El Gobierno de la Nación puso en marcha el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, en el que indica que en Mendoza hay 205 “barrios barrios populares, entendidos éstos como aquellos barrios comúnmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales”, según el decreto 358 publicado en el Boletín Oficial del lunes.
El informe asegura que en todo el territorio argentino hasta diciembre de 2016 se registraron 4.100 villas que fueron censadas por el Gobierno nacional junto a organizaciones como Techo, Cáritas, y movimientos sociales como Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
Este registro permitirá dar certificados de vivienda familiar a los habitantes de esas “villas y asentamientos” de la provincia y el país.
La cifra publicada por el Estado nacional produjo malestar en varias comunas ya que se incluyó a barriadas que no se encuadrarían con el concepto de “barrio popular” que entiende Nación.
El detalle de Mendoza indica que hay 29 “barrios populares” en Las Heras, 28 en Guaymallén, 25 en Maipú, 25 en Luján, 23 en Capital, 16 en Godoy Cruz, 12 en San Rafael, 9 en San Martín, 8 en Tunuyán, 1 en Junín, 5 en San Carlos, 3 en Malargüe, 4 en Lavalle, 8 en Alvear, 3 en Rivadavia y 6 en Tupungato. Mientras que La Paz y Santa Rosa figuran sin datos.
La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Mendoza, Natacha Eisenchlas, se manifestó en disconformidad con el concepto que manejaron desde Nación y señaló que el relevamiento incluye, por ejemplo, al barrio San Martín que “no es ni un asentamiento ni una villa inestable”.
En sintonía, desde Godoy Cruz también señalaron que se incorporó al barrio Sol y Sierra, entre otros, que si bien sus habitantes pueden tener problemas socioeconómicos no forman parte de una urbanización informal.
“No coincidimos con el criterio empleado, son delimitaciones muy subjetivas las que han realizado. En Capital tenemos cinco villas inestables, Sierras Altas, Favaloro, Alto Ceferino, Olivares y Flores, en estos últimos estamos colocando los servicios de agua y cloacas. Además tenemos 10 asentamientos y llamamos asentamientos a los que se ubican en un terreno fiscal que pueden o no ser pobres. Mientras que tenemos 23 barrios populares en los que las edificaciones son sismoresistentes, tienen los servicios públicos y no hay ni desnutrición ni analfabetismo”, señaló Eisenchlas.
Por su lado, Flor Santoni, directora de Vivienda de Godoy Cruz, indicó que en ese departamento sólo tienen 8 asentamientos: “En Godoy Cruz había 25 villas en 1999 cuando asumió César Biffi. Actualmente quedan ocho y en cinco se está trabajando en la relocalización con un horizonte a ocho años para que no quede ninguna”.
Adrián Bonada, coordinador de Barrios de Pie, explicó que en Mendoza desde ese movimiento censaron 50 barriadas a principios de este año. Mientras que el resto fue encargado a otras organizaciones, aunque de Cáritas Mendoza aclararon que en la provincia no participaron.
“A nosotros nos tocó relevar algunas zonas de Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, San Rafael, Alvear, Capital y Luján. Notamos mucho hacinamiento y falta de servicios”, dijo y continuó: “Es entendible que algunos municipios no estén conformes con el detalle final, pero también se tuvo en cuenta la situación de pobreza en la que viven muchas familias aunque tengan una casa de material”.
Silvia Donatti, titular de Desarrollo de Guaymallén, confió que en esa comuna hay 19 asentamientos que no cuentan con ningún tipo de servicio y en el que viven cerca de 100 familias en cada uno. Mientras que poseen 19 barrios carenciados con 50 viviendas cada uno.
“Estamos priorizando las zonas rurales, como San Agustín, Castro y Santa Rita, donde estamos asistiendo con materiales, certificados de discapacidad, controles médicos, pensiones de discapacidad y ofreciendo soluciones habitacionales a futuro”, apuntó Donatti.
Asimismo, desde Luján indicaron que la cifra que ofrece la Nación sobre ese departamento “es el total de asentamientos informales y barrios con urbanizaciones deterioradas en sectores deprimidos”, dijo Mirta Camerucci, directora de Vivienda, y agregó que son aproximadamente 2000 hogares.
La disposición de Macri
La medida nacional dispone la creación del mecanismo cuya función principal será la de “registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en esos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas”.
La medida beneficiará a 500 mil hogares de todo el país que se encuentran en una situación de tenencia irregular de su vivienda, lo que involucra a más de dos millones de personas, según datos del Censo Nacional de Población de 2010.
En un comunicado conjunto las organizaciones sociales destacaron que el certificado “es un documento que legaliza el domicilio y reconoce el derecho a acceder a la red pública de agua, electricidad y cloacas”, y además les permite “exigir transporte, alumbrado público, escuelas, hospitales, recolección de residuos, centros artísticos y deportivos”.