Jorge Sexto Coria Cabeza está preso desde fines de noviembre del 2018 acusado de ser parte de la banda que cometió un secuestro extorsivo contra el hijo de un empresario guaymallino. El caso “explotó” en los pesquisas porque el hecho se consumó y la familia de la víctima tuvo que pagar 200 mil pesos de recompensa.

Este hombre de 65 años está procesado con prisión preventiva y buscó la detención domiciliaria luego de la que la causa se elevó a juicio con otros cuatro sospechosos pero no lo consiguió.

Sin embargo, la defensa de Coria Cabeza insistió con el beneficio al entender que “se encuentra incluído en el colectivo de personas en encierro con una específica situación de vulnerabilidad, en razón de su estado de salud, diabetes de grado dos, potencial insulino dependiente”, en virtud de la emergencia sanitaria por la pandemia provocada por el coronavirus.

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Contrariamente a lo que están resolviendo la mayoría de los tribunales por las recomendación de la Corte Suprema de la Nación, este jueves el Tribunal Oral Federal Nº1 no hizo lugar a lo solicitado por el presunto nexo mendocino de la organización que tenía a malvivientes de otras provincias como integrantes. 

Los jueces María Paula Marisi y Alberto Daniel Carelli rechazaron los fundamentos de los abogados al sostener que no está acreditado que Coria Cabeza esté en riesgo de salud y que las autoridades penitenciarias están desarrollando medidas para evitar que contraiga la enfermedad.

Para eso se basaron en el informe médico aportado por el Complejo Penitenciario Federal VI, en Luján, que señala “que, si bien se trata de una persona de 65 años con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2, no insulino dependiente, medicado con Metformina 850 mg cada 12 horas, hipertensión arterial en tratamiento con Enapril 10 mg por día, se encuentra bien controlado”. Además, el estudio explica que no presenta signos de fallo respiratorio ni cardíaco.

Una de las partes más interesantes del fallo de los citados magistrados está basado en que el aislamiento, en este caso carcelario, es la medida preventiva más efectiva para evitar el COVID-19.

“Sin perjuicio de que la contingencia de una pandemia es dinámica y varía en forma diaria, al momento no se han aportado elementos suficientes que permitan deducir un riesgo inminente o grave para la salud del interno en cuestión. En este sentido, el mayor riesgo de contagio del coronavirus COVID-19 está dado en el contacto, siendo el aislamiento la medida terapéutica por excelencia”, señala la resolución a la que accedió El Sol.

Y agrega: “En efecto, las Unidades y Complejos Penitenciarios, por tratarse de espacios de alojamiento que funcionan como comunidades cerradas, sustraen a las personas privadas de la libertad del contacto diario con la sociedad, lo cual implica -de forma natural- una típica modalidad de aislamiento”.

Marisi y Carelli resolvieron que, si bien Coria Cabeza podría pertenecer a los llamados grupos de riesgo, se encuentra en un ámbito carcelario cerrado, aislado de la sociedad y donde se vienen adoptando “múltiples medidas de prevención, vigilancia y detección temprana”, que tienen como objetivo proteger la salud de los internos y el personal penitenciario.

Por último, los camaristas señalaron que, si bien la Corte nacional recomendó otorgar beneficios como la detención domiciliaria con el fin de “reducir la población en situación de encierro” después de la declaración de la pandemia y la cuarentena obligatoria dispuesta por el presidente Alberto Fernández, Coria Cabeza no está en condiciones de obtener la libertad condicional.

Sostuvieron que no está cerca de cumplir su pena (no le ha sido aplicada y arriesga hasta 15 años de cárcel) y la acusación es por un delito grave (coautor de secuestro extorsivo).

A mediados del 2018

El secuestro extorsivo que sufrió el hijo de un empresario mendocino del rubro informático ocurrió la mañana del 12 de julio en una vivienda de la manzana B del barrio Jardín Village, ubicado hacia el norte de La Barraca Mall, en Guaymallén.

Una banda que se movilizaban en tres vehículos ingresó al domicilio y redujo a las dos personas que se encontraban en el interior del domicilio: el hijo del empresario, de 24 años, y una empleada doméstica.

Revisaron toda la casa y robaron 3 mil pesos. A las dos víctimas las cargaron en un VW Gol Trend gris y se dieron a la fuga. Cerca del centro comercial dejaron tirada a la empleada (atada de pies y manos) y amenazaron con matarla si denunciaba el hecho a la policía.

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Comenzaron a dar vueltas por el Gran Mendoza y llamaron al progenitor del joven. En un primer momento, lo extorsionaron y exigieron 4 millones de pesos a cambio de la liberación de su hijo.

Mientras los llamados eran cada vez más constantes, personal policial comenzó a actuar. El empresario pactó la entrega de dinero a los secuestradores en un sector de Dorrego y minutos después liberaron a la víctima en calles Gaulberto Godoy y Miller.

Dos meses después, los investigadores capturaron a casi toda la banda. Tres de los detenidos son oriundos de Santa Cruz y dos de Mendoza.

Durante los allanamientos que se desplegaron en la Quinta Sección de Ciudad y Dorrego incautaron 230 mil dólares, armas de fuego y 70 mil pesos argentinos.

Los cinco sospechosos que fueron capturados deberán afrontar el juicio por secuestro extorsivo durante el transcurso de este año.