Después de una semana de tensión entre los miembros de la Suprema Corte de Justicia y los jueces del fuero Civil, por la acordada que dispone la quita de su personal para afectarlo al fuero de Familia, los ministros se comprometieron a atender los planteos de los afectados el miércoles de la semana próxima en la primera sesión plenaria del año.

Los ministros mantuvieron dos reuniones distintas con los jueces civiles, lo que marca las diferencias internas en el tribunal respecto a esta medida. En una, estuvieron presentes los integrantes de la Sala Administrativa, que fue la que firmó la polémica resolución Nº24.489 y en la que participaron los magistrados Omar Palermo, Julio Gómez, Jorge Nanclares. También se sumó Mario Adaro, que se acercó a escuchar aunque no integra esa sala.

Luego, de forma independiente, los ministros José Valerio y Dalmiro Garay tomaron nota y les transmitieron a los peticionantes que se revisará la medida en la reunión plenaria. No estuvo presente el juez Pedro Llorente. Según pudo conocerse luego de la reunión, tanto Valerio, Garay y Llorente habrían transmitido que no estaban a favor de la acordada tomada por sus pares de la Sala Administrativa.

Los encuentros se dieron al mismo tiempo en que ya se estaban produciendo los traslados de personal de los juzgados Civiles a los de Familia y de Paz. Sin embargo, se suspendió hasta el 6 marzo la migración de los prosecretarios por un pedido que hizo la Asociación de Magistrados.

Temor a que se afecte la oralidad en los procesos 

Al término de las reuniones, el juez civil Alfredo Diantiacq Sánchez comentó que todo se había dado en muy buenos términos y que los ministros consideraron su posición.

Y profundizó: “Nosotros queremos dejar en claro que somos solidarios y entendemos que el fuero de Familia está atravesando por una situación delicada. Lo que propusimos es poder trabajar en una comisión otra alternativa para no perder todo lo que hemos logrado hasta el momento“.

Por su parte, desde la Asociación de Magistrados, el juez Diego Lusverti también solicitó que se deje sin efecto la acordada y que se convoque a una comisión en la que estén representadas todas las partes, para consensuar un plan que permita arribar a la mejor solución posible.

Si bien el superior tribunal de Justicia aseguró que analizará los cuestionamientos realizados por los jueces, el gremio de Judiciales, el Colegio de Abogados y la Asociación de Magistrados, la jueza Civil Fabiana Martinelli insistió en que sigue su curso el pedido de información pública en donde se solicita que se dé cuenta de la nómina de asesores que tiene la Corte.

“Creemos que hay mucho personal, bueno y útil que podría cubrir las necesidades de nuestros compañeros los jueces de Familia, que están en otros lugares disponibles y que no va a ser la solución desvestir a un santo para vestir a otro”, recalcó la funcionaria que en su momento fue felicitada por el ex presidente Mauricio Macri por el desempeño de su Tribunal de Gestión Asociada.

Las estadísticas que justificaron la acordada 

De acuerdo con el informe realizado por el departamento de Estadísticas, entre el 2006 y el 2019, el cúmulo de causas civiles ingresadas cayó 56%. Mientras que la actividad en el Fuero de Familia, creció exponencialmente, en un 60%, desde el 2010 al 2019.

Con el sistema de reformas y la incorporación de la oralidad está prevista la incorporación de 10 nuevos jueces a los juzgados de familia, los que no tendrían la estructura de personal.