El primer día de la audiencia pública sobre la constitucionalidad o no de la prisión perpetua –que se debate en la Suprema Corte de Justicia de Mendoza- giró en torno a dos posturas claramente diferenciadas: por un lado, el aval de la norma como una herramienta para combatir la inseguridad y prevenir “la puerta giratoria de los delincuentes”; por el otro, se inclinó por poner de manifiesto la crueldad del sistema carcelario y la inexistente resocialización en los contextos de encierro.
Hubo una tercera postura, aunque menos popular, en la que se sostuvo que está sanción “es una mentira porque existen varias instancias de revisión de la condena a la que se puede acceder a la libertad”.
Con estas exposiciones abiertas a la sociedad, la Corte busca responder al interrogante de si la perpetua es constitucional o va a contramano de la Constitución, luego de que el juez Eduardo Martearena se opusiera a dictar la máxima condena en un juicio por jurados que se celebró el año pasado.
Estas exposiciones fueron la antesala de lo que vendrá este viernes con la participación del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni y el diputado Alfredo Cornejo.
A favor
Entre las voces que se escucharon este jueves se ubicaron la de legisladores conocidos por su postura de “mano dura”, como es el caso del diputado nacional Luis Petri, el ex ministro de Seguridad Gianni Venier y Matías Bagnato, el único sobreviviente de la masacre de Flores.
Venier, que se desempeñó como ministro de Seguridad en la gestión de Cornejo, abogó por la constitucionalidad de la pena y advirtió que no es competencia de los magistrados buscar algún tipo de abolición “sino del Poder Legislativo”.
El penalista apuntó contra un sector de la Justicia “que trata de separar el derecho penal del bienestar ciudadano y de las relaciones entre las víctimas y el victimario, porque el derecho penal está más allá del principio de socialización, si no fuera por esto no habrían penas”.
“Esta forma de pensar (haciendo referencia al garantismo) nos está llevando a ser una sociedad más insegura. Se enfocan más en la socialización pero no en la punición. Algo que me llama la atención es que no hay psicólogos y psiquiatras que nos puedan aportar su visión de la resocialización. La mayoría de las escuelas de Europa sostiene que no hay recuperación y que si se los libera al delincuente que comete estos hechos tan aberrantes lo único que se producen es nuevas víctimas”.
Por su parte, el diputado nacional Luis Petri (UCR) sintetizó su posición: “Las penas perpetuas son constitucionales, proteger a la sociedad y a las víctimas frente al delito debe ser una política de Estado”.
El único sobreviviente de la Masacre de Flores, ocurrida en febrero de 1994, Matías Bagnato contó cómo vive con la pérdida de toda su familia y con la angustia de que el homicida que quemó su casa, “cada seis meses puede solicitar el beneficio de las salidas transitorias”.
“Estoy a favor de la constitucionalidad de la prisión perpetua, más allá que sabemos que no será cárcel de por vida porque los delincuentes pueden solicitar beneficios o reducciones de condena. Es muy difícil escuchar hablar de tortura o de derechos humanos, cuando tu familia murió quemada o ver cómo tu casa se incinera con toda tu familia, qué me digan qué es eso, si no es una tortura”, dijo ante la escucha atenta del presidente de la Corte mendocina, Dalmiro Garay.
La filósofa Diana Cohen Agrest, quien perdió a su hijo en un hecho de inseguridad, aclaró que la reinserción social no puede ser excluyente de la pena retributiva y que en todo caso esa rehabilitación social puede hacerse en el medio interno de la cárcel.
“Acá me pongo como madre, ojalá yo pudiera ir a ver a mi hijo a la cárcel, donde podría estudiar, hacer deporte y tener un proyecto de vida. Por eso sostengo que la pena perpetua es constitucional”, disparó.
En contra
Desde un ángulo opuesto, el abogado Juan Ferraris pidió a los miembros de la Suprema Corte de Justicia que declaren la inconstitucionalidad de la condena de por vida “porque no se busca una resocialización, sino un castigo por sí mismo”.
“La prisión perpetua es una muerte prolongada y acá el Estado hace algo similar a la selección natural. Enjaulá de por vida a aquel que no va a poder reinsertarse en la sociedad”, analizó.
Por último, se expresó en contra de los discursos políticos sobre la “mano dura” y advirtió: “La demagogia punitiva no va a mejorar la seguridad”.
En esta línea argumental, la docente y miembro del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Patricia Farina, se preguntó: “¿El tiempo de encierro mejora a las personas que están privadas de la libertad, los genocidas dijeron a dónde arrojaron los cadáveres de los desaparecidos o adónde están los niños apropiados? Creo que este debate no debe hacerse en posiciones binarias porque no contribuye a reflejar la complejidad del tema”.
Por último, Silvia Ontiveros, mamá de Alejo Alejo Hunau, un joven asesinado en 2004, dudó de la eficacia de la prisión perpetua y de la reinserción en las cárceles porque esas “no cumplen con los estándares mínimos”.
“Cómo voy a pretender que se van a insertar en la cárcel, si nacen en contextos desiguales. El asesino de mi hijo empezó con la droga a los 13 años“, ejemplificó la mujer.
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