Un grupo de abogados de la provincia, nueve en total, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia en contra de las regulaciones que estableció el gobierno de Rodolfo Suarez, en medio de la cuarentena, con el fin de ordenar las salidas de compras de los ciudadanos por días y por número de documento de identidad. Para los juristas, lisa y llanamente, el Ejecutivo mendocino no sólo se ha excedido en sus funciones, sino que ha terminado avasallando y profundizando aún más de lo que ya estaban, las libertades de las personas y sus derechos a la vida y al propio trabajo.

Incluso, bajo un extenso escrito por el que se argumenta el objeto de la presentación judicial, la que apunta no sólo a que se declare la inconstitucionalidad de la medida sino también su arbitrariedad, los abogados sostienen que tanto el DNU del presidente, aquel por el que se estableció el confinamiento de las personas el 19 de marzo, como el más reciente del gobernador por el que se ordenó quiénes pueden salir de compras según el día y el número de DNI, atentan contra el Derecho al Trabajo porque restringe la actividad comercial “cuando constituye la única forma de obtener los alimentos indispensables para el sostenimiento del presentante y su familia, siendo este un derecho inalienable de la persona con capacidad suficiente para realizarse, el cual se encuentra íntimamente vinculado a su derecho a la vida y a la libertad. Por lo tanto –agrega el escrito–, el derecho a trabajar lleva ínsito los derechos personalísimos del sujeto: el de la vida y el de la libertad, los cuales se encuentran afectados por los decretos mencionados”.

Según el criterio de la presentación, el decreto de Suarez “ha excedido la delegación brindada” por el DNU del presidente y “ha limitado aún más la ya fuerte limitación que traían las normas nacionales respecto de la libertad ambulatoria”. Los abogados repasan el contenido del decreto presidencial que ordenó el confinamiento al que se denominó “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En la enumeración de los hechos contenidos en aquel DNU, se señala que aquellos que no cumplieran con lo establecido serían sancionados y la forma o manera en la que la policía haría cumplir la medida, llegando incluso al hecho del secuestro del vehículo en el que se moviera el infractor si es que, claro está, estuviera en clara violación a la norma. Por supuesto que el escrito critica, de forma elíptica, lo establecido por Fernández. Pero más aún señala la posible inconstitucionalidad y arbitrariedad de Suarez, calificando de “exceso total”, la decisión de disponer que sólo la mitad de la población pueda salir de compras y a realizar trámites en los días determinados.

“No sólo –añade el escrito­– es un exceso normativo de la delegación, sino que ya directamente raya con la inmoralidad al prohibir la posibilidad de elegir qué comer o con qué limpiar el día en que el DNI no permita la salida”. La presentación también se ocupa de cuestionar lo que para muchos ya es un falso dilema el que se ha propuesto a la sociedad entre salud o economía o, como dice el escrito en términos coloquiales “entre la salud y el bolsillo”. Realmente, aclaran los abogados, “eso no es así, porque la afectación es entre otros muchos derechos” que han sido cercenados. “No es entre salud y economía, sino entre salud y libertad, propiedad, igualdad, trabajo y derecho de reunión”, afirman.

“Nadie discute que la pretensión aquí esgrimida presenta una clarísima tensión en el fondo, puesto que está en juego la salud de las personas por una parte y por el otro todo un catálogo de derechos humanos, constitucionales y legales cercenados, en este momento, por la protección de la salud. Ahora, esto no es óbice para que el Estado provincial cercene las facultades de los individuos”, se lee en el escrito que se presentó ante la Justicia. 

Más adelante, los firmantes recuerdan que todas las medidas tomadas están fuera del marco constitucional vigente y que sólo serían propias de un estado de conmoción tal que justificara la declaración del Estado de Sitio y, por si fuera poco, sostienen que el Ejecutivo tiene vedado regular materias legislativas de forma expresa, además de lo que manifiestan ha sido una “mala interpretación” del DNU presidencial.

La presentación se realizó vía digital, el miércoles por la tarde, y recayó en el Segundo Juzgado de Gestión Judicial Asociada a cargo de la jueza Marcela Ruiz Díaz. La magistrada, de acuerdo con la información confirmada por este diario, ya había girado este jueves las actuaciones a la Fiscalía de Estado y a la Asesoría de Gobierno para que hicieran su presentación y descargo, respectivamente, sobre el asunto.