Los intendentes mendocinos que cumplan dos mandatos consecutivos al frente de sus comunas no podrán volver a ser reelectos en la próxima elección. Eso ya lo saben los propios caciques y también lo sabe, en verdad, todo el mundo en Mendoza, porque es una larga historia que se cerró poco tiempo atrás. Y si ya se sabe y se conoce, y es una historia resuelta y enterrada, ¿por qué razón se traería el asunto de nuevo a la agenda de los temas públicos? Puede ser por motivos varios. Para el caso de esta nota para marcar una diferencia entre un estado y otro, entre Mendoza y Buenos Aires, y porque no es lo mismo una cosa que la otra. Una mención que le vale, también, a la dirigencia política mendocina y a una sociedad que tiene sobrados argumentos para demostrar que le ha puesto un dique de contención, histórico, a los feudalismos y eternizaciones en el poder.

En Buenos Aires, y con la excusa de cerrar la grieta que existe entre oficialistas y opositores según algunos observadores, se está avanzando en un acuerdo político generalizado para que en las próximas elecciones no se cumpla lo que ordena una ley votada en el 2016, que impide a los intendentes presentarse a un tercer período de gobierno cuando ya llevan dos sobre sus espaldas. De 135 jefes comunales de la provincia más gravitante electoralmente del país, 95 deberían dejar sus cargos por estar impedidos de apostar a otro período, no podrían buscar una nueva reelección.

Ha sido el presidente Alberto Fernández, de acuerdo con trascendidos que se hicieron públicos durante el fin de semana, el que se ha ocupado en persona por el futuro de varias decenas de intendentes, los denominados barones del conurbano, preocupados por sus futuros políticos cuando llevan años cultivando un enorme poder a su alrededor. La preocupación es particularmente de los intendentes oficialistas, aunque también se han sumado otros de Juntos por el Cambio. El problema que tienen los intendentes opositores en Buenos Aires es cómo justifican hoy un cambio de postura, cuando fue la gobernación de María Eugenia Vidal y todo Cambiemos quien impulsó y logró la sanción de la ley que ahora se quiere “reinterpretar”.

En fin, será un problema que los bonaerenses deberán resolver, sus políticos y sus propios habitantes, aunque el presidente claramente les adelantó a los reeleccionistas y a quienes pretenden perpetuarse, un apoyo inestimable la semana pasada en Avellaneda cuando dijo que “un intendente es elegido dos o tres veces porque los vecinos lo votan y quieren que siga siendo intendente. Y nosotros no podemos ir en contra de la voluntad popular”.

Los argumentos del presidente en apariencia válidos, encierran el peligro de caer en esas gestiones eternas propias de los regímenes feudales, tan conocidos por los argentinos de las provincias que padecen esos procesos, con ejemplos muy claros. La Constitución de Mendoza y la posición mayoritaria de los mendocinos, cuando se la ha convocado a modificar el punto más conflictivo de la Carta Magna, han impedido las eternizaciones que terminan apoderándose de todo con el paso del tiempo.

Y lo particular de Mendoza, que el tope a las reelecciones de los intendentes partió desde un acuerdo político entre peronistas y radicales, lo que no es poco y es, en verdad, un reflejo de lo que la mayoría de la gente, no toda la gente, piensa y quiere para la provincia. La enmienda fue votada en el 2009, pero no fue promulgada hasta fines del 2018 cuando Alfredo Cornejo ejecutó lo que estaba pendiente. Claro que aquella medida fue resistida por los cuatro intendentes que no podrían haber buscado una reelección más en sus departamentos.

Y si bien la Corte terminó fallando a favor del decreto que promulgó la enmienda, los cuatro caciques que habían resistido la medida (Emir Félix de San Rafael; Roberto Righi de Lavalle; Martín Aveiro de Tunuyán y Jorge Giménez de San Martín) pudieron presentarse en las elecciones. Todos, menos Giménez, fueron reelectos. Pero no podrán presentarse en el 2023 para el mismo cargo, como le ocurrirá a la mayoría de los jefes comunales de la provincia, entre ellos, a Tadeo García Zalazar de Godoy Cruz, Marcelino Iglesias de Guaymallén y Daniel Orozco de Las Heras, entre los más trascendentes del oficialismo.

En Mendoza hay contrafuegos para los abusos y para las aventuras contra las instituciones. Cuando se hace un repaso de las situaciones que las sociedades atraviesan en otras latitudes del país, el mendocino puede poner en valor lo que ha conseguido con su constancia y la defensa de la república y de la democracia bien entendida, aquella que necesita día tras días ser mejorada y que permita, además de beneficiar a todos con sus bondades, como el respeto al disenso y a las libertades conseguidas, alimentar y ejercer el sentido de la responsabilidad.