Los argentinos viven con zozobra e incertidumbre cuando miran hacia el horizonte. Así, en el medio de una crisis sanitaria y económica sin precedentes en las últimas décadas, sin un plan integral a la vista, comienza a percibirse un clima social que, al menos, genera preocupación y que merece toda la atención oficial.
Lo que viene ocurriendo en diversas provincias con la toma de tierras, con ciertas manifestaciones callejeras y con intentos por hacer justicia con mano propia se ha convertido en un combo explosivo que puede desembocar en una escalada de difícil alcance. Por eso, hace falta que la permisividad tenga un límite y que se trabaje con todo el rigor de la ley para evitar que la situación pase a mayores.
No son mensajes agoreros ni apocalípticos, como sí los transmitieron y consumaron dirigentes y punteros políticos, cómplices de la situación a la que llegó el país a lo largo de los años, sino que se trata de una realidad palpable que inquieta cada vez más al común de los ciudadanos.
Y, en este escenario, Mendoza, por su institucionalidad, quizá esté un poco más lejos de lo que ocurre, por ejemplo, en el conurbano bonaerense, pero no está exenta. Por eso, en todo el país hace falta que el Estado tome el verdadero control frente al riesgoso crecimiento de la violencia social.
Se necesitan gestiones que se aboquen a la prevención para contrarrestar desbordes y delitos. Es hora de que la dirigencia en su conjunto entienda que la inseguridad empieza a asomar con fuerza y que se están dando condiciones de anarquía social por falta de vigilancia sobre la convivencia en paz.