El debate por la segunda megacausa por los abusos cometidos en el instituto para niños sordos Antonio Próvolo de Luján de Cuyo finalizará este miércoles con la lectura de la sentencia a las nueve imputadas.
La jornada inició a las 8.30 en la sala 15 del Polo Judicial, donde las acusadas tuvieron la posibilidad de dar su última palabra antes del veredicto.
Ante la presencia de las víctimas y el Tribunal Penal integrado por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Renna y María Belén Salido, la primera en hablar fue la psicóloga Cecilia Raffo, quien apuntó contra la fiscalía y la querella, al afirmar que fueron años duros, donde vivió ataques de pánico y tuvo que acudir a un tratamiento psiquiátrico.
La parte acusatoria no formuló cargos durante el proceso, por lo cual quedó al borde de la absolución.
Luego fue el turno de la monja Asunción Martínez, quien arriesga 10 años de cárcel. Habló del rechazo y la condena social. Detallando que cuando sale a la calle recibe insultos, burlas y tratos humillantes.
“Quiero empezar con una frase ‘toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario’”, sostuvo al iniciar su presentación, haciendo referencia al trato que recibió por parte de la fiscalía y los representantes de las víctimas.
“Este juicio nos ha robado mucho y espero que no nos robe la esperanza de salir de acá y salir mujeres más fuertes para luchar por la verdad”, destacó y cerró con un “volveremos a nacer de las cenizas”.
Por su parte, la ex directiva Valeska Quintana, quien llega a esta instancia imputada, pero también sin formulación de cargos, dijo entre lágrimas: “No es fácil trabajar en una escuela de educación especial”.
A su turno, Cristina Leguiza, otra de las directoras del Instituto, que llegó sin cargos a esta etapa del debate, expresó: “Llevo muchos años de silencio y cuesta mucho hablar después de haber escuchado tanto”.
Y agregó: “Tuve mucho miedo y lo que me queda hasta ahora es miedo.”
También Laura Gateán, ex directora que llegó sin cargos, hizo referencia a lo difíciles que han sido estos años. Le agradeció a su esposo, hijos y profesores del colegio.
Una de las más complicadas es Graciela Pascual, la licenciada en trabajo social de 67 años y representante legal del Instituto. Podría pasar 18 años en prisión, de acuerdo con la pena solicitada por la Fiscalía y la querella.
Está imputada por participación necesaria en términos de comisión por omisión, emergente de la violación al deber de garante en los delitos atribuidos a Horacio Corbacho, Nicola Corradi, Armando Gómez, Jorge Bordón y un exjardinero.
Entre lágrimas agradeció a sus abogados y le dijo a la parte acusatoria: “Espero que Dios los perdone por hacer tanto daño”.
En forma breve, Noemí Paz, la cocinera del Próvolo, que arriesga una pena de 3 años de prisión (excarcelable), dijo: “No puedo decir más porque esto me dolió muchísimo”.
alocución citando una frase del apóstol Pedro a la que sumó una apreciación personal. “No podemos callar lo que hemos visto y oído, vivido a lo largo de este juicio”, dijo.
Después apuntó contra los abogados de las víctimas y la Fiscalía y también los acusó de ser responsables de la condena social.
A su vez, destacó que no “odia” a sus acusadores, ni les guarda bronca. “No tengo en mi corazón esos sentimientos”, sumó.
“Para finalizar quiero terminar diciendo unas palabras de Jesús: ‘No tengan miedo’. Esas mismas palabras me ayudaron a afrontar a lo largo de todo este juicio distintas situaciones”, refirió
Y cerró: “Me digo: ‘No tengas miedo porque soy inocente'”.
Con el uso de la última palabra prosiguió la ex directora del Instituto Próvolo, Gladys Pinacca, a quien también al Tribunal se le pidió una condena de tres años de prisión. Le solicitó a las juezas que le devuelva el buen nombre y honor para dejárselos a sus sobrinos.