“En el interior del país la disposición de habilitar industrias o comercios está en manos de gobernadores, intendentes o de quien corresponda. Lo que nosotros estamos haciendo es anexar en el decreto una serie de protocolos de actividad. Lo único que tendrán que verificar los gobernadores es que esos protocolos sean cumplidos y después fiscalizar que no dejen de cumplirse”. Así se expresaba el presidente Alberto Fernández, el viernes, durante la conferencia de prensa por la que anunciaba que todo el país, con la excepción de la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires lo que se conoce como el AMBA, ingresaría a transitar a partir de esta semana en la fase 4 de la cuarentena con flexibilizaciones al comercio y a la industria en general.

A lo largo de todo el fin de semana los mendocinos esperaron en vano que el Gobierno provincial anunciara el ingreso a la fase 4 con la flexibilización del confinamiento, al que se accedería autorizando el funcionamiento de buena parte de la economía, en particular el comercio en el Gran Mendoza. Cuando finalmente el DNU de Fernández fue publicado a primera hora del lunes, los dos funcionarios del gobierno de Suarez encomendados para anunciar cómo seguiría la cuarentena en Mendoza, esto es Enrique Vaquié, ministro de Economía, y Víctor Ibáñez, de Gobierno, no lograron explicar con convicción por qué, finalmente, el comercio no sería habilitado.

El miércoles 6 de mayo, Suarez había adelantado que pediría autorización a la Nación para que a partir del lunes 11 una serie amplísima de actividades fueran exceptuadas de la cuarentena y que bajo un estricto control de protocolos sanitarios comenzaran a reactivarse. El gobernador pidió en concreto por el “comercio en general, incluyendo a inmobiliarias, empresas de servicios como telefonía y otros, reparación de calzados y otras actividades comerciales”. La solicitud iba acompañada de la decisión local de que estos comercios recibieran sólo la mitad de público de la capacidad total del local. Al listado, Suarez les incorporó a las agencias de lotería y quiniela con atención individual y distanciamiento social; los bares, cafés y restaurantes bajo la modalidad del “pase y lleve” y a partir del 18 de mayo con la “modalidad de atención en el local” bajo estrictas condiciones de seguridad y de higiene sanitarias establecidas en los protocolos que ya se han elaborado.

El listado del gobierno mendocino se completaba con el pedido de apertura de los talleres mecánicos, de los servicios en general, el del servicio doméstico sin el uso del transporte público de pasajeros, el de las mudanzas “dentro del departamento en que se domicilia o zona cercana de influencia” y la industria en general en particular para toda aquella que no había sido autorizada a la fecha de que se hiciera el pedido al Ejecutivo nacional.

La solicitud oficial de la provincia incluyó una referencia particular a que los protocolos que acompañaban las reaperturas de las actividades habían sido “revisados” por el comité de vigilancia epidemiológica de la provincia y aprobados por el Ministerio de Salud local, a la vez que sostenía que “todas las actividades propuestas se elaboran previendo el menor impacto posible en el uso del transporte público de pasajeros”, además que para evitar una afluencia masiva de personas en las calles por la apertura del comercio, aclaró que se mantenía el procedimiento de autorización de salidas según la finalización del número de DNI o el turno o día autorizado según uno de los decretos nacionales firmados por el presidente Fernández.

En el gobierno de Suarez explican que los protocolos para habilitar el comercio particularmente no fueron adjuntados en el DNU que se conoció el lunes. Y que esa es la razón por la que en Mendoza no puede autorizarse su reapertura. “Una cosa es lo que dijo el presidente en la conferencia de prensa y otra muy distinta lo que dice el decreto”, intentó explicar un funcionario de contacto diario con el gobernador.

Sin embargo, no parece haber señales claras ni mucho menos precisas ni de un lado ni de otro, ni de Mendoza ni tampoco desde la Nación. Mientras en otras jurisdicciones, como Tucumán por caso y Córdoba por otro, y lo que se conoce como el Gran Tucumán y el Gran Córdoba, sus gobiernos decidieron avanzar y habilitar el comercio con clientes presenciales restringiendo la asistencia de personas a la mitad o menos. Tanto Mendoza, como Córdoba y Tucumán tienen en común que sus poblaciones superan largamente los 500 mil habitantes, pero en Mendoza se dice que no han sido autorizados en esta provincia para habilitar lo que ya está en vigencia en aquellas y especialmente en Córdoba en donde se ha detectado hace tiempo la circulación comunitaria del virus, una situación que no se ha dado en Mendoza.

En la tarde del lunes, el gobierno mendocino se disponía a reiterar el pedido del miércoles pasado y se enviaban una vez más los protocolos para que fueran incluidos a la brevedad en las autorizaciones de la Nación. Mientras en Mendoza, y por sobre todo en las redes sociales, su gobierno es cuestionado por no defender con firmeza lo que los críticos consideran sus propios derechos, como el de la autonomía y el federalismo, se adicionaba un dato curioso a una situación que deja mucho por desear y puntos oscuros: el caso de San Juan. El viernes mismo, antes de la conferencia de prensa de Fernández por la que anunciaría el ingreso a la fase 4, el gobernador Sergio Uñac se dirigía por medio de un mensaje grabado a sus ciudadanos adelantando que desde esta semana todo o casi todo, en lo que se refiere a la actividad económica, volvería a la normalidad. Para Uñac, en concreto, no era necesario esperar la publicación de decreto de Fernández alguno. Ya tenía en claro qué hacer y qué no. Beneficios o privilegios de la cercanía política quizás; o arrojo y decisión de avanzar por sí mismo, independientemente de la Nación. Quién lo sabe.