Son días movidos en la causa por la desaparición del empresario Diego Alfredo Aliaga. A los rastrillajes para intentar encontrarlo y la incorporación de pruebas físicas y testimoniales, se sumó este miércoles por la mañana el procesamiento con prisión preventiva contra los cuatro detenidos que tiene la causa.
El juez federal Marcelo Garnica entendió que Diego Barrera (51), su pareja, Bibiana Sacolle (46) y los dos hijos de ella, Lucas (26) y Gastón (28) Curi deben seguir en la cárcel por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas mientras continúan el desarrollo de la instrucción.
Básicamente, la medida cautelar que afecta el derecho de la libertad, que se decreta previamente al fallo de una sentencia en un debate, fue resuelta por el magistrado porque, señaló, existe riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
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Estos peligros procesales atentan contra el curso normal del expediente que lidera el fiscal Fernando Alcaraz, debido a que Barrera y su familia tienen los medios económicos para mantenerse en la clandestinidad y evitar seguir sometidos a proceso y que se llegue a la verdad.
Además, el magistrado trabó un embargo por cinco millones de pesos sobre los bienes de cada uno de los imputados. Garnica les dio un plazo de tres días para depositar el monto establecido. En caso de no poseer los recursos suficientes, dispuso que se inhiban todos sus bienes.
Por último, ordenó que le realicen exámenes mentales a los cuatro procesados, tal como había solicitado el fiscal Alcaraz.
El empresario Diego Aliaga dejó de ser visto la mañana del 28 de julio en un inmueble de calle Bandera de los Andes de Guaymallén. Allí tenía pensado juntarse con su socio, Diego Barrera, porque tenían pensado potenciar un centro de rehabilitación para discapacitados.
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Aliaga y Barrera habían pasado la noche juntos con dos mujeres en la casa del empresario, en el barrio Palmares de Godoy Cruz. Sin embargo, desde esa jornada, no volvieron a verlo.
Se cree que Barrera y su familia tuvieron pariticipación directa con la desaparición y el llamado extorsivo que recibió el hermano de la víctima, a quien le exigieron un millón de dólares a cambio de su libertad.