La lógica de enfrentamiento del gobierno nacional con los jueces de Comodoro Py sigue vigente. En la última semana se multiplicaron las críticas. Ahora dos camaristas de Casación Penal se transformaron en el nuevo blanco: Eduardo Riggi, que fue denunciado por el abogado Carlos Beraldi -defensor de Cristina Kirchner y del empresario Fabián De Sousa- ante el Consejo de la Magistratura por mal desempeño, y Gustavo Hornos, que fue denunciado penalmente por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.

La cuestión de fondo sigue siendo la misma: según el discurso del gobierno nacional, estos jueces actuaron en tándem con el macrismo para perseguir a opositores.

El presidente tiene un informe que enumera las visitas de determinados miembros del Poder Judicial a la quinta de Olivos cuando Mauricio Macri era jefe de Estado. Y con esa lista en su poder, el mandatario no pasa un minuto sin cuestionar a ciertos fiscales y magistrados federales que investigan las causas abiertas contra CFK.

Además, esta semana la tensión política y la Corte Suprema alcanzó esta semana su punto más caliente cuando el tribunal confirmó la condena de Milagro Sala.

“Ese fallo contra Milagro, es un desafío a mí. Yo creo que hay un caso del lawfare por antonomasia y es el de Milagro Sala. Fue perseguida por la justicia jujeña. Con una finalidad política.”, dijo el presidente.

“Cuando yo planteo que hay que revisar el funcionamiento de la Corte, no es una presión a la Corte. Lo que estoy diciendo es que la Corte está mal y está descalificada por la sociedad”, señaló el jefe de Estado a sus hombres de confianza.

En cuanto a la vicepresidenta, sus huellas están marcadas también en los asuntos de corrupción que la desvelan. La última novedad fue la decisión de un grupo de legisladores kirchneristas ─y aliados─ de la Comisión Bicameral de Monitoreo del Código Procesal Penal que activaron seis artículos de la norma.

Con eso se abrió la posibilidad de que condenados de hoy o posibles condenados con sentencias firmes puedan a partir de ahora buscar un atajo legal para evitar la cárcel.

Detrás de esa maniobra podría advertirse una intención: quitarle a la Corte Suprema su condición de Tribunal superior y definitivo.

Desde el Senado de la Nación, Fernández impulsó primero una rebaja en las jubilaciones de los judiciales. Después logró sancionar la remoción de dos camaristas federales. Y de un juez de un tribunal oral que debe juzgarla en un caso por corrupción.

Por orden de la vicepresidenta, el Senado evita hace un año iniciar las audiencias públicas para nombrar al procurador general de la Nación. 

Las máximas autoridades de algunos de los juzgados federales, fiscalías, camaristas y jueces de la Corte Suprema están asombrados por la confrontación constante que sufren desde la política, dijeron  fuentes que trabajan en cargos relevantes en cada una de esas instancias judiciales.

El oficialismo promueve juicios políticos, remociones y denuncias contra buena parte de los jueces, fiscales y defensores oficiales de Py. También se denunciaron a testigos de casos de corrupción.