La muerte de Samuel Luiz, el joven que fue asesinado a golpes en España por ser homosexual provocó conmoción e indignación mundial. Pero los ataques, crímenes de odio y actos de discrminación hacia la comunidad LGBTIQ+ no es algo que sólo suceda en Europa.

En lo que va del 2021, mientras se sigue pidiendo por la aparición del joven trans Tehuel De la Torre, Argentina cuenta con cifras que opacan las recientes políticas de Estado, como la flamante ley de cupo laboral trans: en todo el país se cometieron 29 ataques de odio, 6 crímenes de odio y 35 trans/travesticidios sociales.

Mendoza, por su parte, no escapa a ese patrón y se posiciona como la tercera provincia del país con más víctimas por trans/travesticidios sociales (3), por delante de Córdoba (1) y por detrás de Ciudad Autónoma de Buenos Aires (6) y provincia de Buenos Aires (15).

El travesticidio social se define como el conjunto de exclusiones que se dan hacia la comunidad travesti trans y que comienzan desde la niñez con la expulsión de los hogares, la dificultad para acceder al sistema salud, educación, trabajo, entre otros, que llevan a la precariedad de su bienestar y a la reducción de su expectativa de vida.

Los datos se desprenden del último informe difundido por la organización Mumalá denominado “Registro Nacional de ataques y crímenes de odio hacia la comunidad LGBTI+ & Trans travesticidios sociales 2021”, elaborado a partir de información de medios gráficos y digitales del 1 de enero al 27 de junio.

De este relevamiento surge el caso de Josefina, 28 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado en el Cacique Guaymallén el 14 de abril luego de estar 12 días desaparecida. Pese a que la Fiscalía de Homicidios estableció que se trató de un suicidio, amigos y familiares insisten en que fue asesinado por “cuestiones de odio”, comentaron desde la organización.

A este hecho se suma el fallecimiento de Eda (35) en el mes de abril en Guaymallén y de Máximo (35), varon trans de San Rafael en mayo. Aunque esos hechos jamás fueron investigados por la Justicia. 

Desde Mumalá Mendoza, a su vez, pusieron el foco en el asesinato de David Calderón, que si bien faltó ingresar el hecho en el informe, consideraron que se trató también de un crimen de odio. 

Sin embargo, la investigación judicial sostiene que el joven, que fue hallado muerto el 2 de enero con las manos y pies atados y con una lesión en el cuello, fue ultimado por sujetos que le robaron tras mantener un encuentro íntimo. 

Muertes evitables

“Estos patrones  todavía persisten en nuestra sociedad a pesar de las políticas que tienen que ver con la igualdad de leyes”, indicó Alejandra Mansilla, representantes de “Libres y Diverses” de  Mumala.

En este sentido, visibilizó que 82% de los hechos de ataques y crímenes en todo el país tienen como principal protagonista a travestis y mujeres trans y que la vía pública (34%) sigue siendo el lugar de mayor desprotección. 

En tanto, el 26% de los agresores aún son o eran miembros de las Fuerzas de Seguridad.

De acuerdo con el documento, el 31% de las víctimas sufrió más de un tipo de violencia;
43% requirió atención médica y en el 49% de los casos se vulneró su identidad autopercibida.

También se expresa que en los travesticidios sociales, 31 víctimas eran mujeres trans y travestis y 4 varones trans. De estos, el 11% se suicidó, 29% eran oriundas de otro país y sólo el 8% de las muertes estuvieron relacionadas con el coronavirus.

Mansilla consideró que todas fueron muertes que pudieron evitarse y que es necesario que se generen las políticas necesarias que aborden estas problemáticas, que se implemente efectivamente la Educación Sexual Integral, la Ley Micaela y que se brinden mayores medidas de protección hacia aquellas personas en situación de extrema vulnerabilidad.

“A diez años del matrimonio igualitario hay gente que aún se espanta de ver un beso en la calle  y existe un Tehuel De la Torre que desapareció cuando fue a buscar trabajo, unos días antes de que se aprobara el cupo laboral trans”, recordó Mansilla.

 Y agregó que la pandemia profundizó estas situaciones de desigualdad con personas que no tienen acceso a la vivienda ni a cobertura médica.

La Mendoza que duele

El informe del observatorio de  Mumalá no consigna ningún dato sobre Mendoza en materia de crímenes y ataques de odio. Sin embargo, existe una violencia simbólica y psicológica que, en muchos casos, usa como vertedero las redes sociales.

La semana pasada, el conductor de Canal 9 Televida, Goga Yuffrida, hizo un fuerte descargo sobre los comentarios homofóbicos y violentos que recibe a través de Facebook o Instagram.

Goga Yuffrida y un fuerte mensaje contra los comentarios homofóbicos que recibe

El periodista sostuvo en ese momento que pese a que hay una lucha para combatir la homofobia, el odio hacia la comunidad LGBTIQ+ siguen intrincados en la sociedad.

Desde el área de Diversidad Sexual del Gobierno de Mendoza, Fernanda Urquiza, explicó que la provincia está trabajando fuertemente con capacitaciones, entre las que se encuentran las Jornadas sobre Atención Integral con Perspectiva en Diversidad Sexual en el marco de los Derechos Humanos.

Por otro lado, recalcó que hay programas económicos para ayudar a las personas que sufren discrminación en donde pueden acercarse a una fiscalía y denunciar algún tipo de violencia para que sea sancionado. “Esto se hace en acompañamiento con la Dirección de la Mujer, Género y Diversidad  de la Suprema Corte para que la discrminación vaya disminuyendo. Pero el órgano que lo debería controlar es Inadi, pero por ahí se reciben y por ahí no por eso desde el Estado provincial lo hacemos de esta manera”, dijo Urquiza.

Y agregó: “Estamos viendo un cambio sociocultural donde las nuevas generaciones ya viene con otro chip y las viejas, que son las que tienen el poder, luchan y se niegan a aceptarlo. Entonces ahí debemos apuntar para cambiar el paradigma”.

De acuerdo con el último informe de INADI, durante el 2019 se hicieron en la provincia 763 denuncias por actos de discrminación, que representan un 2,8% de lo registrado en todo el país.