Todo parece indicar que nada ni nadie, por ahora, podrá frenar el proceso de licitación internacional para la construcción de la presa Portezuelo del Viento, sobre el río Grande en Malargüe, previsto para el 2 de junio a las 11 de la mañana. Ni la provincia de La Pampa, que ha buscado por diversos medios bloquear el avance de ese emprendimiento, ni tampoco un grupo de firmas locales de la construcción, de tamaño medio y pequeño, que han venido advirtiendo desde varios meses atrás que la operatoria está sospechosamente dirigida a beneficiar a un determinado grupo de compañías –nacionales y extranjeras– con escala internacional, podrían detener un proceso que se ha transformado en clave y vital, tanto para la provincia y el gobierno de Rodolfo Suarez como para el de la Nación, que conduce Alberto Fernández.

Lo más importante para el futuro de la obra, quizás, sea la confirmación política y estratégica que está haciendo la Nación, y particularmente la gestión de Fernández que ha respetado los acuerdos firmados entre la Provincia y el Ejecutivo nacional en épocas de Mauricio Macri, al enviar las partidas correspondientes para la construcción cada tres meses y de forma religiosa, pese a la pandemia de coronavirus y, por sobre todo, pese a que la mayoría de las obligaciones de pago del país han sido reperfiladas a punto de ingresar en default. Hacia fin de año, la Nación deberá cumplir con unos 65 millones de dólares; con 233 millones de la misma moneda para el 2021; 211 millones para el 2022; 448 millones para el 2023 y un poco más de 45 millones para el 2024. En total, serán 1.023 millones de dólares los que enviará la Nación para financiar una obra que no sólo será por lejos la más importante para Mendoza en años, y quizás de toda su historia, sino que es la más trascendente también que tiene planificada Argentina por mucho tiempo.

Pero, como siempre sucede alrededor de negocios de tal magnitud, que atraen tanto interés a nivel local e internacional, suelen crecer las dudas sobre la transparencia de un proceso de licitación que Suarez debe cuidar como lo más preciado de su gestión, a la luz de que tal emprendimiento se ha convertido en, casi, la columna vertebral de su plan económico y de desarrollo frente a los inconvenientes que rodean a la Provincia y, desde ya, también a la Nación.

Por estas horas, un grupo de empresas de la construcción y de la industria de la provincia tenían previsto acercarle al gobernador una suerte de dossier con los datos de no menos de 350 firmas, en su mayoría pymes, todas de origen provincial y con domicilio tanto en el sur y en el centro provincial como en el este, interesadas en ser parte del movimiento económico y comercial que generará el inicio de los trabajos, posiblemente para el año próximo, y que se desplegarán por los siguientes cinco años para levantar una obra que, cuando menos, empleará unos 4.500 puestos directos, además de otros tantos de forma indirecta.

De acuerdo con las especificaciones del pliego de condiciones, ninguna empresa argentina por sí sola estaría en condiciones de llevar adelante la obra, porque no existe una que esté en condiciones de demostrar que haya participado en tres obras similares en los últimos quince años. De ahí que una de las principales críticas y cuestionamientos que recibió el proceso es que está dirigido a las firmas chinas, todas gigantes estatales que llegan a las licitaciones con el apoyo y los recursos del propio Estado chino. De todas formas, cualquiera de las chinas que se pueda presentar, como PowerChina, China Gezhouba Group y China Three Gorges Corporation –las tres que se han mostrado especialmente interesadas– tienen que hacerlo acompañadas por firmas nacionales y es en ese plano donde se está desarrollando una competencia muy particular entre empresas que habrá que seguir con atención. Y, el Gobierno, por quienes aparecen en juego, celosamente cuidadoso de todo el proceso a punto de arrancar.

En punta, como proveedor de las turbinas, surge la local IMPSA con todos los números comprados, lo que tiene para muchos un grado de lógica. IMPSA estaría conformando una UTE con las medianas locales Ceosa y Obras Andinas. Las tres, como UTE, necesitan un operador chino que encabeza el consorcio. Por otro andarivel aparecen en la contienda Panedile Argentina y Pamar Ingeniería y Construcciones de José Luis Manzano. Ambas, Panedile y Pamar, aspiraban de igual forma a conseguir que se les sumara IMPSA para ir con chances por la licitación. Las dos UTE, de llegar a competir, requieren, como está dicho, de un operador chino.

En el gobierno de Suarez dicen que todos tendrán la misma oportunidad y que serán evaluados de acuerdo con las pautas definidas en los pliegos del llamado a licitación; pliegos que no habían sido comprados todavía, una razón más que alimenta el interés de quienes piden frenar el proceso al señalar que no logró la atención de ningún constructor. De todas maneras, el hecho de que los pliegos, que tienen un costo de 100.000 dólares, no hayan sido comprados aún, no significaba nada en especial para el Gobierno, ni para algunos de los actores que se presentarán, porque cualquiera podía acceder a los mismos vía la web oficial de la Provincia y recién una semana antes de la apertura del primer sobre podrían ser adquiridos para su presentación oficial.

En la administración de Suarez pretenden que la mayoría de la construcción de la obra, en al menos 60 por ciento, quede en manos de las empresas argentinas y el resto en las de las extranjeras. Todo comenzará a dilucidarse a partir del 2 de junio, una fecha clave desde ya, para todos: para la que ya es considerada la obra del siglo para Mendoza y de las más importante para el país y, claro está, para una administración de gobierno que la necesita imperiosamente.