El Gobierno decidió que la tarifa de luz no aumentará en la provincia durante este 2020 marcado por la pandemia de coronavirus y la crisis económica. Pero tampoco pretende una escalada del conflicto con las distribuidoras, que reclaman por el congelamiento y aseguran que “las tarifas de hoy reflejan los costos de 2018”. 

Desde la gestión de Rodolfo Suarez admiten ese retraso ya que la última suba -del 16% promedio para usuarios residenciales- se aplicó en julio del 2019, aunque basada en estudios técnicos de diciembre del año anterior. Por eso buscan alternativas para compensar de alguna manera a las eléctricas durante la emergencia y, en este sentido, analizan implementar un plan canje de obras por multas. “Es totalmente excepcional”, se atajan en el Ejecutivo.

Ante cada corte de luz o fallas en el servicio, las distribuidoras  tienen que compensar a los usuarios afectados. Por ejemplo, esta semana se oficializaron sanciones del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) a la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz por más $1,5 millones y a Edestesa por casi $3,5 millones. Aunque históricamente la empresa más penalizada es Edemsa.

En concreto, los clientes de las compañías sancionadas por fallas en el sistema eléctrico deben recibir una bonificación en sus facturas. Esa metodología será suspendida transitoriamente si el Gobierno avanza con su iniciativa para que las distribuidoras, en lugar de resarcir a los usuarios, destinen ese dinero a la realización de obras en las “zonas rojas” donde se registra la mayor cantidad de cortes de energía.

El contrato de concesión obliga a las eléctricas tanto a pagar las multas como a encarar las obras necesarias para mejorar el servicio. Sin embargo en el Gobierno admiten que existen incumplimientos con las distribuidoras porque la tarifa no aumenta desde hace más de un año. Y en el 2020 tampoco habrá incrementos. 

Ante el creciente malestar de las empresas, en el Ejecutivo reconocen que se estudia un mecanismo de resarcimiento provisorio, bajo el paraguas de la ley de emergencia. “Tenemos que evaluar qué hacemos por las multas que se generan por falta de calidad”, comentó Natalio Mema, secretario de Servicios Públicos, que resumió el proyecto: “En vez de devolver al usuario esas multas, la idea es que hagan obras en lugares donde se generaron las fallas”.

El objetivo es “buscar un camino intermedio” para evitar el traslado de la adecuación del Valor Agregado de Distribución (VAD) a la tarifa y mayores inconvenientes en la infraestructura eléctrica. “El EPRE tiene registradas las ‘zonas rojas’ y hemos pedido una lista de obras necesarias para mejorar esa situación y que no se repita en el futuro”, dijo el secretario de Servicios Públicos.

Por el momento se trata de un plan que está dando sus primeros pasos, que podría ser sometido a debate en una próxima audiencia pública no vinculante. Las distribuidoras lo miran de reojo, mientras siguen realizando presentaciones en el EPRE destacando las consecuencias del retraso tarifario. La principal, según fuentes del sector, es una deuda cada vez mayor con Cammesa, la empresa mayorista que les vende la energía.

Sin aumentos

Este jueves se publicó en el Boletín Oficial la resolución 92 de la Secretaría de Servicios Públicos, que instruye al EPRE para que comience el proceso de análisis de “adecuación del VAD”, el único componente de la tarifa eléctrica que define el gobierno provincial (otro ítem es de carácter nacional y el restante es impositivo).

La medida habilita al ente de control “a realizar el  procedimiento Adecuación del VAD…,  respetando el principio de tarifa justa, razonable y homogénea en toda la Provincia y preservando el equilibrio y sustentabilidad del Fondo Provincial Compensador de Tarifas”. Luego de ese “estudio pertinente”, el EPRE deberá “convocar a una Audiencia Pública para dar tratamiento a los resultados de la adecuación tarifaria correspondiente”.

Ver también: El gobierno instruyó al EPRE para que comience a analizar un aumento

Mema ratificó que el proceso de revisión semestral del costo del VAD se abrirá para evitar posibles demandas judiciales y lo definió como “un trámite muy importante, una buena instancia para auscultar el sistema”. No obstante reiteró que las tarifas seguirán congeladas hasta fin de año: “La decisión política del gobernador es no trasladar los costos al usuario”, indicó.

En este sentido recordó que en febrero se realizó una audiencia pública donde las distribuidoras solicitaron una suba de 30% y el EPRE resaltó que el aumento debía ser de 14%. Sin embargo, Suarez determinó el congelamiento tarifario para todo el año.