A todo o nada: Walter Ricardo Bento sabrá este miércoles al mediodía si sigue siendo juez federal o si es destituido por mal desempeño del cargo que ocupa desde 2005. Nada menos. Así las cosas, después de escuchar el fallo del Jury de Enjuiciamiento se conocerá el futuro inmediato del magistrado actualmente suspendido: si vuelve a su despacho y retoma el poder o si, probablemente, termine en una celda del penal federal de Mendoza. La gloria o Devoto (o la cárcel de Cacheuta en este caso), porque la decisión no es apelable.

Temido y respetado casi por igual, Bento era el hombre fuerte de los Tribunales Federales de la provincia hasta hace pocos años. Se convirtió en el titular del Juzgado Federal N°1 de Mendoza durante la presidencia de Néstor Kirchner, ganando un concurso pero también con el imprescindible aval de histórico operador del peronismo Juan Carlos “Chueco” Mazzón. Sin embargo tuvo una buena relación con gobiernos justicialistas y radicales, como así también con poderosos empresarios.

Creyente, hincha de Boca y coleccionista de esculturas de búhos -al igual que la jueza María Romilda Servini, su madrina en la carrera judicial-, Bento mantuvo un perfil bajo en su función. Sus esporádicas apariciones públicas se daban en tiempos de comicios, ya que también tiene la competencia electoral en la provincia. De su vida privada poco se sabía hasta marzo de 2020, cuando comenzó una investigación que lo colocó como el principal sospechoso de liderar una asociación ilícita que cobraba coimas a narcos y contrabandistas presos a cambio de beneficios.

Esa pesquisa encabezada por el fiscal federal Dante Vega sacó a la luz, por ejemplo, el importante patrimonio de Bento (constituido por diversas propiedades y vehículos), de su esposa Marta Boiza y de dos de sus hijos, Nahuel y Luciano. Todos empleados en la Justicia Federal, todos procesados en el juicio oral que se desarrolla en Mendoza.

También se puso la lupa en la fascinación familiar por los viajes al exterior, principalmente a Miami y Las Vegas en Estados Unidos, abonados con diferentes medios de pago imposibles de rastrear por los investigadores; en las presuntas inconsistencias en sus declaraciones juradas; en su decisión de no inhibirse en una causa que involucraba a un conocido; en su participación en negocios, una actividad prohibida para los magistrados; en haber omitido declarar que era una persona políticamente expuesta en una operación de compra-venta de inmuebles; en sacar un préstamo hipotecario para una vivienda única y familiar cuando ya poseía varias propiedades; en obstruir la investigación en su contra al negarse a entregar su celular y documentos de viajes; y en aceptar la invitación de un empresario para viajar a Uruguay en un avión privado para disfrutar de un show en un reconocido hotel casino de Punta del Este.

Esos son sólo algunos de los hechos por los que Bento terminó sentado en el banquillo de los acusados en dos juicios diferentes, pero que claramente se cruzan.

Uno penal, ante el Tribunal Oral Federal N°2, donde hay más de 30 imputados y cinco pedidos de prisiones preventivas para el juez, con procesamientos firmes, por asociación ilícita, cohecho, lavado de activos y enriquecimiento, entre otros delitos. Si no está preso es sólo porque sus fueros como magistrado le dan inmunidad. Pero si es destituido, perderá ese escudo protector y podría ser detenido inmediatamente. Ya sea por la fuerza o entregándose a la Policía Federal.

Y otro político, frente al Jury de Enjuiciamiento, cuyo desenlace se conocerá en pocas horas, por mal desempeño y falta al decoro en su función. Para llegar a esta instancia trascendental pasaron casi dos años, con intensas presiones sobre los integrantes del Consejo de la Magistratura.

El dictamen en el Consejo de la Magistratura

La comisión de Disciplina y Acusación del órgano encargado de controlar a los jueces se reunió por primera vez para analizar el caso Bento a fines de junio de 2021, y recién a mediados de mayo de 2023 se aprobó el dictamen para dar inicio al proceso de juicio político, con la abstención de los consejeros oficialistas. En el medio se multiplicaron las dilaciones, negociaciones y sospechas de fuerte lobby a favor del magistrado, que se defendió y negó los cargos en su contra con una larga exposición.

Finalmente el 31 de mayo de 2023, tras sumar algunas consideraciones planteadas principalmente por los representantes del kirchnerismo, el plenario del Consejo de la Magistratura presidido por el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, aprobó por unanimidad suspender al juez, dejar de pagarle su salario y enviarlo al Jury de Enjuiciamiento.

A diferencia del proceso oral, la Constitución le pone plazos al juicio político para su comienzo, desarrollo y culminación. Empezó el lunes 25 de septiembre y el jurado fue designado por sorteo. Está integrado por los jueces Javier de la Fuente (presidente del Tribunal) y Javier Leal de Ibarra; los senadores Daniel Bensusán (Frente de Todos) y José Torello (PRO); las diputadas Anahí Costa (Frente de Todos) y Ana Romero (PRO); y el abogado Alfredo Barrau.

Para lograr la destitución de un magistrado se necesitan al menos cinco votos de los siete miembros y el fallo no es apelable. En tal sentido, los antecedentes no son favorables para Bento: desde que el Jurado de Enjuiciamiento comenzó a funcionar en 1998, 24 jueces fueron juzgados y 17 terminaron destituidos.

Durante el juicio político, los acusadores fueron la diputada Roxana Reyes y el senador Eduardo Vischi, ambos de Juntos por el Cambio, y el abogado Miguel Piedecasas, quien lideró los alegatos contra el juez, que declaró durante el proceso. La defensa estuvo a cargo de Mariano Fragueiro Frías, que también representa a Bento en el jucio oral.

Más allá de la estrategia judicial, en las últimas semanas el equipo de defensa de Bento impulsó una fuerte ofensiva mediática, principalmente en diarios, portales y canales de TV nacionales, para relatar su versión de los hechos. Con entrevistas y notas, el juez defendió su inocencia, se desligó completamente de las acusaciones, acusó a parte de la dirigencia política y denunció que Vega lo odia y que esa enemistad lo llevó a este punto crucial de su carrera. Sin embargo, en proceso oral y público, la decisiones del fiscal fueron avaladas por diferentes jueces y camaristas.

Más allá de lo que pasó y pasará en el edificio de los Tribunales Federales de Mendoza, ahora todas las miradas apuntan a la sede del Consejo de la Magistratura en Ciudad de Buenos Aires. Allí se definirá este miércoles el futuro de Bento, el todopoderoso juez federal que pone en juego mucho más que su cargo. Su libertad, fundamentalmente.