En medio de la emergencia sanitaria y económica que atraviesa la provincia por la pandemia de coronavirus, el fiscal de Estado, Fernando Simón, denunció ante la Justicia penal una compra por presuntos sobreprecios en el hospital Lagomaggiore.

La acción penal partió a su vez de una denuncia anónima que recibió el organismo de control, donde se señalaba que se realizó una compra directa de 10 cajas de acrílico para pacientes intubados: cada una se adquirió a 24 mil pesos, cuando el valor de mercado ronda los $7 mil y los $9 mil. Esas cabinas, al ser de acrílico, permiten al médico atender a los pacientes sin contagiarse de coronavirus.

Para tener una idea aproximada de los valores, Fiscalía solicitó una cotización a una empresa proveedora que elevó un presupuesto que ronda los $6.500 y los $8.400. Es decir, que la Provincia pagó $240 mil cuando podría haber gastado $70 mil, tomando como precio de referencia los $7 mil por unidad.

Con estas referencias, Fiscalía de Estado solicitó al hospital detalles de la compra. Desde el nosocomio informaron que la adquisición se realizó a la empresa CUYUM, que actualmente no figura como proveedor del Estado.

Desde la Dirección de Compras y Suministros de la Provincia informaron además que el proveedor en cuestión no tenía la inscripción vigente, ya que se le había vencido en marzo de 2018. Además aclararon que la empresa tampoco está pre-inscripta en el sistema Comprar del Gobierno provincial, un requisito que se exige en todos los procedimientos de contratación desde marzo de este año.

Al respecto explicaron que, cuando la empresa solicitó la inscripción, se presentaba como proveedora de agua y soda, descartables gastronómicos, artículos de librería y limpieza. Es decir, no tenía antecedentes que la vincularan a la provisión de insumos médicos.

Frente a esto el fiscal de Estado, Fernando Simón, radicó la denuncia penal en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. Según indicaron desde el organismo de control, si se constata la irregularidad en la compra, se estaría realizando un “perjuicio para el erario público”, además de la irregularidad administrativa.

Asimismo, Simón envió una compulsa a la Oficina de Investigaciones Administrativas y Ética Pública para que intervenga en base a lo que estipula la Ley 8.993, y al Tribunal de Cuentas para que revise la compra. También se envió la denuncia a la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de las medidas que lleva adelante la gestión de Rodolfo Suarez en el marco de la emergencia declarada por el coronavirus.

Por otra parte, el organismo de control notificó a los hospitales públicos y al Ministerio de Salud, que llevarán adelante auditorías sobre las contrataciones directas que se realizan en medio de la pandemia.