Sólo una de las armas que le secuestraron al agente penitenciario detenido el domingo estaba registrada. Ahora, la Justicia investiga la procedencia del resto del armamento para definir la imputación.

Gabriel Orlando Escajadilla Osorio (39) terminó detenido la noche del domingo por efectuar disparos en la vía pública en estado de ebriedad. Debido a que se negó a entregar la pistola, la policía realizó un allanamiento en su vivienda. Para sorpresa de los pesquisas, en el procedimiento hallaron armas y una gran cantidad de municiones.

Ebrio y disparando al aire. Así se encontraba un agente penitenciario mendocino cuando llegó al policía a su casa de Guaymallén luego de la denuncia de un vecino.

Los habitantes del barrio Santa María se asustaron al escuchar varias detonaciones y, por eso, uno de ellos se comunicó al 911. La policía llegó alrededor de las 23 y encontraron a Escajadilla armado y borracho. También hallaron en el piso varias vainas de calibre 40.

El penitenciario, que presta servicios en Complejo Penitenciario Almafuerte, estaba con un amigo. Ambos se resistieron al arresto y el agente se negó a entregar una pistola que estaba usando en el momento, por lo que se extendió una orden de allanamiento.

Cuando los efectivos ingresaron a la casa 14, de la manzana E, encontraron y secuestraron un verdadero arsenal: una escopeta 12/70; una pistola calibre 40 con cargador y tres cartuchos del mismo calibre; un revólver calibre 22; 8 vainas servidas calibre 9mm; un cargador de pistola calibre 9 mm; 130 vainas servidas de distintos calibres; 200 proyectiles 9mm; y dos cargadores FAL calibre 7.62 (uno de ellos con 16 cartuchos calibre 7.62).

Escajadilla fue trasladado a la Comisaría 35ª, de Guaymallén. Investiga la oficina Fiscal Nº19, donde permanecía aprehendido hasta el cierre de esta edición.

La Justicia determinó que sólo la pistola calibre 40 estaba registrada a nombre del agente, por lo que se trata de establecer la procedencia de la escopeta que está calificada como arma de guerra y en el origen de las municiones de armas reglamentarias, aseguraron fuentes judiciales.

En tanto, la Inspección General de Seguridad inició una investigación administrativa en paralelo a la causa penal. Desde el organismo podrían solicitar la suspensión del agente.