De los 17 cargos constitucionales “vitalicios” que tiene Mendoza, nueve están ocupados por funcionarios designados por Alfredo Cornejo en sus dos gestiones. Próximamente serán diez, cuando Andrea Molina pase la audiencia pública, obtenga el aval del Senado y jure como nueva vocal del Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas refleja como ningún otro organismo la impronta del gobernador. Tres de sus cinco integrantes fueron propuestos por Cornejo, superaron la votación en la Cámara Alta y se sentaron en un sillón que podrán ocupar hasta su jubilación, salvo renuncia o destitución por juicio político.
- Liliana Muñoz de Lázaro juró en marzo de 2017.
- Néstor Parés asumió la presidencia en noviembre de 2019.
- Gustavo Riera desembarcó como vocal en diciembre de 2024.
Esta semana, Cornejo propuso a Molina. Con los votos asegurados en el Senado, la actual titular del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) terminará de conformar un bloque netamente cornejista en el Tribunal de Cuentas.
Héctor David Caputto, designado en 2012 durante la gestión de Francisco “Paco” Pérez, es el único miembro de extracción peronista en el ente extrapoder encargado de auditar los números del Estado.
Los cargos vitalicios en detalle
Los siete ministros de la Corte, el Procurador General, el Asesor de Gobierno y el Fiscal de Estado “serán inamovibles mientras dure su buena conducta”, resalta el artículo 151 de la Constitución Provincial. La misma inmunidad se extiende a los cinco integrantes del Tribunal de Cuentas, al Contador y al Tesorero General.
Durante sus casi seis años al frente de la provincia, Cornejo aprovechó jubilaciones de diez funcionarios “eternos” para armar una red amplia, colocando a personas de su confianza en puestos estratégicos del sistema político de Mendoza.
El equipo de Cornejo
El primer funcionario “vitalicio” designado por Cornejo fue Alejandro Gullé, quien se convirtió en Procurador General de la Corte el 1 de septiembre de 2016, reemplazando a Rodolfo González, histórico del cargo desde febrero de 1992.
“La propuesta de Gullé responde a la nueva política de seguridad en materia de agilización de la persecución del crimen”, dijo Cornejo en agosto de 2016.
Gullé se convirtió en pieza clave en la política de Seguridad que implementó el gobernador. Años después tuve que salir a defenderse de las críticas por su cercanía con el poder político: “Para los que dicen que soy empleado de Cornejo, tengo 40 años de trabajo en el Poder Judicial”.
Por orden cronológico, siguió José Valerio, designado ministro de la Suprema Corte el 1 de diciembre de 2016, tras la jubilación de Hernán Salvini.
“La Justicia debe comprometerse con el delito. Necesitamos una Corte que baje línea en esa dirección y que se dedique a la sanción del delito. Por esos motivos propongo a Valerio”, explicó Cornejo cuando impulsó al actual supremo. Pero con el correr de los años, la relación entre ambos se enfrió.
Actualmente enfrentados, la última pelea pública que mantuvieron se vinculó al reclamo de Cornejo para que los jueces penales realicen audiencias en horario vespertino.
“No soy ni filorradical, filoperonista ni un traidor. No hay que permitir jamás jueces que sean de fulano o de mengano. Todos saben cómo interpreto la ley“, se defendió Valerio.
Posteriormente, Cornejo impulsó a Liliana Muñoz de Lázaro. La contadora, exfuncionaria de Godoy Cruz y del Ministerio de Salud, juró el 13 de marzo de 2017 como vocal del Tribunal de Cuentas.
Un año después, al abrirse una nueva vacante en la Corte, Cornejo eligió a otro incondicional como Dalmiro Garay, su exministro de Gobierno que juró el 31 de julio de 2018. Actualmente, es presidente del máximo tribunal de Justicia.
Pasaron menos de tres meses y Cornejo aprovechó la jubilación de César Mosso Giannini en la Asesoría de Gobierno para impulsar a Ricardo Canet, su exsecretario Legal y Técnico. La asunción oficial se produjo el 25 de octubre.
“El papel del Tribunal de Cuentas es vital, y el cargo del presidente de esta institución es importante también”, afirmó Cornejo el 28 de noviembre de 2019, cuando le tomó juramento a Néstor Parés, el exdiputado radical que reemplazó a Carlos Salvador Farrugia.
En el cierre de su primera gestión, Cornejo propuso a Paula Allasino para ocupar la Contaduría General de la Provincia. La exdiputada provincial, que en ese momento era ministra de Hacienda y Finanzas, se convirtió en la sustituta de José Caviggia.
Tras cumplir con los pasos formales, Allasino juró el 31 de enero de 2020, ya con Rodolfo Suarez como gobernador. Justamente el exintendente de Ciudad y actual senador nacional sólo tuvo la posibilidad de cubrir una vacante. Tras la jubilación de Jorge Nanclares, impulsó la llegada de María Teresa Day como ministra de la Corte.
En diciembre de 2023 volvió Cornejo al sillón de San Martín y en menos de dos años ya cubrió un lugar libre en el Tribunal de Cuentas. La jubilación del contador peronista Mario Francisco Angelini como vocal abrió la puerta para el ingreso de Gustavo Riera, que juró en diciembre del año pasado.
Riera, un abogado afín al radicalismo, ya era secretario Relator del órgano de control. “Es un profesional que ha demostrado su compromiso y vocación por el servicio público”, lo elogió Cornejo cuando le tomó juramento.
Cuando Pedro Llorente se jubiló después de 37 años de trayectoria, Cornejo propuso a Norma Llatser para ocupar su lugar en la Corte. La exjueza de cámara y expresidenta de la Asociación de Magistrados, que estuvo vinculada al radicalismo, asumió el 6 de marzo de este año.
Así las cosas, cuando Molina jure como vocal del Tribunal de Cuentas, tras la jubilación de Ricardo Pettignano, Cornejo podrá completar la decena de funcionarios designados en cargos vitalicios.
Un legado institucional
Al lógico recambio generacional (muchos de los retirados llevaban más de 30 años en la función y atravesaron ocho gestiones) se sumó la evidente pericia política y una sutil presión para conseguir las vacantes estratégicas.
Después de Santiago Felipe Llaver, quien designó todos los cargos tras el retorno de la democracia, Cornejo es el segundo gobernador que más funcionarios inamovibles nombró desde 1983, lo que le permitirá conservar influencia en el Estado provincial luego de dejar el poder formal.