El Ministerio de Seguridad presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Faltas con el que buscan evitar que se cometan delitos con armas falsas, rotas o cualquier objeto contundente -como barretas o cuchillos-. Las autoridades podrán detener y multar a quienes no puedan justificar la tenencia de estos objetos en la vía pública.
La idea es frenar los robos y asaltos que se realizan con réplicas o armas blancas, porque no están tipificadas como delitos en el Código Penal. Incluso en casos donde se irrumpe en una vivienda para robar, la condena puede reducirse de 10 años a 1 por utilizar este tipo de objetos.
Así, quienes porten navajas o barretas lejos de sus domicilios y sin poder justificar la portación, tendrán una multa que varía de los 4 a los 10 mil pesos, según el tipo de arma; además de entre 10 y 15 días de arrestos.
La medida se puede agravar si se utiliza a un niño para que porte o utilice el objeto en actos delictivos, es decir, a aquellos que les den el arma al menor o se vale de él para usarla. También se considera agravante la portación en lugares de reunión o con amplia concurrencia de personas.
“Se utilizan muchísimo en delitos, pero cuando los detienen, no podemos hacer nada”, explicó el subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino. Lo que busca el proyecto es solucionar ese vacío legal que, según lo entiende el Gobierno, permite que aumente la inseguridad aunque se saquen armas del mercado.
El ministro de Seguridad, Gianni Venier, explicó que no se busca hacer detenciones al azar, sino tener una herramienta contra los delitos que la Justicia Penal no considera. “Hay gente con barretas en medio de la noche que se ríe en la cara de la policía porque no les pueden hacer nada. Si se presume delito y no puede justificar la portación, se lo detiene y se lo multa”, añadió.
Esta modificación incluiría a las armas caseras, o “tumberas”, que pueden armarse con apenas dos caños y un percutor; y no están tipificadas. “Se puede matar con una de esas, si encontramos a alguien no tenemos que esperar a que lo hagan, hay que poder sancionar”.
La medida se analizó en la Comisión de LAC para ser tratada por el Senado. Desde la oposición se realizaron pocas objeciones al fondo de la norma, aunque se sugirieron cambios para que ciertas especificaciones no queden a la interpretación de la letra. El senador Juan Agulles señaló, a modo de ejemplo, que los puesteros rurales tienen por costumbre andar con un facón. A su vez, Gustavo Arenas observó que para portación de estas armas se contemplan 10 días de cárcel, mientras que por no pagar el colectivo pueden llegar a ser 30.
Respecto a la posibilidad de que la policía sea arbitraria en la ejecución de esta norma, Venier respondió que la fuerza “es democrática y debe ser respetada: debemos dejar de tenerle miedo”.
La seguridad ha sido uno de los puntos más resaltados durante la campaña de Cornejo. A menos de un mes de las elecciones, la Legislatura trabaja en tres proyectos relacionados a este tema, entre ellos la Ley de Emergencia, que se prorrogaría el martes que viene.
