El Gobernador de la Provincia oficializó, mediante el decreto correspondiente al expediente del Ministerio de Seguridad y Justicia, la anulación definitiva de una sanción que pesaba sobre el Club de Pescadores San Rafael.
La medida deja sin efecto una multa de 2.778 Unidades Fijas (UF) -a día de hoy serían más de 1,3 millones de pesos- que había sido impuesta en 2022 por la Dirección de Relaciones con la Comunidad.
La resolución del conflicto llega tras un extenso camino administrativo donde el club, a través de su representante legal, cuestionó la legitimidad de las actas de constatación realizadas en 2021, en pleno contexto de restricciones sanitarias.
Fallas en el operativo: por qué se anuló la multa
El punto clave que inclinó la balanza a favor de la institución sanrafaelina fue el dictamen de la Asesoría de Gobierno. Según el análisis de los peritos legales, la sanción se basó en la Ley N° 8296 (que regula eventos y locales de esparcimiento), pero no se pudo probar que el club estuviera realizando una actividad de ese tipo.
Los argumentos principales que detalla el decreto son:
- Rubro respetado: el club está habilitado como “camping” y no se encontraron pruebas de que hubiera desvirtuado ese rubro para funcionar como un local de eventos.
- Falta de competencia: las presuntas faltas detectadas estaban vinculadas a normativas sanitarias por el COVID-19, las cuales no entran bajo el ámbito de aplicación de la ley de eventos (Ley 8296).
- Vicio de competencia: al aplicar una ley que no correspondía a la actividad constatada, la sanción original fue declarada inválida por “vicio de competencia”.
“No se acredita que se haya desarrollado un ‘evento’ en los términos de la ley… la presunta transgresión sanitaria no se encuentra bajo el ámbito de la normativa de eventos“, sostiene el dictamen que el Gobernador hizo propio para admitir el recurso jerárquico.
Un alivio para la institución
Con el Artículo 2° del decreto, el Gobierno deja sin efecto la Resolución N° 2149/2022, liberando al Club de Pescadores de la carga económica que representaba la multa de casi 3.000 unidades fijas.
El decreto también establece que la institución ha sido formalmente notificada y que, al ser una resolución favorable, cierra un capítulo de incertidumbre legal para una de las entidades civiles más importantes del sur mendocino.