Finalmente, la muerte del perro rociado con un líquido inflamable y luego quemado para expulsarlo de la puerta de una casa a fines de octubre de año pasado tuvo este viernes su juicio oral y público en el Primer Juzgado Correccional, a cargo de Orlando Vargas.
El ingeniero Ricardo Manzón (49) reconoció que quemó y mató al can y, por ello, recibió una condena de siete meses de prisión en suspenso y cargo de costas judiciales. Además deberá pagar durante 6 meses, 10kg. de alimentos para perros destinados a la protectora de animales, Asoreva.
Al grito de “asesino”, defensores de los animales esperaron Manzón en las puertas del juzgado. Pero, sin decir palabras y con una mueca de sonrisa, el acusado salió custodiado por personal policial.
“Consideramos que es un paso adelante en la lucha por los derechos de los animales. Es otro hito en la jurisprudencia al considerar al animal como sujeto de derechos”, expresó conforme el abogado querellante Oscar Mellado.
La resolución del hecho, llega luego que la defensa propusiera realizar un juicio abreviado, que es aquel donde el imputado reconoce el delito y pacta una pena con la fiscalía, para terminar con la causa que se inició en octubre del 2015.
Como parte de la pena, el juez le impuso a Manzón a seguir determinadas reglas de conducta durante dos años que incluyen no beber alcohol ni consumir drogas. En tanto, deberá pagar $5.000 de la acción civil a la Asociación Protectora de Animales, correspondientes a los gastos veterinarios que se hicieron al intentar salvar al perro. Más las costas judiciales.
El caso, que conmovió a Mendoza y al país, ocurrió el 29 de octubre en Guaymallén, cuando el acusado, según las denuncias, roció con combustible al perro callejero – bautizado “Fueguito” por los vecinos- que lo molestaba en la puerta de su casa. El animal, herido gravemente, fue atendido en una veterinaria, pero murió.
“Ha sido interesante la pena que se le ha puesto para este tipo de delito, porque son 7 meses de prisión en suspenso, cuando el mínimo de la pena es de 15 días a un año. Ha sido razonable al hecho”, expresó el juez Orlando Vargas.
Manzón debió seguir un tratamiento psiquiátrico ambulatorio por un año, ya que se determinó que era “responsable de sus actos” al cometer el hecho. Las primeras pericias psiquiátricas habían determinado que “por su rigidez e inadecuado manejo de sus impulsos”, debía ser ” considerado peligroso para sí y para terceros”.
Por lo que la justicia solicitó que el cuerpo forense determine si es conveniente que el ahora acusado continúe o no con el tratamiento.
Para el abogado Ulises Morales, querellante por la parte civil, “se ha hecho justicia”. Uno de sus objetivos, por pedido expreso de los proteccionistas era que el ingeniero no fuera condenado a realizar tareas comunitarias en ningún refugio de animales.
“No queremos que este hombre esté cerca de nuestros animales”, indicaron desde la Sociedad Protectora de Animales.
La condena social
Desde que se conoció el hecho, vecinos y autoconvocados defensores de los animales se manifestaron en reiteradas ocasiones en la puerta de la casa que el ingeniero ocupaba en Guaymallén.
Incluso en las redes sociales se llevó a cabo una movida trascendental en contra del maltrato animal. Tanto así que a través de la plataforma Change.org lograron juntar más de 97 mil adscriptos a la causa pidiendo “Justicia” y cárcel para Manzón y su esposa, que también era sospechada del crimen.
La mañana del viernes, no fue la excepción, convocados en la puerta de tribunales manifestaron nuevamente su repudio al hombre que mató cruelmente a Fueguito.
“La condena social continuará”, expresó Romina de Asoreva. Asociación que ya piensa acciones “pacíficas” para seguir “escrachando” al ahora acusado.
“No debemos olvidar que este hombre sigue siendo peligroso para la sociedad”, comentó Fabio Milesi, en la puerta del juzgado.
Mientras que Verónica Pérez dijo que “Este hombre debería estar preso por lo que hizo, pero la ley no lo permite”.