Los congelamientos de los alquileres, los períodos de gracia para el pago de los vencimientos de las tarjetas de créditos, las obligaciones contractuales por cursos, la cuota de los clubes, entre otros servicios paralizados durante la cuarentena o adaptados a ella, podrían derivar en una escalada de conflictos judiciales, según indicaron los especialistas.

Actualmente están en vigencia una serie de medidas que puso en marcha el Gobierno nacional por la crisis económica del coronavirus, pero el panorama puede cambiar cuando todo vuelva a la normalidad. Así, cuando se levante el aislamiento obligatorio, es posible que tanto los prestadores como los beneficiarios reclamen por intereses o montos que se pactaron antes de la cuarentena y que se modificaron mientras regía el confinamiento.

Esta situación, que puede llegar para el segundo semestre del 2020, ya está siendo contemplada por la Justicia de Mendoza y por los estudiosos en derecho del consumidor, que están analizando cuáles van a ser los mecanismos protectivos para los usuarios.

La jefa de la Oficina de Pequeñas Causas, Carina Ginestar, evaluó ese posible escenario al tomar en cuenta la gran cantidad de monotributistas y cuentapropistas que no van a poder pagar los alquileres porque no trabajan y no generan recursos en la cuarentena. “Saldrán al sistema financiero a obtener un crédito para solventar todas las deudas”, pronosticó la funcionaria.

Y continuó: “Ahí es cuando debemos estar atentos a que no sea a tasas abusivas. Por eso nos estamos preparando para evaluar las herramientas disponibles cuando ya no rijan los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y tenerlas a mano cuando haya que hacer las mediaciones”.

Desde el inicio de la cuarentena, la oficina recibe unas 10 consultas diarias por temas relacionados a alquileres, congelamiento de las cuotas de hipotecas, obligaciones como el pago de servicios que ya no se están prestando, por ejemplo, el gimnasio.

“Lo que nosotros le estamos contestando a la gente es que si en la cuarentena un servicio, ya sea el gimnasio o las clases de inglés, no se presta no hay obligación de pago. Este tema fue uno de los más demandados en los primeros días del aislamiento”, comentó Ginestar.

En el caso de los alquileres está en vigencia hasta el 30 de septiembre el DNU 320, cuya finalidad es proteger al inquilino y evitar desalojos, como también los aumentos durante la cuarentena.

“Este tema también ha generado preocupación en los inquilinos, una actualización en el canon no corresponde y tampoco el desalojo, pero la recomendación que hacemos es que si la persona puede pagar el incremento, en lugar de hacerlo después en cuotas, no endeudarse es una buena opción”, aconsejó la especialista.

La letrada hacía referencia a la diferencia de dinero entre el precio hasta marzo del 2020, con el que se tendrá que abonar en octubre, con la facilidad de ser pagado en tres cuotas y un máximo de seis, según lo establece la resolución del gobierno nacional.

Paquetes de viajes al exterior 

Otro aspecto que demanda respuestas por parte de los consumidores son los paquetes turísticos cancelados por la cuarentena y la falta de devolución del dinero.

El abogado especializado en Derechos del Consumidor y Usuarios, Diego González, destacó que ya se están recibiendo un cúmulo de planteos en todo el país porque no hubo cumplimiento contractual.

“Este hecho extremo que es la pandemia del coronavirus que impide que los consumidores puedan concretar el viaje que pagaron, da dos opciones al contratante: o la devolución de la plata o la reprogramación del paquete“, resaltó el profesor de la diplomatura de Derechos del Consumidor de la Universidad de Mendoza.

Y advirtió que lo que están haciendo las agencias es no hacer el reintegro, sino prorrogar la vigencia a noviembre los productos, más el cargo del precio actualizado a esa fecha.

“Nosotros encontramos en esto un abuso por parte de las agencias o de las intermediarias de viaje y esto lamentablemente se va a tener que resolver en la Justicia. Nuestro consejo es que soliciten la devolución de dinero o que quede abierto el pasaje para cuando se restablezca la actividad, en el que caso de que la respuesta sea negativa o no la haya, hay que buscar asesoramiento legal”.

Planes de ahorro

En el rubro de planes de ahorro, el Gobierno nacional dispuso un diferimiento de pago por 12 meses de los aumentos en los planes de ahorro, para aquellas suscripciones que van del 1 de abril del 2018 al 30 de septiembre del 2019.

La resolución 14/2020 de la Inspección General de Justicia habilita la opción de posponer la alícuota y las cargas administrativas hasta un máximo de doce cuotas consecutivas por vencer al momento de suscribir a la facilidad.

A criterio de González, esta opción para el ahorrista es peligrosa porque la resolución no frena los futuros aumentos para la post cuarentena, que es cuando los economistas y el propio Gobierno están analizando un panorama mucho más crítico por la pérdida de empleo y la falta de recursos financieros.

“No tiene ninguna solución, no brinda ninguna ayuda ni desahogo al ahorrista. Lo único que hace es trasladar el problema para más adelante”, coincidió la titular de la Asociación Protectora, Romina Ríos.

Ríos explicó que esta disposición puede beneficiar a aquellos a los que les quedan pocas cuotas para finalizar el plan.

En promedio, la cuota de un plan de ahorro varía entre 17.000 a 20.000 pesos mensuales, dependiendo del vehículo.

“Se establece como máximo 12 cuotas de diferimiento, pero no se aplaza el total de la cuota sino un porcentaje. De un 30%, un 20% y 10% y después hay una bonificación que es muy dificíl de alcanzar por que el que ya está ahogado y no puede pagar los vencimientos, menos accederá a la esta facilidad”, observó.

Créditos UVA 

La abogada Elsa Zapata, miembro del equipo de la Asociación Consumidores Mendocinos, advirtió que uno de los conflictos más grandes, por la importante cantidad de damnificados, es el pedido de ajuste de los créditos UVA para la compra y construcción de viviendas.

“La imposibilidad de pago y el aumento permanente en las cuotas es un problema que quedó latente con la cuarentena. Hoy hay resoluciones que congelan estos incrementos, pero después del aislamiento va a tener que salir una nueva disposición porque sabemos que es probable que la situación económica sea más compleja”, indicó Zapata.

La letrada subrayó que “se deben buscar los mecanismos para que todas las situaciones de la pandemia se contemplen. En las relaciones del consumidor el usuario siempre es el más débil y la justicia debe velar para que se lo proteja y no cargue con todo el costo que supone esta crisis sanitaria”.