La polémica por los intentos de “sacar chapa” para evitar controles de alcoholemia volvieron a quedar en el centro de la escena tras el caso del concejal de San Rafael, Martín Antolín, quien fue detenido el último fin de semana cuando manejaba con 1,15 gramos de alcohol en sangre en calle Arístides Villanueva de Ciudad, sumado a otros casos similares a lo largo del 2025.
A este episodio se sumó otra situación en Tupungato, donde una funcionaria es investigada por presuntamente consultar dónde estarían los operativos porque regresaba de una fiesta y había tomado alcohol.
En medio de esta discusión pública, el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, explicó a El Sol cómo actúan las fuerzas de seguridad y fue tajante respecto de quienes buscan evadir responsabilidades por su cargo o sus contactos. Aseguró no estar al tanto del caso de Tupungato.
“Nadie escapa a ese control”
Calipo subrayó que los operativos funcionan de manera coordinada entre Policía, Policía Vial y cuerpos municipales. “La Policía cuando instala los controles policiales en todo el ámbito provincial, especialmente los fines de semana o víspera de feriado, demanda controles de alcoholemia”, afirmó.
Y destacó el trabajo conjunto: “No solamente está involucrada nuestra fuerza a través del personal operativo, sino también la Policía Vial. Y un muy buen trabajo en equipo con los efectores municipales como pueden ser preventores en algunos departamentos o tránsito municipal en otros. Se trabaja muy bien en equipo cuando se instalan estos puestos”.
Frente a los intentos de algunos funcionarios o personas con apellido de evitar el control, Calipo fue enfático: “Nadie escapa a ese control”.
“Muchas veces nosotros también hemos tenido nuestra propia fuerza que ha estado en algún festejo, le ha dado positivo y hemos tomado las medidas. Se lo ha puesto a disposición de la Justicia -si ha sido más de un gramo- con la intervención inmediata del juez contravencional vial en primera instancia, con el secuestro del vehículo y con las sanciones de puertas para adentro”, señaló.
Sanciones internas y judiciales
El jefe policial remarcó que los efectivos también enfrentan consecuencias administrativas. “Nuestro organismo de control es la Inspección General de Seguridad con el sumario administrativo, que no es vinculante con el sumario judicial llegado el caso. La Justicia puede determinar una condena, pero no es vinculante con el sumario administrativo. Al policía se lo puede cesantear y exonerar, independientemente de que le haya dado un arresto el juez contravencional”.
Además, dejó un mensaje directo: “El que cumple la ley no tiene que tener ningún temor a un control policial, de Gendarmería o municipal”.

“Le sale caro a la familia mendocina”
Calipo insistió en que los controles se endurecen para evitar tragedias vinculadas al alcohol al volante. “Después le sale caro a la familia mendocina porque pierde un familiar. Cuando hay homicidios culposos y cuando culpa de esa muerte está el alcohol de por medio. Entonces, ¿por qué llegar a eso? Por eso están los controles y por eso se están fortaleciendo”.
También destacó los operativos integrados con provincias vecinas: “Los controles unificados con la provincia de San Juan y de San Luis se están haciendo casi prácticamente toda la semana”.
Estos dispositivos no solo detectan alcoholemia: “En ese control no solamente está el tema de la alcoholemia en tránsito, porque ahí abarca todo: de un vehículo particular a colectivos, camiones, etc. También están los otros delitos que se desprenden: el secuestro de droga, armas, etc. Y por eso son buenos los controles y los vamos a seguir fortaleciendo”.
Mensaje final para quienes buscan privilegios
El jefe de la Policía dejó una definición que apunta directamente a funcionarios o allegados que intentan zafar de un operativo: “El que esté fuera de la ley, lo lamento. Las normas se han hecho para respetarse, no para esquivarlas. No es que por ser policía no le vamos a hacer nada o porque ‘es el hijo de’ no le vamos a hacer nada. Al contrario, tiene que pagar y tiene que ser corregido como dice la norma”.
Qué pasó en Tupungato
Una funcionaria del municipio de Tupungato quedó bajo la lupa luego de que se hicieran públicos presuntos chats en los que aparentemente solicitaba información sobre la ubicación de los controles de alcoholemia porque ella regresaba de una fiesta y había bebido. Según esos mensajes -dados a conocer por NDI– habría indicado cuál era su auto con el objetivo de que el personal de tránsito evitaran detenerla. También habría hecho mención a otros vehículos manejados por un penitenciario ya policía.
Ante la viralización de esos chats que involucrarían a Yemina Sagas -directora de Seguridad Ciudadana- el municipio abrió una investigación interna para determinar responsabilidades. “En el día de ayer, el Departamento Ejecutivo ha instruido al área legal del Municipio a fin de que se inicie una investigación con el objeto de esclarecer los hechos y abordar las medidas pertinentes dentro del marco legal vigente”, señalaron desde Tupungato.


Ante la consulta de El Sol, desde Tupungato manifestaron que la investigación “no tiene un plazo fijo determinado” y que “depende de las medidas de prueba que se vayan recabando desde el área legal”. Por su parte, Marcelo Calipo expresó no estar al tanto de la situación.
