El presidente Alberto Fernández dijo este miércoles que la “vocación” del Gobierno es que la empresa Vicentin “siga siendo argentina y que sea manejada y rescatada de la situación en la que está”.

“No estamos allí para avasallar los derechos de nadie”, sostuvo Fernández en declaraciones sobre el anuncio de intervención de la empresa, que estaba “en dificultades para seguir operando”, según señaló.

Además el mandatario afirmó que “no” se “podría perdonar ver de brazos cruzados cómo la empresa Vicentin se cae y los trabajadores se quedan sin trabajo”. Y afirmó que, con la intervención, está “tratando de preservar las fuentes de trabajo”.

En torno a esto el presidente añadió que está “rescatando una empresa” y advirtió que “cuando hablan de expropiación, lo plantean como si fuera una empresa próspera”.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se refirió también a la polémica que se generó por la intervención de la cerealera y aseguró que se trata de una “política de rescate” porque la empresa está “quebrada y tiene deudas muy fuertes”.

“Insisto: hay muchas empresas concursadas. Y nosotros no vamos a expropiar todas las empresas concursadas. Claro que no. El concurso es parte de una instancia judicial y de la vida de muchas empresas”, explicó Cafiero.

Además añadió que “la situación de Vicentin se viene prolongando desde hace tiempo: lograron partir de ese crédito excepcional, cuestionado y judicializado el Banco Nación suplir un déficit de administración y de sustentabilidad de su núcleo de negocios, pero el problema lo arrasan desde hace tiempo. En diciembre se concursó y hasta ahora no había solución de nada, ni un socio ni nada”, sostuvo el funcionario.

Por otra parte, el jefe de Gabinete explicó que hicieron una excepción con Vicentin porque “no tenía perspectivas de operar”. Dijo que el mercado de granos requiere confianza y que la empresa “la había perdido, porque salió a comprar y nadie le vendió”.

Asimismo recordó que el Banco Nación es el principal acreedor de la compañía, que le debe $18.300 millones a la entidad. En torno a esto Cafiero señaló que el 80% de la deuda es el crédito con el banco estatal, y que el préstamo “está judicializado porque la empresa no revestía ningún criterio de aceptación por los balances que tenía”. Indicó que los empresarios tampoco les pagaron a los productores y cooperativas, y que eso genera un encadenamiento desde el punto de vista de la actividad. “Tomamos la decisión de detener ese sendero de desguace”.