El proyecto de ley de reforma judicial comenzará a ser debatido este martes en el Senado con la presencia de la ministra de Justicia, Marcela Losardo.

La intención del oficialismo es escuchar los detalles que la funcionaria desplegará desde las 16 en una videoconferencia que se llevará a cabo durante el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, y luego avanzar en una ronda de preguntas en las que se esperan algunos cuestionamientos de parte de los integrantes de la oposición.

En este sentido, Juntos por el Cambio oficializó su postura crítica hacia la reforma judicial. Lo hizo a través de un comunicado que lleva las firmas de todos sus principales referentes en el que compara esta reforma con la implementada por el menemismo en los 90.

Debate en el Senado

Losardo abrirá este martes las audiencias en el Senado, que continuarán durante las próximas semanas. La idea del oficialismo y de la oposición es agrandar el debate con la presencia de especialistas convocados por ambas bancadas para llegar a la firma del dictamen que podría hacerse en la tercera semana de agosto.

La idea, entonces, sería que el proyecto llegue al recinto de sesiones antes de septiembre, para que a partir de ese mes pueda ser debatido en la Cámara de Diputados. La lista de invitados para las próximas audiencias se dará a conocer este martes al mediodía.

El plan oficialista

El proyecto de Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal crea la nueva “justicia federal penal, mediante la consolidación de los fueros criminal y correccional penal y penal económica”.

Cada uno de los juzgados actuará con una de las dos secretarías que actualmente tienen. La restante se convertirá en secretaría de otros 23 nuevos tribunales que se sumarán.

Habrá un sistema de subrogancias con máxima transparencia en la designación de los jueces, en la que intervendrán la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación.

Críticas opositoras

“La llamada ‘reforma judicial’ que impulsa el gobierno kirchnerista implica la creación de una desmesurada e injustificada cantidad de cargos, cuyo costo fiscal estimamos en unos $ 4.000 millones anuales”, señala el comunicado de Juntos por el Cambio.

El documento alerta sobre una que economía que “se derrumba en una escala sin precedentes”, con el crecimiento del “desempleo, la desigualdad y la pobreza”, contexto en el cual los esfuerzos de los tres poderes del Estado y de las fuerzas políticas, dicen, “deben estar puestos en trabajar en una mejora sustancial del Estado, para hacerlo más productivo y en la eliminación de los privilegios”.

“Semejante desconexión respecto de lo que deberían ser las prioridades del Gobierno en el actual escenario, no tiene otra explicación que la puesta en marcha de un plan de impunidad para las causas de corrupción que afectan a integrantes del oficialismo”, afirman desde JxC.

El comunicado que lleva las firmas de Mauricio Macri y los presidentes de las otras tres fuerzas que componen la coalición, Alfredo Cornejo (UCR), Patricia Bullrich (Pro) y Maximiliano Ferraro (CC-ARI) considera que el proyecto enviado al Senado “es contradictorio con la reforma de fondo del sistema de enjuiciamiento penal, concebida por el nuevo Código Procesal Penal Federal”. En ese sentido señalan que “el sistema acusatorio demanda más fiscales y no más jueces”, en tanto que “la cantidad de órganos proyectada es arbitraria y no responde a ningún estudio serio respecto de la carga de trabajo”.

Para Juntos por el Cambio, “se trata de una reedición agravada de las reformas de la década de los noventa, cuando se amplió la Corte Suprema de cinco a nueve miembros para crear la ‘mayoría automática’; apareció el per saltum para facilitar privatizaciones irregulares; se duplicaron los cargos del fuero en lo criminal federal de la Capital para designar jueces propios, y se integró la Cámara de Casación con magistrados sin la capacitación y la decencia que demanda el cargo”.

El documento está también suscripto por los legisladores Mario Negri, Luis Naidenoff, Martin Lousteau, Humberto Schiavonni, Juan Manuel López, Cristian Ritondo, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta y el auditor general de la Nación Miguel Ángel Pichetto, quienes consideran que “no se superan los problemas originados por el desempeño degradado de algunos magistrados creando más cargos, sino haciendo responder a los malos jueces por sus actos”.

La nota concluye indicando que “no podemos desconocer que la reforma se impulsa en un contexto donde funcionarios del Gobierno promovieron la libertad de presos comunes y corruptos confesos. Juntos por el Cambio se opone a la propuesta del Poder Ejecutivo y propone la agenda de la gente, de los miles que están perdiendo su trabajo, de los ciudadanos que sufren la inseguridad y que tienen jueces que solo se les ocurre liberar delincuentes”.