Hay códigos y pactos sociales que no deben romperse, sobre todo cuando se busca desterrar la violencia y la irresponsabilidad. Así como se debate y se intenta avanzar en Mendoza con un nuevo Código de Contravenciones, que permitirá poner más orden a faltas sociales recurrentes y peligrosas, hay una realidad que subyace que merece también atenderse, cada vez más, por la situación económica que vive la ciudadanía, teniendo en cuenta las proyecciones que hace el propio Gobierno en medio de incidencias macro, inflación, dólares que se disparan y cuadernos K. Pero, también, ante el fantasma de la desestabilización: los saqueos orquestados, como reaparecieron esta semana.

Mientras el oficialismo se juega en la provincia su proyecto de ley de mano dura contra los violentos, inadaptados e irresponsables, la oposición aprovecha para marcar disidencias, más por cuestiones ideológicas y de conveniencias electorales que por razones de convivencia ciudadana y de respeto por el otro.

Por eso aquí entra en juego también no sólo la violencia sino la hipocresía y las necesidades. Un claro ejemplo: es unánime el rechazo mendocino a la permanente extorsión de trapitos y cuidacoches, lo que lleva a subir como correcaminos la ventanilla al llegar al semáforo o a hacer maniobras para evitarlos. Pero, a la hora de poner un freno y ubicar en eje estas conductas, aparecen las voces de la estigmatización y la criminalización de la pobreza. Eso sí, también están quienes, desde lugares de poder, consumen alcohol y de manera promocionada en un partido vip, mientras se busca sancionar a los ciudadanos que lo hacen en eventos deportivos.

Por eso la ley debe ser pareja para todos. Pero sobre todo dar el ejemplo, desde arriba. De ahí la necesidad de que el Estado ponga sobre la mesa las reglas pero también tienda la mano que se necesita para lograr un cambio social de raíz, no sólo castigando.

Pueden sonar insólitos o exagerados algunos artículos y hasta discutibles con clara razón, pero hay una necesidad manifiesta y latente en todos los sectores sociales de desterrar las actitudes violentas e irresponsables y repensar medidas que ayuden a generar una modificación cultural de fondo. No se puede seguir en el camino del todo vale, pero tampoco mirando para otro lado, porque seguirán apareciendo más conflictos y más episodios indeseados. Ni hablar cuando detrás hay intereses oscuros, agitadores y antidemocráticos.

Las críticas al proyecto del nuevo Código de Faltas, que ya tiene media sanción del Senado, deben servir para que el oficialismo, que encuentra resistencia en Diputados, pare la pelota, repiense y, de ser necesario, desista de aquellos artículos que no suman y que terminan haciéndole el juego a los detractores. Por eso, centrarse en el problema con los trapitos y cuidacoches así como poner firmeza con las responsabilidades de los padres ante obligaciones de sentido común deben ser el eje de la apuesta oficial.

Una vez zanjada esa discusión, no habrá que quedarse de brazos cruzados. Es fundamental en este punto, la presencia del Estado y también el compromiso de los privados, como puede ser la experiencia de inserción laboral de Capital, que de igual modo no logra acabar con el problema. Tal vez ahora, con un avance normativo no sólo desde la comuna, sino provincial, sea el momento de avanzar y obtener resultados, pero en conjunto, de manera inclusiva y ejemplificadora, con oportunidades que dignifiquen. En el Gobierno se limitan a decir que el compromiso está y que ofrecerán a los departamentos todas las herramientas para capacitación. Sin embargo, la salida debe ser mancomunada y liderada por la Provincia. De otra manera, costará que se produzcan los efectos finales deseados. Eso sí, poner orden es el primer paso.