Después del escandaloso caso de la pareja de hombres chilenos que fue detenida en el aeropuerto cuando intentaba sacar del país a una bebé, se confirmó que se trató de un caso de alquiler de vientre.
El abogado Juan Pablo Rojas Pascual, quien estaba a cargo de la agencia trucha Argentina Maternity, confirmó que que realidad la bebé que se intentó sacar a Chile por una pareja de hombres, fue fruto de un caso de gestación por sustitución, donde se le pagó a una mujer para que se le pueda implantar un embrión.
“Se está usando a la mujer como un objeto. Y se utiliza su vulnerabilidad para tentarla y usarla como una herramienta cuya finalidad es gestar un bebé”
Los investigadores establecieron, además, que la mujer que estaba embarazada dio a luz el 2 de julio en el Hospital Español, que la pareja de chilenos y el abogado se llevaron a la bebé y que nunca más tuvo contacto con ella.
De acuerdo con lo que declaró la mujer gestante, el abogado y el Instituto Tersoglio le pegaron una suma cercana a los 200.000 pesos para que se le implante el embrión. Y señaló que el óvulo utilizado no era de ella. Un análisis de ADN confirmará la información, aunque el médico chileno, previo a quedar involucrado en el montaje llevado adelante por el abogado, hizo un estudio genétio y confirmó que es su hija.
El testimonio de la mujer sirvió para desnudar la mentira orquestada por la pareja chilena y por el abogado. Cuando fueron sorprendidos en el aeropuerto aseguraron que que la niña fue concebida durante un encuentro amoroso entre quienes aparecen como padres en la partida de nacimiento.
A partir de ahora, se evaluará qué imputación puede caberle al médico chileno y al abogado Rojas Pascual.
En este punto, la fiscal Claudia Ríos, que está a cargo del caso, tiene varias opciones dentro del Código Penal. Será cuestión de ver cómo combina todas las conductas delictivas que se desprenden de la historia.
Falso testimonio, encubrimiento, alteración de la identidad y falsificación de documento público. Son algunas de las figuras penales que pueden caber.
Está claro que la operatoria se hizo aprovechando la vulnerabilidad social de la mujer que alquiló el vientre. Por eso, la investigación ahora también se centrará de lleno en las actividades del Instituto Tersoglio. La cuestión médica es central en la causa; tanto en el proceso de fecundación, implante como los profesionales que atendieron a la niña y permitieron que sea separada de la mamá sin permitir que sea amamantada.
A partir de ahora, se evaluará qué imputación puede caberle al médico chileno y al abogado Rojas Pascual.
“Acá no hubo ningún noviazgo. Me ofrecieron hacer esto, acepté y ahora estoy metida en todo este lío”, confesó A. B, la mujer que fue contratada para embarazarse. (Se utilzan sus iniciales porque se entiende que es víctima del hecho)
Hasta el momento, la Justicia Federal no tiene ninguna causa abierta y se está evaluando darle intevención. Lo cierto es que hay teóricos que sostienen que la conducta del abogado y del instituto médico configura el delito de trata de persona con fines de explotación.
“Se está usando a la mujer como un objeto. Y se utiliza su vulnerabilidad para tentarla y usarla como una herramienta cuya finalidad es gestar un bebé”, sostuvo un fiscal federal de Buenos Aires.
La Justcia de Familia y el OAL ya están interviniendo para preservar los derechos y el bienestar de una bebé que todavía no cumple dos meses de vida.
