La reciente audiencia pública convocada por la Suprema Corte de Justicia de la provincia, como paso previo a definir si la condena a prisión perpetua es constitucional, parece haber agravado la grieta ideológica y política que cruza al más alto tribunal de justicia de la provincia desde algunos años a esta parte. En tiempos de divisiones, de fracturas sociales y de muy poca predisposición política a la búsqueda de acuerdos por parte de la dirigencia, está claro que el acontecimiento con sus consecuencias no sorprende a nadie.

La audiencia se realizó entre el jueves y viernes de la semana pasada y, además de confirmar una mayoría abrumadora de opiniones en favor de la constitucionalidad de la prisión perpetua –un resultado que se presuponía desde mucho tiempo atrás–, dejó para el análisis obligado el faltazo del ex miembro de la Corte de Justicia nacional Raúl Zaffaroni, el indiscutido referente del ala garantista de la Justicia argentina y que confronta con la que se considera de mano dura.

El clima en la Corte es de tensión. Lo era antes de que se llamara a la audiencia y lo seguirá siendo por mucho tiempo más en función de la propia agenda que tiene por delante el tribunal. En medio de todo esto, es válido preguntarse en qué momento o a partir de cuándo el debate por la inconstitucionalidad o no de la prisión perpetua se transformó en un acontecimiento de alta trascendencia institucional o que esa discusión excediera “el interés individual de las partes intervinientes en el proceso”, requisitos que quedaron escritos cuando se reglamentó el método de audiencia pública por medio de una acordada que se firmó el 13 de junio del 2013, luego de que uno de los miembros de la propia Corte, Mario Adaro, lo propusiera como un medio extraordinario al que se podría apelar para definir una situación de extrema complejidad y de alto impacto.

El interrogante no es caprichoso, aunque puede que parezca, ni mucho menos ingenuo porque, cuando el plenario de la Corte se reúna para luego tomar una definición en torno al tema, lo más probable que ocurra es que los siete miembros voten a favor de la constitucionalidad. Es cierto que puede que haya matices y que algunos de los ministros aprovechen la oportunidad para dejar en claro su posición y opinión personalísima y jurídica en torno al debate de fondo que cruza y quiebra la corte en dos, el ideológico y puramente político, entre garantistas/abolicionistas y los que se enrolan en la mano dura. Ese debate es que alimenta, además y en buena medida, a las dos facciones en pugna de la política nacional: el mal llamado progresismo de corte populista que gobierna el país y la oposición de centroderecha, liberal y que se califica a sí misma como republicana.

Hay otro asunto a dilucidar, si se quiere: ¿siempre que la Corte se encuentre en una supuesta encrucijada apelará a las audiencias públicas como una manera de hallar una orientación más clara y, a la vez, un vínculo con la ciudadanía? La misma Corte tiene una respuesta: “Sí”. Pero los llamados a este tipo de asambleas, la audiencia, excediendo el campo de lo técnico esconden, también, motivaciones de neto corte político y especulativo, muchas veces o de presiones y de lobbies extraordinarios. Y pocos lo admitirán. Algo parecido, pero a la inversa, es lo que suele ocurrir con lo que se denomina la “judicialización de la política” y del que la Justicia suele quejarse: cuando la política, enferma de pasión y de confrontaciones entre oficialistas y opositores, termina delegando la resolución de entuertos que debiesen ser resueltos “por la política” a la Justicia.

Las dos últimas audiencias públicas convocadas por la Corte agravaron las diferencias entre los ministros y ratificaron la buena salud de la brecha. Para la que se desarrolló en julio pasado, convocada para discutir e interpretar los requisitos que determina la Constitución para ser miembro de la Corte, fue claramente visible que quien más la promovió fue el ala enfrentada con el oficialismo provincial. Desde ese borde de la grieta se criticó fuertemente a los ministros filorradicales por intentar vaciar de contenido el acontecimiento al no darle entidad y al ausentarse del mismo.

“Son unos asesinos seriales de la institucionalidad de Mendoza”, suelen quejarse los filoperonistas por la actitud de los filorradicales. Y estos últimos contraatacan con el argumento que los ministros filoperonistas actúan como actúan porque se han transformado en los jefes de la oposición debido a la incapacidad del peronismo tradicional. Hoy, el enfrentamiento está representado por Omar Palermo de un lado y por el presidente del tribunal, Dalmiro Garay, por el otro. El primero, referente del garantismo zaffaroniano y miembro de Justicia Legítima, esa agrupación de abogados de todo el país identificada con el kirchnerismo: y el segundo, ex ministro del gobierno de Alfredo Cornejo y defensor y autor de todas y cada una de las leyes que modificaron los códigos de procedimiento en la provincia y que, en general, el denominado garantismo suele cuestionar.

Luego de que por medio de aquella acordada del 2013 se reconocieran las audiencias en el ámbito de la Corte, se convocó una en abril del 2014 para discutir los alcances de un artículo del convenio de los trabajadores de prensa que las empresas cuestionaban. Luego se pasó a la de julio pasado para discutir sobre los requisitos para ser integrante del tribunal, en obvia alusión al caso de Teresa Day, que dividió a la política entre los que aducen que no los cumple y los que sí. En este caso, el plenario puede que vote dividido. Pero, independientemente de lo que resuelva, lo más probable es que Day continúe siendo ministra del tribunal. El impacto será político, desde ya, en torno a esa resolución.

La audiencia del jueves y viernes en verdad tendrá sólo efectos políticos; los que se buscaron, en definitiva. Cuando todos en general están de acuerdo en la constitucionalidad de la prisión perpetua, está claro que el oficialismo, con Cornejo al frente, ha buscado ubicar a la oposición y en particular al kirchnerismo en una posición contraria a la del supuesto interés público en torno a los asuntos de seguridad. La ausencia de Zaffaroni, se entiende, tiene que ver con todo esto: “No aparezcas, no tiene sentido. Ya estamos fritos en esta discusión”, le dijeron unas horas antes de que le tocara el turno para hablar.