El Ministerio de Energía y Ambiente de Mendoza brindó detalles sobre el esquema de fiscalización que se aplicará una vez ratificada la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto PSJ Cobre Mendocino.
Las medidas incluyen presencia permanente de inspectores, monitoreo en tiempo real, participación ciudadana y una mesa de diálogo con comunidades originarias. El objetivo central es reforzar la transparencia y la sostenibilidad de la propuesta extractiva en discusión.
Durante una nueva exposición ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, el director de Gestión y Fiscalización Ambiental, Leonardo Fernández, junto al director de Minería, Jerónimo Shantal, explicaron los mecanismos de control que regirán el emprendimiento.
A diferencia de la sesión anterior, la jornada transcurrió sin manifestaciones en la vía pública, aunque se mantuvo el operativo de seguridad en el ingreso al anexo legislativo.
Controles permanentes y tecnología de monitoreo
Entre los principales puntos, Fernández destacó que la Policía Ambiental Minera (PAM) abrirá una nueva sede en alta montaña para garantizar el seguimiento continuo desde la etapa de construcción. La autoridad ambiental contará con una oficina permanente en el sitio, mientras que una sala de monitoreo controlará en tiempo real los sistemas de alerta exigidos a la empresa, incluyendo una cámara fija sobre el dique de cola cuyo registro podrá ser consultado por la PAM.
Además, se conformará la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), un organismo mixto integrado por representantes del Estado, la comunidad local y especialistas. Será quien coordine las auditorías y controles conjuntos con la empresa, una vez que la DIA cuente con el respaldo legislativo.
En tanto, cada organismo sectorial -16 en total- realizará fiscalizaciones específicas en sus áreas de competencia, y se habilitará un sistema de denuncias online abierto a la ciudadanía. También se establecerá una Mesa de Seguimiento con comunidades originarias del departamento de Las Heras, a fin de garantizar una gestión intercultural del territorio.
En materia ambiental, el proyecto deberá impermeabilizar totalmente el depósito de colas con materiales de alta densidad, asegurando que el sistema de tratamiento de agua sea cerrado y que el recurso hídrico no entre en contacto con el suelo sin ser previamente tratado.
Un sistema de alerta temprana permitirá monitorear en tiempo real el aire, el agua, la estabilidad geotécnica y las emisiones del proyecto, con el fin de actuar rápidamente ante cualquier anomalía.
Asimismo, se implementarán planes de conservación de flora y fauna nativa, coordinados entre la Dirección de Biodiversidad y comunidades huarpes, junto con el cumplimiento estricto de las normas sobre residuos, transporte, ruido, explosivos y patrimonio arqueológico.
“Hoy discutimos cuántos controles más podemos sumar”
Consultado por El Sol, el director de Minería, Jerónimo Shantal, sostuvo que la discusión pública en torno a la minería ha madurado: “Hoy no se trata de minería sí o minería no, sino de cuántos más controles podemos incorporar. Nadie cuestionó los mecanismos que planteamos. Se trata de elevar los criterios de sustentabilidad”, afirmó.
Shantal destacó además la celeridad con la que se ha trabajado en los últimos dos años: “PSJ fue un proceso de nueve meses de evaluación técnica, social, ambiental y legal. Más de 98 profesionales participaron directa o indirectamente. Podemos asegurar que es un expediente sólido y con controles suficientes para generar confianza en el Estado”, agregó.
El próximo lunes será el turno de analizar el cuarto proyecto en tratamiento: las 27 Declaraciones de Impacto Ambiental del Malargüe Distrito Minero Occidental II. Se prevé la participación presencial de la ministra Jimena Latorre, tras su regreso de Abu Dhabi, donde integró la delegación mendocina en la Exposición y Conferencia Internacional de Petróleo (ADIPEC).