El Departamento General de Irrigción denunció la ocupación ilegal de unos terrenos en la villa cabecera de San Carlos por un grupo de 100 personas de esa zona. El conflicto social disparó acusaciones entre el organismo de aguas, la municipalidad que dirige Rolando Scanio y concejales del Partido Justicialista.  

El predio de Irrigación tiene unas seis hectáreas y se ubica en la zona conocida como Calise, donde antes había un dique. Actualmente, son tierras en desuso pero con un gran potencial para Irrigación: por el medio de esos terrenos cruza un canal y además hay dos perforaciones activas. El lugar se encuentra a tan solo un kilómetro de la plaza departamental de San Carlos, hacia el norte. 

La ocupación comenzó a darse hace unos 15 días, contó Gabriel Testa, el delegado del río Tunuyán Superior. En ese entonces, unas tres familias comenzaron a instalarse, pero recién entre el jueves y el viernes llegó la mayor cantidad de gente. La mayoría de estas familias se encuentran en el barrio El Esfuerzo, ubicado junto a ese predio que además tiene un bosque de álamos. 

Según la denuncia de Irrgación, dos mujeres comenzaron con la sectorización de los terrenos y posteriormente avanzaron con la limpieza del predio, lo que incluyó la tala de los árboles. Se trata de adultos y niños considerados vulnerables. El Esfuerzo es un barrio popular que tiene aproximadamente unos 25 años. Allí viven personas que trabajan en las fincas, en el municipio o son comerciantes. Debido a su crecimiento poblacional, los hijos fueron armando sus propias casas en los terrenos de los padres. Sin embargo, se llegó a un colapso y las nuevas familias tuvieron que salir a buscar un lugar que encontraron en el fondo de ese conglomerado. 

Con la toma efectiva, Testa y otros funcionarios del DGI se hicieron presentes para tomar conocimiento del hecho, entre ellos, el sancarlino Omar Sorroche, delegado de aguas de la misma cuenca  y ex funcionario de Ambiente en la Provincia. También asistió un ayudante fiscal, acompañado por la policía, que habló con los usurpadores pero no logró persuadirlos. 

No fueron los únicos en presentarse, puesto que el conflicto inmobiliario tomó tintes políticos. Allí también estaba el concejal del Frente de Todos, Juanchi Torres. De la misma manera, se sumó el secretario de Desarrollo Humano de San Carlos, José García, junto a un grupo de funcionarios y asistentes sociales que estaban relevando la situación de las personas. Y un abogado que patrocina a estas familias, Juan Luján. 

De acuerdo con lo que indicaron fuentes consultadas en San Carlos, Luján es socio en el estudio jurídico de Lorena Martín, ex concejal del PJ y actual directora departamental del PAMI en ese departamento del Valle de Uco. Marín protagonizó un altercado en diciembre de 2018 en una sesión del Concejo Deliberante cuando trataba de motorizar una comisión investigadora contra el concejal Alejandro Marianetti, acusado de abuso sexual. A su vez, Marín también representaba penalmente a la víctima. En ese entonces, la emprendió a empujones e insultos contra un asesor del cuerpo legislativo. 

La presencia de Luján como patrocinante de las familias, hizo sospechar sobre el rol de Martín detrás de la ocupación. Tanto Luján como Torres “nos pidieron que le diéramos una solución a esta gente, pero nosotros no nos encargamos de eso, tenemos que velar por el cuidado del agua“, explicó Testa. 

Las acusaciones

En este punto, todas las partes comienzan a tirarse la pelota. Desde el oficialismo aclararon que son solamente mediadores en un conflicto entre Irrigación y los vecinos del barrio. “El municipio acompaña al vecino y ve qué necesita”, indicó a su vez el edil Carlos Guerra (FCM). Y agregó que la gente “está siendo manipulada por el kirchnerismo, los están haciendo cometer un delito al decirles que se metan a un terreno privado”.  

“Ellos manifestaron que en el barrio iban creciendo en número y que necesitaben el terreno. Además dijeron que habían tenido una promesa de campaña de la doctora“, apuntó a su vez Testa, en alusión a Martín. De la misma manera, en Irrigación sospechan que el municipio también asesora a estas familias. 

Desde el PJ negaron estar detrás de esta movilización y apuntan a la tensión entre la comuna y el departamento de aguas. “Juan es socio de Martín y también es militante. Ponen a Martín en el medio, pero porque no pueden salvar la situación entre el municipio e Irrigación, no tenemos nada que ver, la ligamos de arriba”, explicó Torres.

A su vez, el edil del FdT deslizó que esta gente habría recibido una promesa de campaña por parte de la municipalidad que dirige Rolando Scanio de encontrarles un terreno donde instalarse. 

El oficialista Guerra niega esta posibilidad. “En ningun momento se les prometió un terreno, sí una ayuda como parte del prpograma de vivienda del municipio, como a cualquier vecino de San Carlos, pero luego comenzó el tema de la pandemia y nos abocamos a todos estos cuidados”, argumentó. 

Por otro lado, desde la comuna dejaron entrever que esta usurpación puede llegar a agravarse con el correr de los días, ya que tienen la versión de que se sumarían más familias de otros departamentos del Valle de Uco, principalmente Tunuyán. 

Reunión con claúsulas

Irrigación hizo la denuncia en la fiscalía 18 de San Carlos, el viernes pasado, pero tanto el municipio como el abogado de las familias pidieron conformar una mesa de diálogo. Este martes, la dependencia dirigida por Marinelli volvió a insistir en la Justicia porque los usurpadores continuaban en el terreno. 

La reunión está pautada para este miércoles a las 10 en el Concejo Deliberante de San Carlos. Allí estarán los vecinos de El Esfuerzo, los concejales y la municipalidad. Sin embargo, la respuesta de Sergio Marinelli fue escueta: Irrigación no se sentará a negociar si primero no se levanta la toma.

En el medio se reflotó una vieja propuesta: que la comuna le daría al DGI un terreno en la zona industrial para que puedan utilizarlo como depósito de máquinas. A cambio, Irrigación les otorgaría este predio de seis hectáreas en el Calise. 

Tensión entre aliados

La usurpación sumó un episodio más de tensión entre el municipio de San Carlos y la Provincia. Si bien Scanio, como su antecesor Jorge Difonso, forman parte de Cambia Mendoza, comenzaron a tomar cierta distancia a partir de la presentación de la reforma de la ley 7722 en la Legislatura. Como se sabe, San Carlos fue uno de los fervientes detractores de la modificación que impulsaba Rodolfo Suarez. 

Otro episodio de tirantez ocurrió recientemente, cuando en Tunuyán se conocieron dos casos de coronavirus. Esto obligó a Scanio a dar marcha atrás con las flexibilizaciones de la cuarentena. La decisión causó molestia en el radicalismo. De hecho, el intendente de Tupungato, Gustavo Soto, tomó el camino contrario de Scanio y optó por mantener las caminatas recreativas y el comercio, en tanto se trataba de determinar si había transmisión comunitaria en el Valle de Uco.