoza, que iba a ser fusionado con el Banco de Previsión Social.

El consorcio integrado por el Banco República y el grupo inversor regional Magna se hizo cargo de ambos bancos a fines de 1996, ya con Arturo Lafalla como gobernador, poniendo fin así a un largo proceso que luego fue judicializado.

Esas dos entidades estatales, que reunían en ese momento un total de 600 millones de pesos en depósitos, 1.100 empleados y una red de 100 sucursales en todo el país, fueron fusionadas bajo el nombre de Banco Mendoza, cuyo paquete accionario quedó distribuido de la siguiente manera:

  • 67% del Banco República (Moneta).
  • 28% de Magna Inversora (en aquella época integrado por la desaparecida AFJP Fecunda y un grupo de empresarios entre los que se destacaban Daniel Vila, Héctor López, Ernesto Pérez Cuesta y Jacques Matas).
  • 3% del gobierno provincial.
  • El resto para los empleados.

Sólo dos años después, en 1998, comenzaron a revelarse los graves inconvenientes que derivaron en el vaciamiento y el cierre de la entidad debido, entre otras irregularidades, a un festival de autopréstamos a sus propios dueños que violaba todas las normas del Banco Central.

Por ejemplo, a diciembre de 1998, el patrimonio neto del banco era de $42,2 millones. Y las actas del directorio y las planillas internas de la entidad mostraban a fines de febrero del año siguiente préstamos a firmas controladas y/o vinculadas con Moneta y los empresarios nucleados en Magna Inversora por casi $47 millones.

Esas operaciones comprometieron seriamente la liquidez y solvencia de la entidad y le costaron muy caro a la provincia. Finalmente el Banco Mendoza fue suspendido por el BCRA y en abril de 1999 cerró sus puertas, dejando un tendal de damnificados. La gran mayoría ahorristas, pero también algunos socios menores.