Fue un poco más alto que un murmullo. Fue una expresión de incredulidad. Porque a pesar de que habían sido destituidos por el Consejo de la Magistratura; que habían sido imputados y procesados; que uno de ellos había estado prófugo durante meses, y que estuvieron sentados en el banquillo de los acusados durante más de tres años, escuchar la lectura de sentencia fue impactante: Otilio Irineo Roque Romano Ruiz y Luis Francisco Miret Clapes, los hombres más fuertes de la Justicia Federal de Mendoza, habían sido condenados a prisión perpetua.

El Tribunal Oral 1 los encontró culpables de los delitos de secuestro, tortura, homicidios, desapariciones y supresión de identidad. Fueron tantos los casos que pasaron por sus manos entre 1975 y 1983, que no sólo se trató de dos magistrados que miraron para otro lado en la etapa más oscura de la historia argentina. Al contrario: tuvieron un rol activo para que esos crímenes se perpetraran. Y por eso fueron condenados como partícipes primarios.

Eran, sin dudas, los dos protagonistas de este juicio histórico. En un segundo escalón aparecían Guillermo Max Petra y Rolando Evaristo Carrizo, también magistrados federales durante esos años y cuya responsabilidad fue la misma. Ambos también recibieron una pena a perpetua.

Lo diferente es que Romano y Miret supieron reinventarse a partir de 1983. Y ya en democracia se convirtieron en los dos hombres más influyentes de la Justicia Federal en Cuyo.

El dictado de la sentencia pareció eterno. Eran tantos los imputados que la lectura pareció guionada bajo la lógica televisiva. Lo más importante, para el final. Algo de eso hubo o, en todo caso, se aprovechó que los ex jueces fueron los últimos imputados incorporados a una mega causa que buscaba justicia para más de 100 personas que fueron víctimas del aparato represivo.

La sentencia, en general, fue severa. Además de la condena a los ex jueces federales, hubo ocho perpetuas más; cuatro penados a 20 de prisión; uno a 18 años; dos a 15 años; dos a 6 años, uno a 10 años; otro a cinco años; tres a 3 años (fueron puestos en libertad porque la pena es condicional), y tres acusados fueron absueltos. Todos, ex miembros de las fuerzas de seguridad. La mayoría, integrantes de la Policía de Mendoza que actuaron en el D2.

Tal vez uno de los hechos simbólicos de este juicio haya sido el relacionado con la detención y posterior desaparición de Alfredo Mario Manrique y Laura Noemí Terrera. Fueron vistos por última vez el 24 de junio de 1977. Estaban con una bebita de apenas unos meses y que fue expropiada por un integrante de la fuerza. Pasaron 30 años para que se supiera la verdad y que Celina Rebeca Manrique Terrera, aquella nena que fue robada a sus padres, recuperara su identidad.

Durante todo ese tiempo, Romano y Miret actuaron, no sólo para que investigación no avanzara, sino para garantizar la impunidad de quienes ejecutaron el operativo que terminó con la vida de esas personas. Por esos crímenes, uno de los que recibió perpetua fue Paulino Furió, ex jefe de inteligencia militar.