Relegado en el plano local, el peronismo mendocino sintió un sacudón este jueves que lo devolvió al primer plano, pero no de la mejor manera. Se despertó con una noticia a nivel nacional: una supuesta financiación de la campaña electoral en Mendoza a través de un fideicomiso vinculado al dirigente Juan Grabois. En el cristinismo, impactado de lleno en dos nombres importantes del PJ local, ya preparan una respuesta judicial.
En concreto, la denuncia periodística apunta que, a través del Fondo Integración Social Urbana (FISU), Unión por la Patria financió su campaña en la provincia. Los dos apuntados son Anabel Fernández Sagasti, la principal referente del peronismo y muy cercana a Cristina Kirchner y el ex presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, que hasta diciembre administraba el BIFISA, el fondo fiduciario del Banco BICE.
Las sospechas provocaron malestar en el entorno de Fernández Sagasti, ya que consideran que tuvieron un despertar kafkiano: de repente, se madrugaron con una denuncia a la que califican como “una operación“.
En ese círculo que rodea a la senadora nacional referenciada en La Cámpora, aseguraron que “no va a permitir que ensucien su imagen“.
“Va a pelear por sus valores“, y adelantaron que pedirá por carta documento la ratificación o rectificación de la información publicada en diario Clarín: “No me voy a quedar callada“, aseguraron que expresó.
En su defensa, aseguraron que “no hay pruebas” de que el kirchnerismo haya financiado una campaña electoral en Mendoza a través del BIFISA. Además, explicaron que las rendiciones de cuentas de las campañas ya han sido auditadas y aprobadas por la Justicia Electoral. Y, por ende, que la legisladora kirchnerista tiene sus declaraciones juradas al día.
Y la despegaron de inmediato, recordando que como legisladora carecía de responsabilidad para derivar recursos: “No ha sido funcionaria pública, ni tuvo ni firma“, esgrimieron en su defensa.
