El Gobierno tiene en observación el comportamiento y manejo que han hecho de la empresa los accionistas privados que controlan Edemsa, la principal distribuidora eléctrica de la provincia. En días más, de acuerdo con lo que publicó diario El Sol el fin de semana, el Ejecutivo debería tomar una decisión de fondo: permitir que el grupo accionista continúe con el control de la firma o llamar a una nueva licitación en caso de que no haya sido satisfactorio su funcionamiento.

La cuestión, en buen romance, tiene mucho color y humor a presión política porque el actual gobierno no ha tenido una relación armónica con la empresa desde que cambiaron las exigencias hacia los empresarios, en los inicios del 2016. Pero, además, por si fuera poco, o como consecuencia de aquello, los estándares del servicio que presta la compañía, que tiene el 70 por ciento del mercado eléctrico provincial, lejos están de ser óptimos. Un informe elaborado por el EPRE, aún no concluido, apunta que “apenas” la empresa ha normalizado la calidad de la prestación en términos generales, en algunas regiones “le falta mucho” y en otras ni siquiera se atiende “lo mínimo”.

La historia de la relación entre la empresa y el Estado provincial, desde 1998, cuando la vieja estatal EMSE pasó a ser controlada por los privados, ha sido inestable. Pero hubo años en los que el control de la Provincia resultó ineficiente o inexistente, dando espacio a un estado de cuasi relaciones carnales. Los años de la convergencia eléctrica, que operó entre el 2014 y todo el 2015, aportaron más confusión al sistema, particularmente en lo concerniente a los planes de obras obligatorios que la firma debió cumplir y que lejos estuvo de ese objetivo.

La convergencia eléctrica fue producto de una decisión política. El Ejecutivo nacional tomó la decisión de no autorizar las actualizaciones tarifarias, y las obras para satisfacer la demanda de las distribuidoras, de todas, no sólo la mendocina Edemsa, quedaron en manos del poderoso Ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido, hoy preso en el penal de Marcos Paz. La Provincia, por entonces, resignó el control sobre las empresas. Las facturas por el servicio no se actualizaban y a las compañías llegaban, desde la Nación, partidas dinerarias destinadas a obras. Pero no pareció ser, a la luz de los resultados, una estrategia exitosa: en dos años, entre el 2014 y el 2015, De Vido envió a Mendoza $400 millones para realizar obras eléctricas para todas las distribuidoras de la provincia. Pero, a la salida de la convergencia, sólo en el 2017 y exclusivamente a cargo de Edemsa, la firma debió invertir $600 millones de acuerdo con datos oficiales.

Durante la convergencia, las partidas de dinero que enviaba la Nación se presentaban y anunciaban bajo la organización de llamativos actos de fuerte contenido y tono político. Los funcionarios de Planificación se repartían entre las provincias para entregar los cheques a las distribuidoras con la presencia en segundo plano de los gobiernos provinciales. A Mendoza solía llegar Daniel Cameron, el secretario de Energía de aquellos años, para florearse con las entregas de fondos.

Edemsa no sólo tiene serios problemas con la provincia respecto de los estándares del servicio que se le reclama. Le adeuda a Cammesa, el mayorista nacional al que le compra la energía, alrededor de $3 mil millones. Por ahora, la compañía paga por la energía que le compra al mayorista. El problema lo tiene con lo que se le exige históricamente. La Provincia observa esa situación de cerca. Pero se trata de una relación entre particulares en la que sólo el Estado podría intervenir llegado el caso de que Cammesa tome represalias contra su cliente por lo que le está adeudando.

La mayor eléctrica mendocina cuenta con tarifa plana desde agosto del 2018. Pero, desde esa fecha en adelante, de igual forma reclama a la Provincia una actualización por inflación. Un aspecto llamativo en la relación entre la compañía y la Provincia es que, más allá de la convergencia, el EPRE tenía aprobados los protocolos para sancionar a la firma, pero no se cumplían. Edemsa ya ha tenido que bonificar a sus clientes por cortes por una suma de $286 millones a enero del 2017. Luego debió afrontar sanciones semestrales que no pagó, por lo que el Estado provincial ejecutó la deuda bajo la intervención de la Justicia. Tuvo que pagar $150 millones por ese concepto, incluyendo los intereses, y, recientemente, fue multada a abonar $79 millones por las sanciones del segundo semestre del 2018.