La novedad más importante de la tercera audiencia del juicio político contra el suspendido juez federal de Mendoza, Walter Bento, en la que declararon tres testigos, fue confirmada por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Nación, Javier de la Fuente: el próximo 9 de octubre serán los alegatos de las partes.
Las posturas están claras en ese sentido. El abogado Miguel Piedecasas y los legisladores radicales Roxana Reyes y Eduardo Vischi, todos integrantes del Consejo de la Magistratura, son los acusadores y ya ratificaron que van a sostener el pedido de remoción del magistrado acusado por mal desempeño de sus funciones. Por su parte, la defensa de Bento, liderada por Mariano Fragueiro Frías, solicitará que se rechacen las denuncias.
Tras los alegatos, Bento podrá declarar nuevamente. Ya lo hizo entre este lunes y martes ante el Jurado de Enjuiciamiento, cuando mostró cierta incomodidad ante las preguntas de Piedecasas sobre sus viajes a Las Vegas (Estados Unidos), su intención de entorpecer la instrucción al no entregar su teléfono a los investigadores, las presuntas compras irregulares de dos propiedades y la nota escrita por él y dirigida al juez federal Eduardo Puigdéngolas, que fue hallada en una caja de seguridad durante un allanamiento, entre otras.
En ambas jornadas, el magistrado se defendió de las graves denuncias que también lo tienen sentado en el banquillo de los acusados en un debate oral que se desarrolla en forma paralela en los Tribunales federales de Mendoza, desde el 26 de julio. En ese juicio penal está procesado como líder de una asociación ilícita que se dedicaba a cobrar coimas a cambio de beneficios judiciales. En total son más de los 30 imputados, entre ellos su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, Nahuel (31) y Luciano (28).
Cómo sigue el juicio político
Superada la instancia de los alegatos, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá 20 días -como máximo- para dar a conocer su fallo, que incluye el veredicto y los fundamentos. La fecha límite es el 27 de noviembre y si Bento es hallado culpable, será removido de su cargo y quedará en condiciones de ser detenido.
Para lograr la destitución de un juez se necesitan cinco votos de los siete integrantes del Jurado. Los encargados de la decisión, que no se puede apelar, son los jueces De la Fuente y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Romero (PRO); y el abogado Alfredo Barrau.
El 31 de mayo pasado, Bento fue suspendido en sus funciones por el Consejo de la Magistratura que, por unanimidad, promovió su proceso de destitución por “mal desempeño” durante un plenario presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti.
A pesar de dicha sanción, el juez aún goza de fueros que impiden su eventual detención. Sin embargo, si es destituido, los perderá y podría ser encarcelado, ya que tiene varios pedidos de prisión preventiva por delitos como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y falsedad ideológica, entre otros.
Las estadísticas no son favorables para Bento: desde que el Jurado de Enjuiciamiento comenzó a funcionar, en 1998, fueron juzgados 24 magistrados y 17 (71%) terminaron destituidos.
La declaración de los testigos
En la tercera audiencia del juicios político, que se desarrolló este miércoles en el edificio del Consejo de la Magistratura de la Nación, ubicado en calle Libertad al 700 de la Ciudad de Buenos Aires, declararon tres testigos. La lista inicial era más extensa, pero la defensa desistió de convocar a algunas personas.
El primero en declarar fue Juan Domnicz, un exempleado de una empresa de turismo donde Bento contrató algunos de sus viajes al exterior, junto con parte de su familia. Según publica el portal Infobae, hombre dijo no recordar cuánto costaba un pasaje de avión a los destinos elegidos por el juez ni tampoco el precio de una habitación del hotel Caesars Palace de Las Vegas, donde se hospedó.
Posteriormente declaró Viviana Megazzini, la mujer que le compró a Bento una casa en el barrio privado Palmares, de Godoy Cruz, en 2019, por la que pagó 430 mil dólares.
También fue citada Mariana Álvarez, la escribana que intervino en esa operación de la compra venta. En el acta notarial no figuró que Bento era una persona políticamente expuesta, como corresponde por ley. Al ser consultada por esa presunta irregularidad, la profesional respondió que “en 2019 no teníamos en Mendoza inscripción ante la Unidad de Información Financiera y no estaba la obligación de declarar esa condición”.
El juicio político continuará el 9 de octubre. Está previsto que ese lunes declaren los últimos cuatro testigos y luego llegará el turno de los alegatos.