Conformar su gabinete, definir quiénes ocuparán los cargos legislativos más importantes, terminar de delinear el Presupuesto 2020 y avanzar en las negociaciones para modificar la ley antiminera son las principales preocupaciones que le esperan al gobernador electo, Rodolfo Suarez, a su regreso de la gira por Europa y China. Sin embargo hay otro tema clave que, si bien no tiene misma urgencia, ocupa un lugar destacado en la agenda: la política de juegos.

Suarez debe decidir, en primer lugar, quién comandará el Instituto Provincial de Juegos y Casinos (IPJyC). Su actual presidenta, Josefina Canale, asumirá como diputada provincial y todavía no hay un nombre firme para reemplazarla.

En este sentido, la presidenta del IPJyC indicó que no tiene precisiones en cuanto a su sucesor o sucesora. En off se barajan algunos nombres, entre los que se destaca el de César Biffi, que a fin de año termina su gestión en la Legislatura. Otro que cumpliría con los requisitos es el actual gerente comercial del IPJyC, Alejandro Donadell. También en algún momento se mencionó a la subsecretaria de Contrataciones y Registros de la Municipalidad de Capital, Cecilia Mengoni.

Las definiciones de Suarez

Entre sus tareas pendientes, Suarez deberá marcar un rumbo en torno a la política de juego que implementará en sus próximos cuatro años de gestión. Fuentes del radicalismo admiten el tema no es primordial pero sí está en la agenda y que recién cuando se designe al titular del IPJyC se podrán tener mayores precisiones sobre si el futuro gobernador seguirá la línea de Alfredo Cornejo y continuará cerrando casinos, o si en cambio elegirá otro camino y buscará modificar el esquema de contratos.

Lo cierto es que los plazos son cortos, ya que en 2020 se vence la concesión de los cuatro anexos departamentales del Casino Central que mantienen sus puertas abiertas y están ubicados en San Martín, Rivadavia, Malargüe y General Alvear.

Pero más importante aún es que en 2021 caduca la concesión del Casino Central, con sede en Godoy Cruz. Y a menos de un mes de dejar su trabajo en el IPJyC, Canale aclaró que actualmente la principal sala de juegos con partipación estatal “deja pérdidas”, a diferencia de lo que ocurre con los anexos departamentales.

“En el Casino Central, subir el canon al proveedor fue perjudicial para las arcas de la provincia. Es un modelo de negocios que no cierra, no es conveniente seguir con este esquema”, precisó Canale, que ya hizo algunas recomendaciones al mandatario electo.

Según explicó la funcionaria, con el contrato actual del Casino Central, el operador privado se hace cargo de las máquinas y el sistema, mientras que corre por cuenta del Estado el gasto en seguridad, personal y limpieza, entre otros ítems. Y se maneja con un esquema del 50 y 50 de ganancias entre privados y el sector público.

Mientras que, si bien en los departamentos el reparto es similar, los privados se hacen cargo también de la limpieza y la seguridad, por lo que esos anexos si dejan ganancias. “Creo que lo más importante es cambiar el esquema de negocios”, sintetizó Canale.

Hay que recordar que en estos cuatro años de gestión se cerraron seis casinos: cuatro en el Valle de Uco, uno en Uspallata, y el casino privado de San Rafael. Frente a esto Canale indicó que había una “sobre oferta” y con los cierres se “equilibró la situación”.

Balance

La presidenta del IPJyC realizó este jueves un balance de la gestión que llevó adelante. “Cuando llegamos tuvimos que recolectar las deudas que ascendían a 90 millones de pesos con más de 8 meses de demora en el pago a proveedores”, indicó. Destacó que actualmente esos números fueron saneados y los pagos están al día.

En cuanto a la limpieza, hubo una disminución de las horas hombre del 46% en 2016 con respecto a 2015. Hay que recordar que el ex titular del Casino, el peronista Carlos Bianchinelli, estuvo en la mira de la justicia y del Tribunal de Cuentas por el presunto pago de sobreprecios a la empresa que se hacía cargo de la limpieza.

Otra reducción que destacan las autoridades actuales es con respecto a la planta de personal. En 2015 el Casino tenía 794 empleados, mientras que actualmente hay 582 personas prestando servicios para el organismo. Una de las medidas que se implementó fue la no renovación de parte de los contratos y locaciones, que representaban el 15% de la planta.