Hay una máxima de cumplimiento obligatorio para quien le ha tocado en suerte liderar la conducción del Estado, para cualquier Estado y de cualquier escala, sea municipal, provincial o nacional. La mayoría de las veces, y hablando de una sociedad que le da sustento a un Estado normal, la continuidad en el liderazgo de quien está al frente depende del grado de confianza y de garantías que haya logrado hacer prender y germinar entre quienes deciden ratificar o confirmar el rumbo.

El gobierno de Rodolfo Suarez se encuentra en un momento clave de su corto y alterado andar: debe custodiar con el mayor celo posible la transparencia y la claridad del proceso de licitación de la mayor obra hidroeléctrica que se haya previsto construir en la provincia. El proyecto de Portezuelo del Viento está cada día que pasa más cerca de convertirse en una realidad. Tendrá la capacidad de acumular cuatro veces más agua que la presa de Potrerillos y será la hidroeléctrica más potente de las 13 centrales que están en funcionamiento en todo el territorio provincial. Emilio Guiñazú, el subsecretario de Energía de la provincia, suele describir con énfasis y entusiasmo cada vez que se lo consulta que sólo el complejo de centrales Los Nihuiles, que son tres, puede llegar a superar a Portezuelo en la capacidad de generación.

Si el proceso de licitación de la obra, que está en curso, llegara a sufrir algún tipo de traspié de orden administrativo, burocrático o de más demoras que las que ya ha tenido, podría llegar a convertirse en una catástrofe para una provincia que hace tiempo se ha quedado sin un horizonte más o menos claro en su rumbo de desarrollo y con una economía que no ha logrado reconfigurarse, ni mucho menos reconvertir su matriz, para que la misma pueda llegar a responder a las demandas cada vez más sofisticadas de dos millones de personas o más.

Al proceso de Portezuelo, por obvias razones, entre las que se puede suponer que se trata de una obra de más de 1.000 millones de dólares, lo acechan más de una amenaza. De ahí que cobra valor, más que nunca, esa promesa de garantía de claridad y de transparencia con la que dice que cuenta y que afirma aplicará con rigor en la licitación, la administración de Suarez. Es necesario porque el proceso de licitación tiene la vista puesta de muchos ojos, particularmente de aquellos que pudieron llegar tarde y hoy lo quieren voltear y sabotear. La razón de este fenómeno último está estrechamente vinculada al poder económico, a las posibilidades de cerrar un negocio por medio de contratos millonarios en dólares y a los aconteceres políticos. Cuando ese cúmulo de elecciones interminables que tuvieron el país y la provincia en aquel clave 2019 mostraron su resultado, no fueron pocos los que creyeron ver sin rumbo el proyecto de construcción de Portezuelo con administraciones de diferente color político en la Nación y en la Provincia. Los pampeanos fueron los primeros en frustrarse y desencantarse, luego de que desde las administraciones peronistas de aquella provincia se persiguiera todo tipo de formas, maneras y modos para hacerla caer.

En Mendoza también han existido fuerzas extrañas para hacer desbarrancar la licitación. Por eso, Suarez, que viene de dilatar un mes más la apertura de los dos primeros sobres del proceso, está obligado a custodiar por el bien de su gobierno y de la Provincia la libre y leal competencia de los interesados. Por supuesto que si todo el paquete de negocios, o la mayoría de él, al final de todo se queda en Mendoza, que sea producto de un beneficio doble: por la calidad y garantía de sus empresas y por una relación costo-beneficio conveniente para su gente. No por aquella triste característica de ser siempre, el Estado, el famoso hijo de la pavota.

Entre todo este escenario de intereses de un lado y de otro, hay que señalar que el gobierno de Suarez siguió la línea trazada por la administración que lo precedió, la de Alfredo Cornejo. Cuando se llamó a licitación, allá por setiembre del año pasado, se optó por un modelo distinto del que se siguió con la construcción del último dique levantando en la provincia, Potrerillos. Para Portezuelo se busca que una sola empresa, consorcio o grupo de UTE tome la responsabilidad de toda la obra y no abrir la construcción en varias licitaciones como sucedió con Potrerillos, lo que provocó demoras y mayores costos con el paso del tiempo. El esquema de Portezuelo, dicen en el Gobierno, está preparado para darles a las empresas mendocinas, pymes en su mayoría, la posibilidad de ser contratadas en un primer nivel de prioridades para las obras colaterales que requerirá el levantamiento del embalse. Allí se enumeran una línea de alta tensión eléctrica, dos rutas, el obrador y la relocalización de la villa Las Loicas, la que, una vez llenado el dique, quedará bajo el nivel de las aguas. Se trata de un riesgo, pero también de una oportunidad para gastar bien detrás de una obra histórica y trascendente y que, seguramente, traspasará transversalmente a más de un gobierno.