El pliego que envió Jaque a la Legislatura proponiendo a Joaquín De Rosas como fiscal de Estado está, hoy por hoy, en el ojo de la tormenta. Los Ortubia, un matrimonio de abogados que trabajó durante 30 años para la familia Vila, acusa al fiscal, actualmente en condición de subrogante, de actuar con ineptitud y negligencia en por lo menos cinco causas.

Dos causas corresponden a la expropiación Dalvian S.A y en juicios contra Daniel y Alfredo Vila, otra a una presentación del contador (recientemente fallecido) Moreno Fernández contra el gobierno provincial por no pagarle honorarios y las últimas dos a juicios civiles que impulsó el Estado contra el empresario constructor Alberto Thome SA, quien había reclamado los mismos beneficios que obtuvo Dalvian S.A.

El caso más resonante en los expedientes presentados por estos dos abogados tienen que ver con la expropiación de terrenos de la zona del Divisadero Largo y piedemonte. La causa se inicia con un préstamo que pide Dalvian S.A al entonces Banco Mendoza en 1982. Del empréstito que pidió el grupo empresario sólo se liquidaron los primeros tres semestres de un total de seis. Para ese entonces la deuda de Dalvian ascendió a 2 millones y medios de dólares, monto consentido por ambas partes, según indican los letrados.

“Para resolver esta deuda la empresa constructora realizó un convenio con la Provincia donde se fraccionaron numerosos inmuebles y se establecieron hipotecas a pagar en un plazo de 10 años. Además se concedía la posibilidad de que la empresa vendiera esos inmuebles y transfiriera la deuda”, contó a El Sol el abogado querellante, Alberto Ortubia, quien junto a su esposa, Ana María Federigi, avanza en la intención de frenar la designación de De Rosas.

Como ya venía ocurriendo este convenio no se cumplió y dio origen a 93 juicios hipotecarios contra Dalvian. “Los juicos no terminaron ya que en el 2005 se firma otro convenio entre la Dirección de Administración de Activos de ex Bancos Oficiales (Daabo) y la compañía de la familia Vila con el que se dictamina que la deuda que tenía Dalvian, que además absorbe la deuda contraida por Jorge Estornell en nombre de Canal 7 por un total de 3 millones 700 mil dólares, se reducía por arte de magia a sólo un millón y medio de pesos. Es decir que ambas deudas, la de Dalvian SA de un total de 2 millones y medios de dólares y la de Estornell por casi cuatro millones de dólares sería considerada por el Gobierno por un total de un millón y medio de pesos y no dólares como correspondería.

¿Cómo piensa pagar Dalvian?. En ese extraño convenio del 2005 que fue firmado por el fiscal Joaquín de Rosas, se acordó que la empresa pagaría su deuda reducida a través del valor que surgiera de la expropiación de los terrenos del Divisadero Largo. “El valor de ese terreno fue fijado por el tribunal de tasación en 3.300 pesos en total, mientras que el Estado pagó un total de 3 millones 700 mil pesos por el mismo”, prosiguió Ortubia. En la fijación de este último monto también intervino De Rosas.

Finalmente, la deuda de Dalvian se actualizó en mayo del 2005 y pasó de un millón y medio al millón 700 mil pesos. “Con los casi 4 millones que pagó el Estado a la empresa por la expropiación de los terenos, Dalvian pagó su deuda”, explicó Ortubia, quien agregó: “Quedó un remanente de casi dos millones de pesos que la empresa constructora decidió donar, por convenio, a la provincia. Pero por un expediente firmado por la Fiscalía de Estado se determió que ese remannte debía ser repartido entre los abogados que supuestamente trabajaron en la causa”.

Justicia y Legislatura. Todos estas denuncias que presentó el matrimonio Ortubia fueron llevados al fuero penal donde aún no se han determinado responsables. Al mismo tiempo se presentó a Senadores que por audiencia pública deberá decidir el futuro del cuestionado Joaquín De Rosas, la cual se realizará el próximo miércoles 10 en el Salón Ricardo Rojas.