El juicio político al suspendido juez federal con competencia electoral de Mendoza, Walter Bento, entrará este lunes en terreno de definición, cuando declaren los últimos testigos y desarrollen los alegatos de las partes, el paso procesal previo a la sentencia.
En paralelo al Jury de Enjuiciamiento, el magistrado se encuentra siendo juzgado en Mendoza por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, enriquecimiento ilícito, lavado de activos de origen delictivo, prevaricato y falsedad ideológica.
En ese juicio penal, Bento está procesado como líder de una banda que se dedicaba a cobrar coimas a contrabandistas y narcotraficantes a cambio de otorgar beneficios judiciales. En total, son más de los 30 imputados, entre ellos su esposa Marta Boiza y dos de sus hijos, Nahuel (31) y Luciano (28).
La investigación liderada por el fiscal Dante Vega detectó, entre otras supuestas irregularidades, un incremento patrimonial excesivo que no coincidirían con los ingresos del grupo familiar del juez.
Tanto en el debate que se desarrolla en los Tribunales federales de Mendoza como en el Jury de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura que se retomará este lunes en la Ciudad de Buenos Aires, Bento negó los cargos y aseguró que los testigos en su contra buscan “beneficios” en su condición de detenidos y condenados. Además, una de sus explicaciones para defenderse es que el fiscal Vega le tiene un “odio patológico” por haberle ganado el concurso para juez federal.
Si bien sobre Bento pesan ocho pedidos de prisión preventiva, hasta ahora el juez goza de fueros que impiden su detención. Pero si es destituido, los perderá y podría quedar detenido.
En tal sentido, as estadísticas no son favorables para Bento: desde que el Jurado de Enjuiciamiento comenzó a funcionar en 1998, 24 magistrados fueron juzgados y 17 (71%) terminaron destituidos.
Juicio político
Bento fue suspendido el 31 de mayo en sus funciones por el Consejo de la Magistratura, que promovió su proceso de destitución por “mal desempeño”. La decisión fue tomada por unanimidad durante un plenario presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. A pesar de dicha sanción, el juez aún goza de fueros que impiden su eventual detención.
El juicio político comenzó el 25 de septiembre. El jurado designado por sorteo está integrado por los jueces Javier de la Fuente (presidente del Tribunal) y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Romero (PRO); y el abogado Alfredo Barrau. Para lograr la destitución se necesitan al menos cinco votos y la decisión no es apelable.
La presentación contra Bento en representación del Consejo de la Magistratura la llevan adelante la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi, ambos de Juntos por el Cambio, y el abogado Miguel Piedecasas, quien lideró la acusación.
En el comienzo del Jury, Piedecasas hizo hincapié en que el pedido de remoción recibió el voto unánime del plenario del Consejo por “la importancia y trascendencia de los cargos que se le imputan”. Además, recordó que Bento está “procesado ocho veces, con embargos por 200 millones de pesos y con prisión preventiva”
En esa audiencia inicial, Bento volvió a insistir en su inocencia y cuestionó la acusación porque “mezclaba” hechos del juicio penal tramitado en Mendoza con los del Jury. “Jamás cometí mal desempeño. Estoy sentado acá injustamente. Lo único que se busca es meterme preso para quedarse con el juzgado”, dijo.
En la segunda jornada, Bento volvió a declarar y Piedecasas logró incomodarlo con preguntas específicas sobre algunos puntos sobresalientes del expediente.
Los cuestionamientos apuntaron a presuntas irregularidades como la decisión de no entregar su teléfono a los investigadores, dos escrituras específicas que firmó por la compra de propiedades y sus viajes al exterior.
Con respecto a sus visitas a la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, el juez suspendido consideró que era un “destino económico”. Consultado por su estadía en el famoso Caesars Palace, se defendió asegurando que “alojarse en un hotel casino no implica infringir la norma de no concurrir a un casino”.
“¿Podría decirnos aproximadamente cuantas veces concurrió al hotel Caesars Palace?”, consultó Piedecasas. “No recuerdo, pero fuimos varias veces porque resultaba económico, quedaba en el medio de la ciudad y era cómodo para desplazarnos”, fue la respuesta de Bento.
Sobre este punto, el Reglamento de la Justicia Nacional impide a los magistrados jugar por dinero y les prohíbe visitar los lugares en los que se juegue, tal como un casino.
Este lunes se presume que terminarán de declarar los quince testigos citados por la defensa de Bento -la Fiscalía no convocó a ninguno- y se podrá pasar a la instancia de los alegatos.
Las posturas están claras: Piedecasas, Reyes y Vischi adelantaron que van a sostener el pedido de remoción del magistrado acusado por mal desempeño de sus funciones, mientras que la defensa de Bento, liderada por el abogado Mariano Fragueiro Frías, solicitará que se rechacen las denuncias. Tras la exposición de los argumentos de las partes, Bento podrá declarar nuevamente.
Superada la instancia de los alegatos, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá 20 días -como máximo- para dar a conocer su fallo, que incluye el veredicto y los fundamentos. La fecha límite es el 27 de noviembre, aunque se estima que la definición se conocerá antes. Si Bento es hallado culpable, será removido de su cargo y quedará en condiciones de ser detenido porque se encuentra procesado con prisión preventiva.