Una pregunta ha comenzado a multiplicarse en Mendoza y en algunos círculos políticos y empresariales, más que nada, con mayor intensidad y en voz cada vez más alta mientras avanza y se confirma el confinamiento social como forma de combatir a la pandemia del nuevo coronavirus, el COVID-19. ¿Por qué el gobernador Rodolfo Suarez no puede o no logra discriminar algunas de las medidas que se toman a nivel nacional, ordenando alguna diferenciación frontera adentro de la provincia?, ¿por qué no permite, por caso, que en ciertos y determinados poblados o parajes se pueda habilitar el comercio con restricciones o algún otro tipo de actividad económica con sus respectivos protocolos? ¿No puede, no quiere o, en definitiva, ha dispuesto dejar todo en manos de la Nación para evitar pagar algún tipo de costo extra en medio de tanto suplicio?

Los cuestionamientos a Suarez por lo que se entiende como una suerte de sumisión a la Nación sin condicionamientos ni muestras de autonomía e independencia, cuando se cree que se lo podría haber permitido, arreciaron durante el fin de semana, cuando se aguardaba el anuncio, por parte del presidente Albero Fernández, de una nueva fase de la cuarentena que fue llamada de “segmentación geográfica” o “focalizada” y que se extenderá hasta el 10 de mayo.

Hay dos razones por las que el Gobierno de la provincia dispuso avanzar con cautela y siempre en sintonía con la Nación. Una tiene que ver con que a Suarez lo incomodó quedar en la primera línea de fuego de las críticas de la Nación, cuando, antes de que se declarase la cuarentena obligatoria para todo el país, Mendoza había dispuesto restringir el ingreso a la provincia además de obligar a todo el mundo que lo hacía a confinarse durante 14 días sin moverse de su domicilio para identificar a los posibles contagiados de la peste. Todavía, Mendoza no había tenido casos de la enfermedad y esa decisión le valió un rosario de cuestionamientos políticos de la Nación y de no pocos funcionarios y referentes del oficialismo nacional.

La otra razón es puramente jurídica. En el entorno del gobernador aseguran que Suarez en un momento, cuando arrancaba la expansión del virus, también se preguntó cuál sería su margen de maniobra frente a lo que iba ordenando hacer la Nación. Con algunos constitucionalistas, como Carlos Egües y el ministro Víctor Ibañez, discutieron los DNU que fue firmando el presidente y todos acordaron que jurídicamente abarcaban a todo el territorio nacional y que no se los puede contradecir, ni en un todo ni parcialmente. Que, en concreto y regulados por la Constitución, los DNU se interpretan con el mismo valor de una ley propia del Congreso y “junto con las normas que quedan por encima de ellos (Constitución y tratados internacionales) conforman el bloque de constitucionalidad federal al que las provincias deben ajustarse por disposición del artículo 5 de la Constitución”.

Así y todo, y aunque la pandemia del coronavirus sorprendió al mundo, literalmente, y expuso las dificultades, vulnerabilidades y, a la vez, fortalezas de los Estados como no había pasado en mucho tiempo, a medida que fue avanzando el encierro de casi la totalidad del planeta, comenzaron a surgir, a la par, los conflictos que confrontaron las necesidades y prioridades sanitarias con las demandas económicas. Con lo que la presión hacia los gobernantes sería un hecho, bastando solo que el paso del tiempo la expusiera. Y, eso es lo que ha sucedido en los últimos días.

Está claro que Fernández, al anunciar la extensión de la cuarentena hasta el 10 de mayo, siguió confirmando el criterio de primero la salud, luego la economía. Pero, con algunos matices y consideraciones diferentes de lo que había mostrado desde que anunciara el encierro general, allá por el 19 de marzo. Tanto es así que optó por establecer una regla general con un mismo criterio a seguir en todos los conglomerados que superen los 500.000 habitantes, pero dejó en manos de los gobernadores y de los intendentes las flexibilizaciones en los territorios con menos población.

Anoche, Suarez todavía se seguía debatiendo si permitía o no las actividades recreativas a no más de 500 metros y por el tiempo de una hora, cuando a media tarde estaba convencido de que se podría llevar adelante sin inconvenientes. Pero, la CABA, la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán, que anunciaban que no permitirían tal actividad, lo sumían una vez más en la duda.

Sin embargo, con los intendentes, en un contacto virtual que tuvo al mediodía, había acordado que, con el nuevo decreto de Fernández, redactado y firmado, analizarían qué hacer en los departamentos fuera del considerado Unicipio, el Gran Mendoza, en el que todo seguiría sin cambios, aunque con la autorización de las salidas recreativas.

En algunos departamentos podría volver el comercio. Es lo que ha comenzado a analizarse desde ayer. Las características serían muy precisas y claras, por ejemplo, con la mitad de la gente o menos en circulación, la que se habilitaría por el número de terminación del DNI o por género, para controlarla más eficientemente. Pero, la discusión recién está comenzando. Y, así como las obras privadas empiezan a reactivarse a partir de hoy en la provincia, también hoy se decide la incorporación al trabajo de las profesiones liberales, como las de los abogados y los contadores.