El Gobierno no consiguió los votos necesarios para reformar el sistema de votación y avanzar hacia la boleta electrónica por lo que ahora prevé acelerar el tratamiento de un proyecto que pone cambios importantes en la regulación del proceso proselitista.
Lo que se busca es autorizar los aportes de empresas privadas a las campañas, que fueron prohibidos desde el año 2009.
Se permitirá el aporte de personas jurídicas, con donaciones que tendrán como tope el 2% del total de los gastos permitidos.
La propuesta de cambios en el financiamiento, que genera resistencia en un sector de la oposición, es parte de una serie de iniciativas tendientes a transparentar el origen y el destino del dinero que se mueve en las campañas electorales. “Necesitamos que el financiamiento de los partidos y la forma en que gastan el dinero salgan de la zona de opacidad en que se encuentran muchas veces y se expongan a la luz pública”, el secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Adrián Pérez.
El proyecto contempla la bancarización de los aportes, un registro de donaciones y gastos en tiempo real, otro de proveedores de bienes y servicios para la campaña, una profundización del control sobre el origen de los fondos, la ampliación de las restricciones de la publicidad oficial en los períodos proselitistas y la aplicación de sanciones por el uso de recursos públicos con fines partidarios.
Con esto se busca garantizar la trazabilidad del dinero y la identificación del donante. Además los partidos deberán informar los aportes recibidos y los gastos realizados en un plazo de 5 días.
Otros cambios
En la iniciativa del Poder Ejecutivo se destaca también la propuesta de extender de 15 días a un mes el período en el que se prohíbe la realización de actos de gobierno que puedan promover la captación del voto.